"(...) R.– Los hechos diferenciales ya están reconocidos en los estatutos,
admitidos por la Constitución. La lengua, los derechos históricos, la
consideración como nacionalidad… Si lo que quieren es una cláusula como
la que reconoce a Quebec como una «sociedad diferenciada», al sector
independentista le va a saber a nada.
P.– ¿Se corre además el peligro de alentar una carrera entre territorios?
R.– Claro. Ninguna comunidad, singularmente Andalucía, va a permitir que le digan que es menos.
P.– Usted lo que ha propuesto es una consulta sobre los principios
establecidos por el Supremo canadiense para Quebec. ¿En qué consiste?
R.–Eso lo hice en 2012. Ahora, las elecciones del 27-S son
autonómicas, pero los resultados serán leídos en clave de independencia
sí o no. Y lo que hay que contar son los votos, no los escaños. El
Supremo canadiense dijo que, si una parte de un Estado quiere, de una
forma clara y muy mayoritaria, constituir un Estado propio, hay que
sentarse a hablar.
Para saber cuál es la voluntad de esa parte, además
de las elecciones, en las que se juegan otras cosas, se puede hacer un
referéndum consultivo con una pregunta pactada con el Estado que sea
clara. Un referéndum consultivo sólo en Cataluña se puede hacer, el
artículo 92 de la Constitución lo permite siempre que lo convoque el
Gobierno de España.
P.–Esa propuesta implica admitir que hay una demanda social real por encima de intereses partidistas.
R.– Existe una demanda social, pero en absoluto es mayoritaria. Y los
independentistas siguen mintiendo, diciendo que no les van a expulsar
de la UE. Eso no es debate.
P.– ¿Habría sido entonces más inteligente el Gobierno de España si hubiese pactado una consulta?
R.– Desde luego. Como hizo David Cameron en Escocia. Encargó estudios
a expertos, los explicó, generó debate y ganó el referéndum.
P.– ¿Sería solución a largo plazo?
R.– Yo creo que sí, que no volvemos a plantearlo en 20 años.
P.–¿Qué mayorías se exigirían?
R.– Es el Congreso quien debe fijar el quórum y la mayoría. En
Montenegro se estableció un quórum del 50% y una mayoría del 55%. Y los
serbios lo respetaron. Este país está lleno de fanáticos, pero mucho más
lleno de personas que, si se lo explicas bien, entienden las cosas.
P.–¿Con qué armas cuenta el Estado contra una declaración unilateral de independencia?
R.–Con armas absolutas. Primero, la reforma del TC me parece
adecuada. Aunque si hay un movimiento insurreccional, no bastará. Luego
está el artículo 155.
P.– El ministro Margallo cree que eso sería una «bomba atómica».
R.–Eso es absurdo. Claro que puede haber traumas, aunque en el fondo
no es la suspensión de la autonomía. El 155 lo que hace es colocar al
Gobierno del Estado en la cúspide jerárquica, con autoridad sobre el
Ejecutivo autonómico, para hacer cumplir la ley y, si no, recurrir a
métodos coactivos. Y hay otra opción.
P.– ¿Cuál es?
R.– Es todavía más traumática, el estado de sitio. Procedería si el
enfrentamiento se lleva a las últimas consecuencias, por ejemplo si los
jueces se niegan a aplicar lo que resuelva el TC. El Gobierno nombraría
un delegado que impondría la ley.
P.–Tras las intervenciones de Obama y de los principales líderes de la UE, ¿es posible la independencia?
R.– No tiene nada que ver, un Estado independiente se crea por la vía
de los hechos. Si en un territorio se establece un poder y no hay otro
que se enfrente, ahí hay un Estado que adquiere personalidad jurídica.
Otra cosa es que sea reconocido por la comunidad internacional. Si
Cataluña llega a esa situación vulnerando las normas del Derecho, no
será reconocida por ninguna nación civilizada. Quizá Venezuela. No
tendrá relaciones diplomáticas y puede enfrentarse a un boicot en sus
relaciones comerciales.
P.– ¿En qué deja esa reflexión el debate sobre la pertenencia a la UE?
R.– Los Estados que forman parte de la UE están enumerados
taxativamente en los tratados. Si Cataluña se ha declarado independiente
y, aunque no sea reconocida por la comunidad internacional, se ha
constituido como un Estado, no es que sea expulsada, es que se habrá
autoexcluido. El acceso tiene que ser aprobado de forma unánime por los
28 miembros, pero antes hay otro paso, el de la solicitud de admisión,
que también requiere unanimidad. (...)" (Entrevista a Francesc de Carreras, JOAQUÍN MANSO , El Mundo, 21/09/2015)
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