"El texto es un autogolpe contra la ciudadanía catalana y su
legalidad estatutaria. Lo que intentó ser una revolución de las sonrisas
ha derivado en autoritarismo ultra. Es un sesgo contagiado del
populismo extremo recién instaurado en EE UU y Reino Unido que impregna
todo el articulado contenido en los 44 folios del clandestino borrador
de la ley de desconexión.
El proyecto se inspira en la inquina a la prensa (practicada por Donald Trump) en calidad de contrapeso democrático. Es un remake de la ley Fraga, que en pleno franquismo (1966) sustituyó la censura previa por los secuestros realizados a posteriori.
Así, los medios podrán mostrar apoyo a una opción siempre
que se respeten los principios fundamentales (pluralismo, igualdad de
oportunidades...) de una “manera equitativa y razonable” (¡!). Que será
juzgada por una Sindicatura (Junta) electoral designada por la escueta
mayoría secesionista y no por la nunca lograda —¡en 40 años!—, y
requerida mayoría reforzada: golpe al Parlament.
Se inspira también en el desprecio a la justicia y a la
división de poderes exudados por Trump y Theresa May, que han buscado
zafarse de los otros poderes en el control del Brexit o de las barreras antimigrantes.
Así que el president de la Generalitat designaría a dedo al
del Tribunal Supremo y se sojuzgaría a jueces y tribunales. Se
amnistiaría automáticamente a los condenados por desacatar al
Constitucional. Y se facilitaría la benevolencia casera para los
(presuntos) corruptos del régimen pujolista, según designio de sus
antiguos y activos monaguillos.
Y se pretende legitimar un referéndum unilateral —mientras
se aparenta negociar otro, pactado y legal— sin garantías de censo ni
autoridad independiente de control, en abierta rebeldía contra el
Estatut.
Este establece (artículo 222) que cualquier reforma del
mismo debe aprobarla una mayoría reforzada de dos tercios (90 escaños);
la presunta ley la rebaja a la mitad más uno de los diputados (69):
bastaría así esa ilegal mayoría para modificar... el sistema entero.
¿Cómo se denomina un régimen con censura de prensa,
esclavitud de los tribunales ante el Ejecutivo, sistema electoral
trucado y violación de la legalidad vigente? Dictadura. Con razón la
cúpula secesionista ocultaba este vergonzoso texto a la opinión. Amén de
autogolpe es una zafiedad jurídica.
¿Por qué? Porque se trata de una ley ordinaria (aunque se la
califique enfáticamente de “fundacional”) que pretende (apenas
susurrándolo) derogar una norma de rango superior: el Estatut de 2006,
es decir, lo que se conoce como la Constitució interna de Catalunya y
que es ley orgánica del Estado español.
Porque en dicho Estatuto se enhebra (artículo 223) un
sistema de matizada cosoberanía (Parlament / Cortes / cuerpo electoral)
ahora secuestrado en beneficio de un solo actor: la Cámara. Y aun
amordazando a la mitad de sus componentes, vía reforma exprés de su
reglamento.
Y porque engaña a la opinión presumiendo que Cataluña
continuará en la UE, cuando el artículo 4.2 del Tratado de la Unión
establece el deber de respetar la “integridad territorial” de sus
Estados miembros.
Va contra los catalanes. Va contra Europa. ¿Alguien da más?" (Xavier Vidal-Folch, El País, 23/05/17)
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