"La Fiscalía de la Audiencia Nacional empezó a investigar hace un año un posible delito de sedición en los planes de la Generalitat de Cataluña para construir la estructura de un Estado independiente,
pero las diligencias también han terminado convirtiendo este caso en un
nuevo procedimiento contra la corrupción.
El Ministerio Público ha
acumulado numerosos indicios de que los altos cargos del Govern que
dirigen el proceso para la desconexión pudieron desviar fondos públicos
de los contratos para crear una agencia tributaria y un servicio de
inteligencia propios. Según han confirmado a El Confidencial fuentes
cercanas al caso, se investigan adjudicaciones públicas que suman al
menos 900 millones de euros. La cifra definitiva será previsiblemente muy superior.
Las pesquisas se centran en la gestión del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
(CTTI), el organismo de la Generalitat responsable de centralizar,
planificar, supervisar y ejecutar las inversiones en sistemas
informáticos, redes y aplicaciones al servicio de la Administración
catalana.
Los agentes de la Guardia Civil
que lideran la investigación han detectado presuntas irregularidades en
el método escogido por el CTTI para conceder sus mayores
adjudicaciones, el llamado sistema de diálogo competitivo, que
otorga al licitador un amplio margen de maniobra para elegir a las
empresas participantes en el concurso, modificar el objeto de los
contratos y pactar el precio y la duración de los trabajos.
Según ha podido saber El Confidencial, entre los
agujeros detectados se encuentra la celebración de concursos en los que
solo participó una empresa; la aceptación de duraciones superiores al
límite legal de 20 años para los contratos de colaboración
público-privada (CCPP); licitaciones en las que ni siquiera se comprobó
el cumplimiento de los requisitos de los candidatos; la ausencia continuada de las actas
de las reuniones con las empresas, y la aplicación de criterios de
valoración demasiado genéricos en los apartados subjetivos de los
concursos. En otros casos, se despreció directamente el importe de las ofertas, atendiendo únicamente a sus características técnicas y propiciando así que fueran elegidas las más caras.
El Ministerio Público sospecha que los altos cargos del Govern aprovecharon esos vacíos para amañar los contratos públicos
de la secesión, favorecer a ciertas empresas y licitar servicios por
precios muy superiores a los reales.
Según los indicios que también
maneja la Guardia Civil, solo aquellas empresas que estaban dispuestas a
abonar un “coeficiente de paso” o un porcentaje en comisiones
ilegales podían acceder a determinados concursos del CTTI. La
flexibilidad del diálogo competitivo habría facilitado el desvío de
fondos públicos y el enriquecimiento ilícito de los dirigentes que
podían influir en los procesos.
Fuentes próximas al caso han confirmado que se investiga la adjudicación del Proyecto Red Abierta en 2010 por 211,8 millones a
la UTE Imagina-Axia; los cuatro lotes de un contrato de 2011 para el
“aprovisionamiento del puesto de trabajo y soporte al usuario de la
Generalitat de Cataluña” que suman 562,7 millones (lote 1:
Iecisa-Indra-Zemsania-Emte por 116,5 millones; lote 2: Telefónica por
190 millones; lote 3: Fujitsu-Canon-Microsistemes-Everis por 106,6
millones; lote 4: T-Systems ITC Iberia por 99,2 millones); una licitación a Deloitte y Capgemini de 44,7 millones
en 2013 para dar “servicio de gobierno delegado de demanda y proyectos,
de calidad, de gobierno operativo de servicios, y de soporte al
gobierno transversal”, y otra adjudicación en agosto de 2016 por 80 millones a
Deloitte y Capgemini junto a las también consultoras Everis,
PriceWaterhouseCoopers y Ernst & Young, entre otras. En este último
caso, el concepto de la licitación era aún más vago: “Acuerdo marco para
la selección de los proveedores para la realización de servicios de
soporte a las gestión de la información y la comunicación (en adelante
TIC), abarcando los ámbitos de definición, seguimiento, control y
operación de todos los procesos (…) Estos servicios de soporte es lo que
denominamos gobernanza delegada”.
El
pasado 31 de marzo, en el marco de esta investigación, la Guardia Civil
acudió por orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la mayoría de
estas empresas (Telefónica, Deloitte, Capgemini, T-Systems…)
para llevarse documentación sobre sus trabajos para el CTTI. También
acudieron a este organismo para incautarse de información de los mismos
contratos. El dispositivo iba a producirse dos días antes, el miércoles
29 de marzo.
De hecho, los agentes del Instituto Armado llegaron a
entrar a las 9:00 de esa jornada en las oficinas de las compañías investigadas pero, como contó El Confidencial este lunes,
a las 10:30 recibieron la orden de abortar la operación y devolver los
documentos que ya hubieran requisado en ese momento. Volvieron de nuevo a
las empresas el viernes 31 de marzo y completaron los requerimientos,
aunque esas 48 horas de retraso pudieron poner en riesgo la
investigación.
Los expedientes analizados suman
899,7 millones de euros, pero esta cifra podría incrementarse, según las
fuentes consultadas por este diario. Solo entre 2010 y 2012, el CTTI adjudicó por la vía del diálogo competitivo cinco grandes encargos por valor de 2.127 millones
de euros. La gestión de este organismo público durante esos tres mismos
ejercicios fue analizada precisamente por la Sindicatura de Cuentas de
Cataluña en un informe publicado en 2016.
La cámara de fiscalización solo analizó dos de las cinco licitaciones
con diálogo competitivo de ese periodo, pero el resultado de la
auditoría fue demoledor. Se saldó con 31 recomendaciones sobre
cuestiones tan básicas como “definir con mayor detalle y claridad los criterios de adjudicación sujetos a un juicio de valor, y los baremos y sistemas para asignar la correspondiente puntuación”.
Inicialmente, como ya informó 'El País', la orden
cursada por la Fiscalía para investigar a los adjudicatarios del CTTI
tenía únicamente como objetivo determinar si las empresas han colaborado
voluntariamente con la Generalitat en la creación de una agencia
nacional de inteligencia (Cesicat) y un sistema tributario independiente
para un hipotético Estado catalán, cometiendo así un delito de
sedición.
Los responsables del CTTI se enfrentan a la misma acusación.
Pero la aparición de pruebas de que las inversiones en el proceso
independentista también habrían sido utilizadas para saquear fondos del
erario catalán han obligado al Ministerio Público a ampliar el foco para
investigar otros delitos.
El grueso del periodo bajo investigación coincide con la llegada de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), actual Partido Democráta Europeo Catalán
(PdeCAT), al Gobierno de la Generalitat en diciembre de 2010.
La
formación ya está siendo investigada por su presunta financiación ilegal
con contratos de obras a través de otro gran organismo público de la
Generalitat, Infraestructures, que al igual que el CTTI centraliza todas
las adjudicaciones de la Administración catalana en su sector." (El Confidencial, 09/05/07)
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