"En los últimos meses, tras el pinchazo del independentismo en el
pseudoreferéndum de noviembre, parecía que el llamado “proceso”
independentista había decaído en intensidad, ritmo y apoyos. Y, sin
duda, así ha sido. Pero no ha concluido del todo.
Quienes iniciaron
improvisadamente este proceso no están dispuestos a defraudar a los
centenares de miles de catalanes que han confiado en ellos y buscan
salidas para no hacer el ridículo: montados en su bicicleta siguen
pedaleando para aplazar en lo posible su inexorable trompazo final. (...)
Como de la tragedia a la comedia solo hay un paso, el acuerdo del
pasado lunes significa que estamos ya en la fase de la pura comedia,
protagonizada de nuevo por Mas y Junqueras. El acuerdo contiene dos
aspectos principales: el carácter plebiscitario de las próximas
elecciones autonómicas y, según sea su resultado, el inicio de un
proceso de ruptura con la legalidad vigente.
En primer lugar, pues, las elecciones anunciadas para septiembre
tendrán carácter plebiscitario, lo cual quiere decir, según los
firmantes, que las candidaturas soberanistas han de dejar claro que
“votarlas supone un pronunciamiento favorable a la independencia de
Cataluña” y, de este modo, los resultados electorales deben ser
interpretadas en clave de referéndum.
En segundo lugar, si estas
candidaturas resultan mayoritarias se iniciará un proceso de transición
consistente, básicamente, en crear unas instituciones del nuevo Estado y
elaborar una Constitución que deberá ser ratificada mediante referéndum en un plazo máximo de 18 meses.
Así pues, en el caso de que los resultados den una mayoría de votos
favorables a la independencia, se iniciaría de inmediato una etapa de
transición que ya supondría una ruptura con el Estado y la legalidad
vigente dado que, según dice el acuerdo de forma confusa, tras las
elecciones se formulará una “declaración soberanista inicial” a la que
le seguirá “un proceso hacia la proclamación del nuevo Estado” durante
el cual se ejercitarán “los actos de soberanía necesarios para construir
un nuevo país”, sin estar supeditados al derecho vigente ni a
eventuales impugnaciones judiciales. (....)
Nunca la Unión Europea, ni los Estados que forman parte de la ONU, ni
por supuesto España, aceptarán la secesión del territorio de un Estado
que deliberadamente, sin ni siquiera disimularlo, ya que lo proclama en
un acuerdo público, incumple la legalidad vigente de este mismo Estado." (
Francesc de Carreras , El País,
31 MAR 2015)
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