"El referéndum de independencia que prepara la Generalitat para finales de septiembre está lejos de ofrecer las garantías mínimas que han prometido sus impulsores. El borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica,
adelantado ayer por EL PAÍS, revela las importantes lagunas que rodean
la votación.
El bloque independentista acapararía los recursos públicos
para la campaña, en detrimento de los eventuales defensores del no.
Y deja abierta la puerta a la intervención en los medios, tanto
públicos como privados, para “adoptar medidas compensatorias” si no
informan con los criterios que considera oportunos.
Esta sindicatura tendría un papel clave en caso de celebración del
referéndum. Se le reserva el papel de distribuir los espacios de
propaganda electoral de la campaña de la consulta y ya se adelanta qué
criterios tendrá que utilizar.
En el caso de los medios públicos, el
organismo distribuiría “el 70% de los espacios entre las formaciones
políticas con representación en el Parlament de acuerdo con los
resultados obtenidos en las últimas elecciones en esta Cámara”.
Esto
significa que la mayor parte de espacios serían para el bloque que
forman Junts pel Sí y la CUP, defensores del sí a la
independencia. Este desequilibrio se repetiría a la hora de distribuir
las subvenciones públicas para la campaña, que también se repartirían en
función del número de escaños actuales, según el borrador de la ley.
A la Sindicatura Electoral Catalana se le reserva, por otra
parte, un papel principal a la hora de controlar los medios de
comunicación durante la campaña del referéndum. El organismo “dicta las
instrucciones que considere necesarias y resuelve las reclamaciones de
acuerdo con el procedimiento que ella misma establezca”.
Además, si
detecta que los medios, tanto públicos como privados, no informan con
los criterios que considera oportunos, “puede adoptar medidas
compensatorias para restablecer el equilibrio entre las opciones
sometidas a referéndum”.
De esta manera, se podría corregir la línea informativa de
un medio de comunicación —también de los privados— si se considera que
está excesivamente escorada hacia una de las dos opciones que se someten
a votación. Durante la campaña para la consulta independentista del 9
de noviembre de 2014, la Generalitat
ya entró en conflicto con los medios privados catalanes al intentar
obligar a algunos de ellos a insertar de manera gratuita propaganda de
la votación.
La falta de garantías mínimas se extiende también al censo
del referéndum. Las personas con derecho a votar, las mismas que en unas
elecciones autonómicas, se fijan de acuerdo con la Ley 4/2010 de
Consultas Populares por la Vía de Referéndum, que el Tribunal
Constitucional anuló precisamente el pasado 10 de mayo. Los partidos
independentistas consideran que, a partir de la aprobación de la ley de
transitoriedad, las sentencias del Constitucional dejan de ser de
aplicación obligada." (Miquel Noguer , El País, 23/05/17)
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