"(...) El uso generalizado, aunque no único, del dret a decidir es una
reformulación lingüística, en absoluto espontánea o azarosa, del derecho
de autodeterminación. Surgió, según cuentan (no tengo seguridad en este
punto), de uno de los laboratorios político-culturales del ámbito
secesionista catalán. Uno de sus tanques de pensamiento.
Se inspiraron,
según dicen también, en formulaciones nacionalistas previas. Del PNV de
años anteriores. Se da a veces la referencia concreta de un departamento
de Políticas de la Universidad Pompeu Fabra. Lo ignoro, aunque no es
imposible. (...)
¿Por qué dret a decidir y no derecho de autodeterminación? Tal vez
porque este último esté marcado por haber sido defendido en su día -¡y
en otras circunstancias y asociado siempre a la solución federal!- por
fuerzas y organizaciones comunistas [1] o –uso no excluyente- porque,
por supuestísimo, no hay nada en la Cataluña de 2016 (o en la de 2011
pongamos por caso) que recuerde una situación colonial, semicolonial o
de opresión política, lingüística [2].
Digan lo que digan los agitadores
nacionalistas. Nada que tenga que ver con la Cataluña esclava de una
España esclavista de la que ha hablado una y cien veces más nada menos
que la presidenta del Parlament de Catalunya, la molt honorable Carme
Forcadell, una de las principales autoridades del país, una de las
“intelectuales orgánicas” secesionistas más fanatizadas (por mucho que
ahora cuide a veces las formas).
Que ese supuesto derecho a
decidir esconde (sin esconder) una posición secesionista (y cultural y
políticamente antiespañola, digan también lo que digan) o, más
claramente, una firme lucha por el poder (todo el poder que sea posible)
de las élites catalanas que tiene muy poco que ver con derechos y
procedimientos democráticos, es fácil inferirlo si pensamos en la
actitud tomada por CiU –entonces una coalición de intereses unidos-
cuando Izquierda Plural (IU) propuso en el parlamento el ejercicio del
“derecho a decidir” del pueblo español en su conjunto sobre un tema tan
trascendental para todos, especialmente para las clases populares, para
todas las clases populares del país, como el TTIP.
El voto contrario de
CiU, amparándose en gastados lemas como la modernidad o el progreso
imparable en beneficio de todos, demuestra bien a las claras su real
apuesta, es decir, su no apuesta por las potenciales decisiones
populares cuando éstas son o pueden ser contrarias a sus posiciones e
intereses políticos enmarcados todos ellos en el neoliberalismo más
liberal-conservador que podamos imaginarnos. Somos conscientes de ello,
todos deberíamos tomar nota de ello.
Pero no es este el punto
propiamente. Es otro y afecta a otras fuerzas políticas. A todas
aquellas que dicen ser no independentistas, incluso no nacionalistas,
pero que defienden ese supuesto derecho al mismo tiempo que nunca
aclaran, nunca manifiestan con suficiente claridad qué posición tomarían
en caso de consulta o referéndum.
De hecho cabe preguntar, ¿para qué
reclaman un derecho si no aclaran cuál es el objetivo de su vindicación?
¿Por mor al propio derecho que se reclama? ¿Sin más prolongaciones? ¿Un
fin en sí mismo para “aclarar la situación”? Veamos.
Supongamos que habláramos del derecho a la salud. ¿Alguien se
conformaría o estaría de acuerdo con una fuerza política que manifestara
que el asunto de si la sanidad debe estar en manos públicas o privadas
es una decisión de los ciudadanos, que tienen derecho a decidir qué tipo
de sanidad quieren, y que ellos no van a decir nada y se van a esperar a
que el “pueblo hable”?
¿Y si pensamos en asuntos educativos?
¿Nos bastaría con que alguien vindicara el derecho a la educación de la
ciudadanía y no nos dijera si apuesta por la escuela pública, la privada
concertada o la privada a secas?
¿Y si hablamos de guarderías o
de Universidades? ¿Qué pensaríamos si alguien nos dijera que ellos
están porque la Universidad esté al alcance de todos pero que la
decisión sobre si las Universidades deben ser públicas o privadas es
asunto que debe decidir la ciudadanía y que ellos no dicen ni pío sobre
el tema aunque antes hayan hablado de universidad sin marca de clase?
¿Y si hablamos de otros derechos como el derecho de huelga o el de
manifestación? ¿También sobre esos derechos debe practicarse el supuesto
derecho a decidir de la ciudadanía? ¿No estamos por los derechos de los
trabajadores y apostamos, sin consulta, por el derecho de huelga, por
el derecho de manifestación, por el derecho a un salario digno, por la
protección laboral, por la seguridad en el trabajo? ¿No manifestamos
abiertamente nuestra posición? ¿No es eso lo que debe ser?
Entonces, ¿por qué en el caso de ese supuesto derecho hablamos de su
ejercicio sin indicar al mismo tiempo qué pensamos sobre esa decisión?
¿Somos federalistas, autonomistas, confederalistas, independentistas?
¿Qué somos? Y si somos fe, au, co o in, ¿por qué no decimos con claridad
que posición mantenemos? ¿Es un juego de sombras y cálculos? ¿Las
nuevas formas de hacer política consisten en cultivar el lado oscuro y
ocultado de nuestras posiciones para “atraer a más votantes”?
¿Tenemos diferentes posiciones? ¿Y por qué no decidimos en torno a ellas
como hacemos en cualquier otro asunto importante objeto de debate? ¿Qué
sentido tiene vindicar el derecho a decidir y no decidir internamente?
¿Para no rompernos? ¿Pero no se trata de abonar los procedimientos
informados y abiertamente democráticos?
¿Escondemos algo entonces? Si es así, ¿qué es lo que escondemos?
No escondamos nada. ¿Somos entonces federalistas, como siempre ha sido
la tradición, o somos ya otra cosa y no queremos decirlo abiertamente?
¿Por qué hemos cambiado y hemos aceptado ser otra cosa? (...)" (Salvador López Arnal, rebelión, 16/04/16)
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