"(...) Mariano Rajoy afirmó solemnemente que no va a
permitir un 9N bis, pero basándome en su personalidad, declaraciones y
precedentes, hay que presuponer que quiere evitar la vía de la
suspensión de la autonomía.
Por su parte, Puigdemont y Junqueras están
decididos a convocar el referéndum caiga quien caiga, pero, al menos
Junqueras, no parece querer poner en peligro ser el próximo presidente
de la Generalitat. Se le nota encantado de haberse conocido y con ganas
de ascender el peldaño que le falta.
Ante este panorama vislumbro en el horizonte una intervención limitada de la Generalitat. En concreto la intervención de los Mossos.
No se suspende la autonomía, pueden celebrarse nuevas elecciones
autonómicas, Junqueras puede alcanzar su sueño y Mariano Rajoy puede
presumir de firmeza. El secesionismo no renuncia al referéndum y
presiona en la calle, aunque no alcanza su objetivo.
El Estado demuestra
su fortaleza pero no se suspende la autonomía ni se inhabilita a
Junqueras que parte como favorito en las elecciones, algunos afirman que
incluso puede sustituir a Puigdemont por renuncia de éste, y, por
tanto, el secesionismo conserva el vilipendiado pero nada desdeñable
poder autonómico.
No parto de ninguna información confidencial.
Probablemente el acuerdo no llegue a ser explícito. Pero esta es mi
impresión por ser el punto de convergencia de las posturas encontradas.
Evidentemente, cuando se transita al borde del precipicio, los riegos
son elevados y los hechos pueden desbordar las previsiones.
Habrá
protestas callejeras y pueden ocurrir incidentes desgraciados que nos
conduzcan a escenarios más dramáticos. Pero este es el guion más
previsible a día de hoy. Desde luego, los problemas de fondo seguirán
ahí. Pero eso a los políticos, sólo preocupados por el corto plazo y por
la permanencia en el poder, no es lo que les quita el sueño. Y los
catalanes respiraremos aliviados, como después del 9N, hasta que
tengamos que volver a contener la respiración." (Francesc Morenos, Crónica Global, 29/05/17)
"El Gobierno frenará el referéndum con las mínimas medidas necesarias.
Ni habrá empleo de la fuerza ni se suspenderá la autonomía de Catalunya,
pero la situación que se vivió el 9-N “no se va a volver a producir”.
Cuando desde el Gobierno se habla de que “hará todo lo que tenga que
hacer” para impedir el referéndum, lo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy
pretende trasladar es que el Gobierno dispone de todos los instrumentos a su alcance para evitar que se celebre, pero no quiere decir cuáles.
Y no quiere, porque los mecanismos que se apliquen dependerán de las actuaciones que se vayan produciendo por parte del Govern de la Generalitat
y su voluntad de llevar a cabo la consulta. Lo que hará el Gobierno
central es actuar, y lo hará, aseguran, “con proporcionalidad y
prudencia”.
“No vamos a matar moscas a cañonazos”,
aseguran fuentes gubernamentales, pero advierten que no habrá consulta.
Esta vez no, y las urnas no saldrán a la calle. El paso máximo que el
Gobierno español estaría dispuesto a aplicar, al menos en este momento,
sería recuperar una competencia clave que ahora está en manos de la
Generalitat, y lo haría el mínimo tiempo que sea necesario para que no
se atente contra el ordenamiento jurídico, se incumplan sentencias y se
vulnere la Constitución.
Y si para conseguir eso basta que la
competencia de la Generalitat esté en manos del Gobierno dos horas,
mejor que cuatro o que 24.
Ya restablecido el orden constitucional, se
devolverá esa competencia. Las demás seguirían en manos del Govern
catalán, con lo que nadie podría hablar de suspensión de la autonomía.
Pero para llegar ahí, el Gobierno central
considera que hay otros muchos mecanismos que se pueden ir
desarrollando, que hagan que no sea necesario llegar a la intervención
de la autonomía. Tales como recursos al Tribunal Constitucional,
ejecuciones de sentencia, advertencias a funcionarios de la Generalitat
sobre sus responsabilidades si desobedecen los requerimientos del Alto
Tribunal.
Todo antes de llegar a esas medidas que
serían excepcionales pero legales, y que el Gobierno del PP sólo
adoptará si es estrictamente necesario y por el mínimo tiempo posible.
El Gobierno está convencido de que el
Govern de la Generalitat encontrará más obstáculos entre los
funcionarios a la hora de cumplir circulares que vayan en contra de la
ley, entre otras cosas, dicen, “porque ahora saben que si colaboran
pueden incurrir en responsabilidades penales”. El ejemplo del juicio a
Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, y las sentencias de multa e
inhabilitación que han conllevado, cree el Gobierno que pueden ser
disuasorios llegado el caso.
Además, las advertencias a las empresas que
puedan optar a la elaboración de las papeletas, o la compra de urnas,
con una partida del presupuesto que ha sido recurrido al Tribunal
Constitucional, y suspendido, puede ir dejando claro a los funcionarios y
los responsables políticos que sus actos tendrán consecuencias. (...)
Los servicios jurídicos del Estado
son el primero de los instrumentos que tiene el Gobierno para parar el
referéndum, y a su juicio deberían ser suficiente. Desde hace años, esos
servicios están vigilantes con cada declaración o documento que
elaboran el Parlament o la Generalitat sobre el proceso independentista.
Unas veces esa vigilancia acaba en
los tribunales o en la fiscalía, y otras sirve de alerta. Ha pasado con
el texto del borrador de la ley de Transitoriedad. No ha tenido ninguna
replica jurídica “porque no se peca con el pensamiento”, dicen en el
Gobierno, pero ha dado armas a esos servicios jurídicos para saber por
donde pretenden ir los independentistas y estar preparados. Si ellos
quieren actuar en 24 horas, el Estado reaccionará en menos de ese plazo.
Una cosa preocupa al Ejecutivo: que una declaración de independencia
figure, aunque sea durante unas horas, en un documento oficial como
puede ser el DOGC. Esto también lo estudian." (Carmen del Riego, La Vanguardia, 29/05/17)
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