"(...) en una Cataluña libre de las ataduras de Madrid, podríamos empezar de cero y diseñar unas instituciones como las de Suecia (...)
La lógica es muy sencilla: si la justicia es neutral y efectiva, hay más
seguridad jurídica, aumenta la confianza y eso repercute en una mayor
inversión. Si los contratos públicos se los llevan los mejores, y no los
enchufados, se premia a las empresas más productivas. Si los
reguladores garantizan la competencia y no protegen a los poderosos, las
empresas compiten y los precios bajan. (...)
Las instituciones, en suma, son la clave para acercarse al modelo
económico soñado del Col.lectiu Wilson: solamente con unas instituciones
fuertes podremos revertir la tendencia de la bajísima productividad (la
esencia del problema) que compartimos catalanes y el resto de
españoles. (...)
La pregunta central por tanto es: ¿ofrece la independencia el mejor
camino para lograr ese objetivo? Veamos primero la situación de partida.
En “calidad de gobierno”, un estudio del Instituto de Buen Gobierno de
la Universidad de Göteborg encuentra que Cataluña está por debajo de la
media de las regiones españolas, y más o menos a la altura de Portugal.
En número de casos de corrupción, los datos ponen un poco mejor a
Cataluña (por ejemplo en grandes casos de corrupción registrados por el
CGPJ). Estas diferencias institucionales son difíciles de capturar, pero
no es necesario convencer a ningún catalán de que los problemas de
capitalismo de amiguetes y de corrupción son, al menos, tan graves en
Cataluña como en el resto de España.
El siguiente paso es preguntarse si el panorama político de la
independencia va a permitir construir esas mejores instituciones. En
este momento el parlamento catalán está enormemente fragmentado. Tanto
es así que Junts pel Sí no ha sido capaz de ofrecer un programa político
compartido; ni tan solo de mínimos. La razón es sencilla.
Los
diferentes integrantes de la lista solo tienen en común una cosa:
quieren la independencia. No están de acuerdo en ni una sola propuesta
de reforma. Como sugieren Ferran Martínez y Luis Martí, en un post reciente en el blog Piedras de Papel: “parecería que la independencia es la mejora institucional en sí misma”. Un amigo lo resume de otra manera: “endavant, endavant, sense idea i sense plan”. (...)
Artur Mas no ha hecho nada por promocionar esas reformas en sus mandatos, probablemente porque (como le sucede a PP y PSOE) su mochila de compromisos y favores no le permite alterar el statu quo de forma significativa. Romeva y Junqueras dudo que suscriban ninguna de esas propuestas. Y si añadimos a las más fervorosas nacionalistas Casals y Forcadell y a las CUP (que están abiertamente en contra de la UE y de la economía social de mercado), el panorama pinta más bien negro.
De por sí, aunque hubiera un amplio consenso, es difícil lograr
cambios institucionales de fondo. Pero si ningún líder del supuesto
nuevo país comulga con tus ideas reformistas y la mitad de la población
no cree que en tu proyecto, entonces ese reset institucional es
simplemente imposible. No se engañen, la independencia no ofrece
ninguna solución al capitalismo de amiguetes, ni a la corrupción, ni
tampoco a la baja productividad de Cataluña.
Y si la independencia no es una garantía de reformismo y crecimiento
(sino probablemente de lo contrario), entonces el resto del castillo
argumentativo de Wilson resulta mucho más difícil de defender fuera de
los parámetros identitarios.
Particularmente porque entonces las cuentas
del dividendo fiscal de la independencia tendrían que ser más grandes
que los costes de transición hacia el nuevo Estado. En otras palabras,
si no hay una mejora en las instituciones y la productividad de la
economía como resultado de la independencia, entonces lo única ventaja
económica de la independencia es lo que dejamos de “pagar” a España.
No entraré aquí a discutirlo, pero si el “expolio” fiscal no es tal y
a los hipotéticos 16.000 millones anuales de dividendo, le restamos
todos los gastos de creación de un nuevo Estado; la pérdida de empresas y
bancos que decidirían cambiar su residencia fiscal; el aumento de
costes de financiación por intereses (de un Estado con el único
historial crediticio de haber hecho default sobre España); la huida de capitales por la incertidumbre sobre la pertenencia al euro y la solvencia; los costes del efecto frontera,
de la pérdida de sinergias comerciales y de un potencial boicot
comercial español… entonces los potenciales beneficios de la
independencia se reducen a prácticamente nada y el argumento económico
para la independencia queda desmontado.
Llegados a este punto, quizás los catalanes deberíamos plantearnos
otra pregunta: ¿no sería más fácil intentar reformar juntos España para
lograr las instituciones y la economía que todos queremos?" (
Antonio Roldán Monés , El País, 24 SEP 2015 )
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