"Quiero agradecer a Crónica Global la posibilidad de terciar en
el debate sobre la Ley de Lenguas que desde sectores contrarios al
soberanismo se está proponiendo y entre cuyos promotores y defensores me
encuentro.
Para ello, no tengo más títulos que el de un ciudadano
concernido que ha dado muchas (muchísimas) vueltas a la cuestión,
ayudado por la experiencia de vivir en Canadá, un país donde rige el
bilingüismo oficial en el nivel federal. Recientemente he publicado
junto a Mercè Vilarrubias dos artículos en El País sobre el tema ("Blindar la convivencia, no las lenguas" y "Todas las lenguas de España"). Anteriormente había publicado en solitario "Por una Ley de Lenguas, de una maldita vez".(...)
Concedo al sector crítico que la Ley de lenguas es una operación
delicada. Sostengo al mismo tiempo que la empresa es necesaria y yo
diría que imprescindible. Por eso es nuestra obligación explicarnos muy
bien. Tan importante es dejar claro lo que la Ley es como lo que no es.
Merece la pena empezar por esto último.
Lo que la Ley no es, es esto:
- No es una cesión a los nacionalistas. Por una razón muy sencilla: ningún nacionalista la ha pedido y ninguno la quiere. Saben que si pierden el monopolio de la gestión de las lenguas su discurso quedará muy debilitado. Por otro lado, al contrario que otras medidas que se discuten, como el llamado blindaje de la lengua, nuestra propuesta no otorga ni un centímetro más de poder competencial a los nacionalistas. Y tampoco se trata de complacerles, como nos acusa de hacer Robles. Creemos que la medida es justa en sus propios términos y puede ser del agrado de muchos españoles no independentistas cuya lengua primera no es el castellano.
- No es un galimatías ni un laberinto. Como hemos dicho desde el principio, no se trata de multiplicarlo todo por cuatro. La Ley solo afectaría a algunos órganos del Estado, los de mayor solera e importancia simbólica. Las autonomías y los órganos que de ellas dependan seguirán las directrices lingüísticas marcadas en sus estatutos. Más abajo repasaremos las medidas concretas que se avanzan, para ver si acaso alguna de ellas parece irrazonable.
- No es un menoscabo de la lengua común. El español seguiría siendo la ley de trabajo de la mayoría de las administraciones. Seguiría, socialmente, siendo sentida por la vasta mayoría de los españoles, como el instrumento de comunicación privilegiado
Pasemos ahora a examinar algunos hechos. En primer lugar, hay que
llamar la atención sobre una curiosa circunstancia: España es el único
país donde se hablan varias lenguas –lenguas con gran arraigo– que no
tiene una Ley de Lenguas Oficiales.
Creemos que ese vacío legal es el
origen de mil acerbas disputas que desgastan nuestra convivencia a
diario. Bien, en países como el nuestro, con un patrimonio lingüístico
similar, existen dos caminos: el bilingüismo territorializado o la
gestión federal de lenguas. Hasta ahora, España ha seguido el primer
sistema.
El problema es que ese bilingüismo territorializado, cuando se
combina con la fuerte implantación de fuerzas nacionalistas en
territorios bilingües, resulta letal para la cohesión del Estado y para
los derechos de los usuarios.
Los nacionalistas aprovechan la inhibición
del Estado central para empujar su programa monolingüista. Eso es lo
que ha pasado y por eso proponemos que el Estado central recupere el
iniciativa: porque lo hará mejor y en beneficio de todos.
Por otro lado, ruego a los lectores consideren lo siguiente: En España ya existe
un acervo normativo sobre lenguas. Pero se trata de un amasijo informe
de órdenes circulares, reglamentos, y –sobre todo- alambica
jurisprudencia. ¿De veras alguien cree que dar sentido y coherencia a
esta masa heterogénea de normas puede resultar negativo?
El coste de la
no-ley, ya lo tenemos a la vista: una bronca permanente. Una observación
que corre en paralelo es la de que el catalán ya es, de manera
implícita, una lengua co-oficial en el ámbito estatal en varios
aspectos. Los documentos expedidos las terminales del Estado en
Cataluña, como DNI, pasaportes o libros de familia, son bilingües. (...)
La administración periférica del Estado presta –o debería prestar–
sus servicios en catalán tanto como en español (Orden Ministerial de 20
de julio de 1990, sobre conocimiento de las lenguas oficiales de las
CCAA en la provisión de puestos de trabajo en al Administración
Periférica del Estado). El BOE se traduce al catalán.
Todo esto ocurre y
me gustaría preguntar al Sr. Robles si acaso considera que, dado que
los ejemplos mencionados son ominosos signos de la co-oficialidad
estatal del catalán y de cesión al nacionalismo, deberíamos deshacer lo
andado. Seguramente no lo crea. Pero a su vez, el Sr. Robles y los
críticos podrían muy legítimamente preguntarme a mí: “Si es verdad
lo que usted dice, si el Estado ya reconoce y usa el catalán en gran
medida, ¿dónde está el problema, por qué ir más allá?”
Por dos razones:
Les pongo un ejemplo. Hace un par de años, el diputado de ERC, Alfred
Bosch, dirigió una pregunta parlamentaria al Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación preguntando cuántas actividades en promoción de
la cultura catalana había realizado el Instituto Cervantes en el último
curso.
El diputado esperaba sin duda pillar al gobierno en un renuncio y
poder exaltar su victimismo. Cuál no sería su sorpresa cuando el
Gobierno respondió con un robusto informe con más de cien actividades.
¿Hemos de esperar que sea el Sr. Bosch quien dé publicidad de esa buena
labor del Estado en desarrollo del artículo 3 de la Constitución?
Ese
informe no existía hasta que el Sr. Bosch preguntó. Esa falta de garbo
en el Estado para hacer valer sus méritos es un problema. Y se soluciona
con una Ley que pida al Instituto elevar y publicar cada año un anuario
con las actividades realizadas en lengua catalana o en beneficio de
creadores catalanes (lo mismo vascos y gallegos).
En segundo lugar, la Ley es necesaria porque hay lagunas e
insuficiencias en el reconocimiento del plurilingüismo. Estas se
aprecian sobre todo en la administración de justicia, que se sigue
impartiendo esencialmente en castellano, y donde por tanto, el consenso
sobre bilingüismo territorializado no se cumple.
Aquí, un pequeño empuje
en la dirección de concienciación de los funcionarios (a los que no
propongo penalizar por el desconocimiento de las lenguas co-oficiales,
sino darles facilidades para aprenderlas a su llegada a Comunidades
bilingües), y sobre todo, del uso de las cada vez más perfeccionadas
herramientas electrónicas de traducción e interpretación debería bastar.
Otro aspecto deficitario es el de la enseñanza en la España dónde
únicamente se habla castellano. Hay que ofrecer a nuestros alumnos la
posibilidad de tener nociones básicas sobre el resto de las lenguas y
literaturas de España. ¿Por qué? Porque son españoles y solo así tendrán
un conocimiento cabal de la cultura de su país, lo que no parece una
mala idea.
Pero aun reconociendo que en el plano administrativo el Estado
cumple, aun quedaría por colmar todo el aspecto simbólico. Nos
equivocamos si pensamos que el Estado es sólo un organizador racional;
también satisface necesidades de orden simbólico y se manifiesta en todo
tipo de liturgias civiles que obedecen al propósito de reforzar la
noción de comunidad.
El Estado no nos habla con unos y ceros, nos habla
con lenguas humanas, y los ciudadanos albergan sentimientos en relación a
sus lenguas. Esto no es ser nacionalista. Esto es ser realista y pagar
tributo a la realidad de nuestra época. Por tanto, en esas ocasiones
solemnes y más visibles, el Estado también debe hablar en las cuatro
lenguas. Eso se consigue de varios modos.
Cosas tan sencillas como que
los ministros lean parte de sus alocuciones en las lenguas co-oficiales,
que la rotulación de los edificios más emblemáticos sean cuatrilingües,
o que los catálogos de los museos estatales estén en las cuatro lenguas
principales. Cualquiera que haya pasado por Suiza ha comprobado que tal
cosa es posible.
Todo esto se puede ridiculizar. Se puede parodiar diciendo que lo que
queremos es que un guipuzcoano pueda exigir ser atendido en eusquera en
un hospital de Zamora o que los funcionarios estatales hablen en cuatro
lenguas. (...)
Como decía más arriba, es un error concebir el Estado como un mero
organizador racional. Nos guste o no, ha de contar también con dónde
ponen los afectos los ciudadanos. Con independencia de su carácter de
instrumento, las lenguas tienen una carga afectiva con una dimensión
política. Me abstengo de valorar este hecho y me limito a constatarlo.
En Canadá se dieron cuenta a tiempo.
Estoy convencido de que si el
gobierno de Ottawa no hubiera implantado a tiempo el bilingüismo
federal, los independentistas de Quebec habrían ganado sus referendos de
independencia. La medida, por cierto, también fue impopular al
principio. Tengo por aquí una encuesta de Gallup hecha en los años
setenta en que el bilingüismo federal cosechaba únicamente un 22% de
aprobación ciudadana.
Hoy nadie lo discute. Las pequeñas disfunciones e
ineficiencias que genera el bilingüismo federal, que no son tantas, son
un precio pequeño para mantener intacto el potencial de un país unido y
diverso. En España, de manera semejante, tenemos un conflicto de lenguas
que corroe la convivencia.
Hay que arreglarlo. Sé que la ley que
propongo contiene aspectos llamativos. Pero el coste de la no-ley
empieza a ser demasiado gravoso para los españoles, bastante más oneroso
que los gastos –que intuyo más modestos de lo que se pregona– en los
que incurríamos para poner en planta el tipo de legislación que, en mi
opinión, es requerida por la realidad española. (...)" (Juan Claudio de Ramón, Crónica Global, Lunes, 4 de mayo de 2015)
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