"Como cada vez que se inicia el debate anual sobre los Presupuestos
Generales del Estado, han vuelto a emerger los agravios territoriales,
exhibidos como cicatrices. (...)
El escepticismo soberanista tiene una dimensión
económica y otra política, en relación esta última con la disposición
adicional tercera del Estatut: “La inversión
estatal en infraestructuras se equiparará a la participación relativa
del PIB catalán en el PIB del Estado para un periodo de siete años”.
Es
decir, que las inversiones en infraestructuras serán una función de la
riqueza de Cataluña en relación al conjunto, condicionando así las
Cuentas del Estado. La denuncia de los incumplimientos se presenta así
con la carga política adicional de que no serían incumplimientos de
promesas electorales sino de un mandato expreso del Estatut.
Tal mandato no existe hoy. Es uno de los 27 preceptos del Estatut
cuya constitucionalidad quedaba supeditada en la sentencia del Tribunal
Constitucional de 2010 a ser interpretado como el propio tribunal
establecía: “en el sentido de que no vincula al Estado en la definición
de su política de inversiones ni menoscaba la plena plibertad de las
Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas
inversiones”. (...)
España viene siendo para Cataluña un amplio mercado (de 40 millones de
consumidores en la actualidad), lo que favorece el crecimiento de la
economía y el empleo en el Principado. Esto puede objetivarse con datos
sobre los saldos comerciales entre Cataluña y el resto de las
comunidades.
Desde que hay estadísticas sobre esta cuestión, Cataluña ha
sido, año tras año, con crisis o sin ella, el territorio con un mayor
saldo favorable entre ventas y compras al resto de España. El saldo
llegó a ser de +22.000 millones en 2007 y se habia reducido a la mitad,
11.700 millones, en 2013, última fecha considerada en el estudio del
Centro de Predicción Económica: WWW.C-intereg.es." (Patxo Unzueta , El País, 13/04/17)
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