11/2/16

Cualquier persona debe saber que los principios de justicia y solidaridad son los mismos para todos los territorios, culturas y países, independientemente de la lengua que se hable o de la identidad particular de cada uno. Sólo Rajoy y Puigdemont se oponen

"(...) Tal y como está la situación actualmente, el "derecho a decidir” es hoy algo muy parecido a unas elecciones en las que no están representados todos los partidos políticos.

La opción probablemente mayoritaria, y que puede traer una solución definitiva, es la que incluye la refundación de todo el Estado, una opción, probablemente mayoritaria, que los ciudadanos tienen derecho a poder elegir en un hipotético referendum.

Esta refundación debe precisarse pues puede ser, o bien de tipo confederal -se llame así o de otra forma- o bien de tipo federal (idem).

La diferencia entre ambas estriba -primero- en que aquella no es redistributiva entre los territorios con lo cual se parece al modelo neocompetitivo de lo que hoy es la Unión Europa. Los territorios ricos no pagan a los pobres para, así, poder competir mejor frente a otros igual o más competitivos o elevar su propia renta per capita.

No hay interés alguno en crear una caja común de la Seguridad Social o unas pensiones comunes con lo cual el estado confederal se reduce, de facto, o bien a una especie de stand by para acumular fuerzas frente a la próxima iniciativa independentista, o bien o una especie de Unión Europea en miniatura tal y como hoy está planteada dicha Unión.

No es casualidad que esta sea la apuesta de conservadores como Durán i Lleida o Herrero de Miñón, aunque también de izquierdistas derrotados por la hegemonía neoliberal como Joan Josep Nuet.

El modelo federal se basa en una lógica solidaria no sólo entre clases sino también entre territorios, con lo cual genera mecanismos estables y consensuados destinados a igualar los ingresos, la productividad, la educación y los niveles de bienestar entre todos los territorios y sus habitantes.

Lo esencial es que no es competitiva sino cooperativa y que su objetivo no es conseguir la igualdad no sólo entre los ciudadanos del mismo territorio -versión progresista de la apuesta confederal- sino trambién entre los diferentes territorios.

La diferencia entre el modelo federal y el confederal se basa -segundo- en el reconocimiento o no de la naturaleza política de las identidades, es decir, de la posibilidad -o no- de construirlas políticamente, de no darlas por dadas desde el comienzo de los tiempos siguiendo la noción de “pueblo ancestral” que comparten, por cierto, una buena parte de los sectores cristianos, tanto en su versión progresista como conservadora

(ver Antonio Santamaría http://www.akal.com/libros/Convergncia-Democrtica-de-Catalunya/9788496797796)

La incoherencia del discurso independentista es aquí radical pues el nacionalismo catalán -y también el vasco- han demostrado todo lo contrario a lo largo de las últimas décadas: que las identidades colectivas se pueden construir políticamente a lo largo de no mucho más de dos generaciones.

Pero también es incoherente el modelo confederal en este punto pues su apuesta por que coexistan varias identidades diferentes en un mismo estado, identidades que no buscan puntos en común, lleva implícita esta misma lectura esencialista -y en ese sentido de ahisótica- del fenómeno identitario: las identidades son variables políticas independientes sobre las que hay que construir los edificios políticos nacionales: están ahí desde siempre y por eso hay que aceptarlas como lo que son en la actualidad.

Por el contrario, el modelo federal incluye un programa de construcción de una nueva identidad compartida. Este programa no excluye el desarrollo de las identidades particulares sino que, por el contrario, construye sobre ellas.

En su programa se incluiría, por ejemplo, el fomento de todas las lenguas del estado, de todas las tradiciones particulares y de todo aquello que los independentistas consideran un patrimonio propio y exclusivo abordándolo a partir de una lectura esencialista de la identidad.

El proyecto federal no sólo incluye su preservación, como es el caso del proyecto confederal, sino que además incluye un proyecto para encontrar puntos de encuentro a partir del reconocimiento y la preservación de dicha diversidad.

En el centro de este proyecto está la creación de un espacio multilingüe en todo el estado a lo largo de dos o tres generaciones, pero también una lectura común de la historia, de las tradiciones consideradas “buenas” y las consideradas “malas” -por ejemplo en relación con los avances democráticos- o la conservación del acerbo natural y cultural universales.

Fuera se tienen que quedar todas aquellas tradiciones que han destruido la convivencia o frenado los avances democráticos y sociales, en nuestro caso tanto el legado del franquismo como las lecturas racistas y etnicistas excluyentes de la historia o las políticas de exclusión religiosa que se remontan a los Reyes Católicos.

Dentro de un proyecto federal la heterodoxia tiene que elevarse, por tanto, a la categoría de identidad común fomentada por los poderes públicos en todos los territorios por igual y más allá de su diversidad particular.

La alternativa a la desconexión no es, por tanto, el derecho a decidir sin más, ni siquiera el reconocimiento de la condición de nación para los territorios con lenguas propias. Esta es una lectura excesivamente formal del problema que resulta insuficiente para diseñar un proyecto político alternativo que permita avanzar hacia una sociedad más solidaria y justa.

El problema no es, por tanto, el “encaje” de las llamadas nacionalidades históricas en una España inmutable, sino la redefinición inductiva de eso que se llama “España” a partir de aquellas y de otras diversidades.

La solución solidaria tampoco consiste en el reconocimiento de varias nacionalidades sobre bases neocompetitivas (solución confederal) sino hacerlo sobre bases cooperativas (solución federal).

En realidad es el mismo programa que la izquierda defiende para la Unión Europea frente a los neoliberales de Bruselas, frente a los neoliberales españoles y también frente a los independentistas.

Cualquier persona convencida de que los principios de justicia y solidaridad son los mismos para todos los territorios, culturas y países; convencida de que es justo distribuir entre clases sociales y que también lo es darle a todos los territorios la posibilidad de desarrollar una base económica sostenible para dar trabajo a su población, independientemente de si el mercado es capaz de hacerlo o no; en definitiva, cualquier persona que está convencida de que los principios de justicia y solidaridad son los mismos y afectan a todos los lugares por igual, debería darle un par de vueltas a todo esto.

No se puede apostar por una sociedad catalana, europea y mundial solidarias o por desarrollar las comarcas catalanas y europeas más desfavorecidas sin aplicar este mismo principio para el conjunto del Estado Español, no se puede hablar de redistribución territorial sin partir de indicadores objetivos como la renta per capita de los territorios.

Los valores solidarios y de justicia social son los mismos en todas partes independientemente de la lengua que se hable o de la identidad particular de cada uno.

Las personas de buena voluntad que pensaban que la agenda nacional puede llevar a una agenda solidaria de este tipo deberían preguntarse seriamente si el escenario de la desconexión es el que se parece al aquel por el que habían apostado o si no es más bien un proyecto neoliberal, tanto en su versión de centro-derecha como de centro-izquierda.

La participación en la construcción de un proyecto federal de re-conexión sobre bases nuevas y horizontales podría ser más acorde con sus propias opciones éticas y morales que sumarse a lo que hoy encabeza Carles Puigdemont.

La convergencia en torno a un proyecto federal podría generar hegemonías sólidas con capacidad de dejar atrás tanto a todos los Rajoy como a todos los Artur Mas que están aún por venir. Y podría ser el inicio de un proceso de regeneración ética, económica y cultural mucho más sólido que el que pretenden los políticos de Convergència y los del Partido Popular. " (Armando Fernández Steinko, Piensa y actúa, 12/01/16)

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