"Las confesiones sobre la financiación ilegal de CDC en la 'semana
horribilis' del juicio del Palau de la Música inhabilitan prácticamente a
Artur Mas para volver a ser candidato a la presidencia
de la Generalitat.
Los jóvenes líderes del PDECat y, al parecer, la
mayoría de la dirección no desean el regreso de Mas, aunque es cierto que carecen por ahora de un candidato reconocido e indiscutible. Mas
es políticamente responsable de las irregularidades en la financiación
porque muchas se produjeron durante su mandato, pero se resiste a
abandonar la política.
Como le ha ocurrido en los años del proceso soberanista, da la impresión de que Mas no toca 'de peus a terra' porque de lo contrario no se entiende su reacción a las acusaciones de Fèlix Millet, Jordi Montull, la hija de este último y, no se olvide, al menos dos empresarios implicados.
Los dos saqueadores del Palau y Gemma Montull
acusaron directamente a CDC de beneficiarse de las aportaciones de
Ferrovial a cambio de contratos de obra pública, y los empresarios Juan Manuel Parra y Miguel Giménez Salinas aseguraron que facturaban directamente al Palau los trabajos hechos para campañas electorales de CDC.
Pero, además, las nuevas revelaciones sobre la intervención de Germà Gordó, exgerente de CDC y exsecretario del Govern, en las adjudicaciones apuntan a Mas. Un testigo protegido señala incluso por primera vez a Mas
como participante en una reunión, en su despacho de la sede de CDC, en
la que el entonces jefe de la oposición le habría dicho que los
contratos debían hacerse a través de Gordó. (...)
Mas se limita a negarlo todo, a volver a poner la mano en el fuego por los tesoreros y por Gordó, y a decir ahora, después de ocho años de silencio como si los saqueadores del Palau fueran personas honorables, que Millet y Montull se lo inventan todo para rebajar sus penas.
Mas
centra también la defensa de CDC en que no se revisan las
adjudicaciones. "No investigan las adjudicaciones en obra pública porque
saben que están bien hechas”, dijo en RAC-1. Pero que una adjudicación
esté bien hecha, que reúna todos los requisitos, que sea incluso la más
favorable, no impide que después la empresa adjudicataria entregue la
mordida previamente pactada.
Mas llega a reconocer las aportaciones, pero asegura que son donaciones altruistas. Como dijo en el juicio el gerente Daniel Osàcar, para que hubiera menos música andaluza y más sardanas.
Por
eso no renuncia a la política y no descarta que vaya a ser candidato
del PDECat a la Generalitat. “¿Qué quieren, que lo deje todo? ¿Debo
molestar mucho, no?”, declaró en la misma entrevista. En la respuesta
estaba implícito que esa molestia se refería al Estado, no a su partido.
Porque Mas cree aún que CDC irrita más que ERC, “que
no da tanto miedo”, y que esa es una de las razones de los “ataques” a
su partido, “que en Madrid saben que puede dar la mayoría a favor del
Estado catalán”. Afirmaciones que desmienten todas las encuestas y la
realidad de un partido que ha perdido más de la mitad de los escaños en
cinco años." (José A. Sorolla, El Periódico, 12/03/17)
"El Tribunal Superior de Cataluña (TSC) ha condenado a Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) durante la Consulta del 9-N y a un año y nueve meses a Joana Ortega y a un año y seis meses a Irene Rigau por los mismos hechos. (...)
Condenas leves pero condenas con antecedentes penales para los tres condenados si el Tribunal Supremo hace firme la decisión del TSC.
Aunque puede que ese recurso de casación le permita a Artur Mas ganar tiempo para volver a presentarse, como una víctima, a unas elecciones anticipadas de Cataluña si Puigdemont no decide abrir antes la caja de los truenos para proclamar la independencia de Cataluña al margen de la ley, del Estatuto y de la Constitución antes de convocar nuevas elecciones.
De momento, las condenas a Mas, Ortega y Rigau avisan a Forcadell y a miembros de la Mesa del Parlament catalán que desobedecieron al TC. Pero también les anuncia a los actuales gobernantes catalanes, Puigdemont y Junqueras, el horizonte judicial y penal al que se enfrentan en el caso de insistir en la vía del desafío y la ilegalidad. Porque la Justicia siempre llega a su meta y sus sentencias, cuando sean firmes, se aplicarán. (...)
La sentencia llega mientras los secesionistas deciden cómo y cuándo van a seguir con el proceso hacia la independencia y en un momento en el que los escándalos de la corrupción de Convergencia estrechan el cerco sobre Artur Más y parte de su anterior gobierno por el cobro de comisiones a cambio de concesiones públicas de la Generalitat." (Pablo Sebastián, República.com, 13/03/17)
"El Tribunal Superior de Cataluña (TSC) ha condenado a Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) durante la Consulta del 9-N y a un año y nueve meses a Joana Ortega y a un año y seis meses a Irene Rigau por los mismos hechos. (...)
Condenas leves pero condenas con antecedentes penales para los tres condenados si el Tribunal Supremo hace firme la decisión del TSC.
Aunque puede que ese recurso de casación le permita a Artur Mas ganar tiempo para volver a presentarse, como una víctima, a unas elecciones anticipadas de Cataluña si Puigdemont no decide abrir antes la caja de los truenos para proclamar la independencia de Cataluña al margen de la ley, del Estatuto y de la Constitución antes de convocar nuevas elecciones.
De momento, las condenas a Mas, Ortega y Rigau avisan a Forcadell y a miembros de la Mesa del Parlament catalán que desobedecieron al TC. Pero también les anuncia a los actuales gobernantes catalanes, Puigdemont y Junqueras, el horizonte judicial y penal al que se enfrentan en el caso de insistir en la vía del desafío y la ilegalidad. Porque la Justicia siempre llega a su meta y sus sentencias, cuando sean firmes, se aplicarán. (...)
La sentencia llega mientras los secesionistas deciden cómo y cuándo van a seguir con el proceso hacia la independencia y en un momento en el que los escándalos de la corrupción de Convergencia estrechan el cerco sobre Artur Más y parte de su anterior gobierno por el cobro de comisiones a cambio de concesiones públicas de la Generalitat." (Pablo Sebastián, República.com, 13/03/17)
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