6/3/17

Funcionarios catalanes que rechazan el referéndum piden amparo al Estado

"La proximidad de un hipotético referéndum independentista, previsto para septiembre, inquieta a los funcionarios catalanes.

El secretismo respecto a unas leyes de desconexión que el Gobierno catalán mantiene guardadas bajo llave alarma a los empleados públicos que rechazan participar en un hecho ilegal. Por su parte, un sindicato independentista, Intersindical-CSC, convoca asambleas en los diferentes departamentos de la Generalitat en las que explican a los trabajadores como esquivar la acción de la Justicia.

Representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las Administraciones, se reunieron ayer con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para expresarle el malestar que la hoja de ruta independentista genera entre los funcionarios catalanes.

“Estamos muy atentos a la evolución del procés, especialmente desde 2015, cuando se intensificó el pulso entre las instituciones. Pero es en momentos álgidos, como el que ahora vivimos ante la posible celebración de un referéndum, cuando intensificamos los contactos con los representantes de las instituciones del Estado”, explican a Crónica Global fuentes de este sindicato.

Blindaje

En la reunión, a la que asistió el presidente de CSIF, Miquel Borra, los representantes sindicales explicaron a Pastor el protocolo de actuación que han puesto en marcha para blindar a los funcionarios en el supuesto de que el proceso secesionista implique cumplir órdenes ilegales. Cerca de 200 funcionarios se han interesado por ese protocolo a título informativo, pero no se ha llegado a activar, pues todavía no se ha dado ninguna orden que pueda comprometerles.

El encuentro con Pastor forma parte de una serie de contactos a alto nivel que el sindicato mantendrá en los próximos días. En breve está prevista una reunión con el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro.

Protocolos de actuación

El citado protocolo incluye una guía con instrucciones sencillas y formularios de reclamación. Por ejemplo, se aconseja a los empleados que exijan las órdenes por escrito y, en caso de que los superiores jerárquicos insistan en su orden, dejar constancia de su rechazo.

Asimismo, se ha activado una línea de consulta jurídica y ofrece un seguro gratuito para cubrir a funcionarios que, como consecuencia de su actuación, sean suspendidos de empleo y sueldo. En casos extremos, se recomienda poner los hechos en conocimiento de la policía, la Fiscalía o los órganos judiciales.

En paralelo, la Intersindical-CSC –el cuarto sindicato más votado en las elecciones en los servicios centrales de la Generalitat en febrero de 2015— convoca asambleas informativas en diferentes consejerías de la Generalitat para explicar cómo se puede soslayar la acción de la Justicia.

 Hoy está previsto que lo haga en el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, tras las reuniones mantenidas en Presidencia (25 de enero), Vicepresidencia (1 de febrero) y Salud (8 de febrero).

En estos encuentros, la plataforma independentista reparte material explicativo sobre el papel de los trabajadores públicos ante la independencia, y les proporciona un correo electrónico para resolver dudas y “denunciar presiones o amenazas que reciban por parte del Estado o actores contrarios al derecho a la autodeterminación”.

 Se apoya en un documento publicado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), según el cual, un funcionarios difícilmente pueden ser acusados de prevaricación, desobediencia, rebelión y sedición o traición, si secundan el proceso separatista.

“Personal acreditado”

Sin embargo, el Gobierno catalán teme fallos en ese blindaje funcionarial y ahora trabaja con un plan alternativo, consistente en que, el día del referéndum, sea “personal acreditado”, y no funcionarios, quienes participen en la logística de la votación.

 La ley electoral española establece esta figura en los procesos de participación oficiales, por lo que la Generalitat estudia reducir al mínimo el número de empleados públicos presentes en las mesas electorales y sustituirles por personal contratado.

Este sistema ya se lleva a cabo en las elecciones y para ello se suele seleccionar a personas en paro."          (Crónica global, 28/02/17)