"(...) En el manifiesto del grupo Koiné hay una denuncia explícita respecto de
la política lingüística opresora del Estado español. El castellano tiene
el estatus social que tiene en Cataluña no porque haya penetrado de
manera natural en las capas populares a través de sucesivas olas
migratorias, sino debido a un entramado jurídico-político destinado a
arrinconar el uso del catalán.
No entraré a discutir la veracidad de
este relato. Asumiré, ex hypothesi, que es verdadero. Sólo
quiero poner de manifiesto que no entiendo cómo piensan hacer los
koinistas que el catalán sea la lengua principal (o primordial, u
oficial, qué más da) en la hipotética República catalana si no es
mediante un entramado jurídico-político que arrincone el castellano. (...)
Si el legislador, en la República catalana, decidiera que el catalán
tiene que ser la lengua primordial en Cataluña, entonces se pondría en
marcha un entramado jurídico-político, que involucraría el poder
coercitivo (esto no implica necesariamente el uso de la fuerza, por
supuesto, pero sí la amenaza del uso de la fuerza en caso de que el
ciudadano no se conforme a la norma), con tal de arrinconar el
castellano, pues no veo cómo se podría conseguir el estatus monolingüe
del catalán sin arrinconar el castellano.
Y si los koinistas sostuvieran que ellos no están afirmando nada de
lo que yo les estoy atribuyendo aquí entonces todo el episodio, además
de insignificante, como ya lo ha calificado Valentí Puig, sería
desconcertante: ¿en qué demonios se diferenciaría la política
lingüística de la futura República catalana de la actual legislación
lingüística en Cataluña?" (Paul Luque, El País, 13/04/16)
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