"Soy uno de la mayoría de catalanes/as que luchamos por un pueblo de
Catalunya solidario con los pueblos de España, empeñados en la
construcción de una España justa e igualitaria en el marco de un Estado
Federal.
Quiero recordar un texto ejemplar escrito en 1876 por un
catalanista y republicano como fue Pi i Margall: “Derribar y no levantar
vallas debe ser el fin de la política… Enseñemos a nuestros semejantes a
vivir con hombres de otras razas y aún de otros colores, no solo en
relación de comercio, sino también en comunidad de ideas y
sentimientos”.
Y, añadía, después de reiterar la “ineficiencia del
sistema unitario” que el “principio de la federación es el único que
puede reunir en un todo orgánico nuestro linaje”.
Con este y otros muchos antecedentes más recientes resulta inaceptable la Resolución del Parlament de Catalunya del pasado 9/N, proclamando el proceso hacia “un estat catalá independent”. Representa un levantamiento antidemocratico contra el Estado constitucional actual, creado después de tres años de Guerra Civil y cuarenta de Dictadura. Es un golpe de estado.
Pero inspira una gran preocupación y hasta temor que una coalición tan insólita, como la de Junts pel si y la CUP, y minoritaria en votos, sea capaz de desafiar a nuestra democracia, atribuirse la representación de toda Catalunya, llamar a la desobediencia a la Constitución y leyes democráticas españolas y hacerlo todo –como si de un grupo de agitadores se tratara- sin ningún fundamento jurídico que justifique su alzamiento.
Y preocupa por muchas más razones. Porque lo han hecho aprovechando
la Ley Electoral española –que les proporcionaba más escaños de los que
proporcionalmente les hubieran correspondido– y adulterando un proceso
electoral cuyo fin, legalmente, solo podía ser la alternancia en el
gobierno de Catalunya. Dicha Resolución está, pues, viciada por una
artimaña espuria en la aplicación de la legislación electoral. Artimaña
que no les impidió perder en apoyo ciudadano.
Porque, además, resulta inadmisible que una decisión política,como es
dicha Resolución,adoptada, lo admitan o no, en el marco de un Estado
democrático, carezca totalmente de la única fuente de su legitimidad,la
legalidad democrática.
Nadie duda de la condición de nación de Catalunya. Y la Constitución de 1978, pese a sus precauciones y resistencias, lo reconoce implícitamente en la Disposición Transitoria Segunda cuando se refiere a “los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía”, entre los que solo estaban Euskadi y Catalunya. Ciertamente no se optó, con la conformidad de las fuerzas políticas catalanas, por un Estado estructurado federalmente, pero se aceptó un Estado descentralizado por la vía de las Autonomías.
Es evidente que reconocemos y apoyamos el derecho del pueblo de
Catalunya –que, desde luego,integre plenamente a la totalidad de sus
ciudadanos– a un régimen de autogobierno mucho más amplio en sus
competencias y en la exclusividad de la mayor parte de ellas.
Pero
Catalunya, vinculada históricamente a España desde hace siglos, solo
puede y debe hacerlo desde la aceptación y el respeto de las
instituciones democráticas españolas que, desde luego, exigen una
profunda reforma constitucional. Con un presupuesto irrenunciable,
Catalunya no está subyugada ni dominada por el Estado español y es falso
que la pretendida independencia augure una supuesta libertad.
Los ciudadanos catalanes, como los españoles, están padeciendo por
igual los efectos de la crisis económica y de la restricción de
libertades; muy sencillo, el proceso soberanista ha sido paralelo al
desarrollo de las políticas del Partido Popular y dirigido –ahora
integrado en Junts pel sí– por una fuerza política, CDC, que, como el
PP, está enlodada hasta la médula de corrupción.
La pretendida
independencia conlleva calculadamente la plena impunidad.
Nadie puede
ignorar que con este objetivo pretenden librarse de la Jurisdicción
penal estatal que, en este momento, tiene sometidos a investigación al
fundador de la formación dirigente, al ex Secretario General de la misma
e hijo del anterior y a toda su familia, además de destacados altos
cargos de CDC. (...)
Desde la FED exigimos el cese de este proceso fraudulento y
solicitamos a la ciudadanía y las Instituciones catalanas lealtad a los
trabajadores/as de España, que sufren, en todo caso, las mismas o peores
privaciones que los trabajadores/as catalanes/as y, sobre todo, la
“lealtad institucional”, presente en el Estatuto de Autonomía en vigor,
hacia la democracia española de la que continúan formando parte y
beneficiándose de ella, sin perjuicio de su profunda renovación, y,
sobre todo, hacia los pueblos de España.
Desde luego, en un Estado de naciones y regiones libres y plenamente
reconocidas. Porque constituye un gravísimo error histórico romper una
convivencia de siglos desde el radicalismo propio de todos los
nacionalismos, de “nosotros” frente a “ellos”, cuando estos, es decir,
los que llaman “los españoles” están siendo desde hace mucho tiempo los
mas perjudicados por las políticas neoliberales y autoritarias de los
actuales Gobiernos de España y Catalunya, tantas veces aliados.
No
debemos olvidar que de producirse esa ruptura se generaría en Catalunya
un proceso de crisis de la convivencia, de diversidad de trato y
consideración, de exclusiones, de menosprecio y hasta de hostilidad.
Basta repasar nuestra reciente historia europea. (...)" (Carlos Jiménez Villarejo, Jurista. Federalistes d’Esquerres, La Lamentable, 22/11/15)
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