"(...) Según ha sabido El Confidencial Digital, a través de fuentes de la
Administración catalana, los sindicatos de funcionarios de la
Generalitat han acordado que “su obligación es respetar el marco constitucional y la ley vigente”.
Por ello, no están dispuestos a elaborar informes, normativas, redactar convocatorias de concursos públicos... totalmente imprescindibles para ir dando forma a las estructuras de Estado.
El Govern es consciente de que uno de los colectivos capaces de articular el proceso independentista planteado por Artur Mas es el de los funcionarios instalados en Cataluña.
Tiene en cuenta que, sin una complicidad expresa de los empleados públicos, no será posible continuar adelante con las estructuras de Estado que proyectan los independentistas.
Las
fuentes a las que ha tenido acceso ECD resaltan que la Central Sindical
Independiente y de los Funcionarios (CSI-F), sindicato más
representativo en las administraciones públicas, ha pedido también a la
Generalitat de Cataluña que respete el principio de independencia y neutralidad de los empleados públicos.
Le ha reclamado también que “no ponga a los funcionarios en la tesitura de ejercer su trabajo bajo el paraguas de unas normativas autonómicas que contravienen el marco legal establecido”.
Juicios rápidos y hasta condenas de inhabilitación
Según las fuentes consultadas, los empleados públicos no pasan por alto tampoco los “graves riesgos” que acarrea la implicación en el desarrollo de estas “entidades nacionales”, ante los continuos recursos contra ellas que el Gobierno está presentando en el TC.
Han valorado que se enfrentan a juicios rápidos y a condenas de inhabilitación
si colaboran. Paradójicamente, Artur Mas no puede ser inhabilitado en
razón de su cargo de presidente de la Generalitat, pero sí el resto de
cargos públicos catalanes al no estar aforados." (El Confidencial Digital, 17/09/2015)
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