"Hay un runrún creciente que tiende a decir que sí a la
consulta, a la pregunta, al referéndum, pero no a esta consulta, no en
estas condiciones, no en forma dirigida, no bajo la presión
propagandística y programática de un poder del Estado (que debería
representarnos a todos, y no a los soberanistas únicamente: la
Generalitat) y un control abusivo de los servicios de información
públicos (que debería hablar por todos y para todos y no solo para los
soberanistas: la mayoría de los medios públicos de Cataluña).
La
sentencia reciente del Tribunal Constitucional, de acuerdo con los que
saben traducir el lenguaje jurídico a la realidad, parece prestar
argumentos convincentes para dar con una vía lógica y jurídicamente
viable. Describe en forma didáctica los mecanismos para legalizar una
consulta como la que se propone desde el Parlament.
La pega, para los soberanistas, es que ese es un mecanismo
infinitamente lento y frustrante, anorgásmico, desilusionante, y sobre
todo legal y procedimentalmente plagado de fases, etapas, formalidades,
garantías y posibles obstáculos: tiempo, más tiempo.
Pero la novedad que
aporta esa sentencia es importante, creo yo, y sobre todo lo es para la
izquierda a ratos titubeante, a ratos esquizofrénica, que tiene que
decir sí y no al mismo tiempo, o emplazar su respuesta
a la consulta a más adelante, porque lo prioritario considera que es
sobre todo la consulta misma.
Hoy lo tiene más fácil: puede argumentar
con libertad y creatividad en favor o en contra de la independencia, que
es el asunto de fondo, porque tiene ya una respuesta jurídica y fiable
al modo de proceder para una consulta de acuerdo con la estructura legal
del Estado.
No es que me haya vuelto de golpe legalista fanático; es que la
experiencia en Cataluña de los últimos años demuestra que ante el
impulso ideológico y ferviente del poder con todas sus armas enfiladas
en la misma dirección, es la propia pluralidad ciudadana la que necesita
la protección, el respaldo, la fortaleza de las mismas instituciones
democráticas.
Ese es el bien político por el que ha luchado la izquierda
porque es la garantía (falible y a veces débil) que tanto las mayorías
como las diversas minorías tienen para proteger su independencia frente
al poder político. (...)
Mi impresión es que existe una salida novedosa y fértil porque promover
una consulta ya no equivale políticamente a reclamar la independencia
sino a disponer de las condiciones de igualdad y respeto democrático
para que la consulta no sea un trámite electoral del poder hacia la
independencia sino un medio para conocer el criterio de la población. (...)
Yo no he creído nunca necesaria esa consulta, y no la creo necesaria
hoy porque la salud democrática de 35 años de ejercicio evidencia que
los catalanes hemos podido votar por la independencia cuantas veces
hemos querido, de acuerdo con el abanico de programas electorales
representados en el Parlament.
Pero el discurso hegemónico dice lo contrario en Cataluña y ahora el
Tribunal Constitucional parece haberlo entendido así y presta una salida
jurídica a un problema político. Alguien tiene ahora que argumentar muy
bien por qué no le gusta la vía del Constitucional.
Es verdad que esa
vía desinfla las prisas y las expectativas de inmediatez de los
impulsores soberanistas y favorece la igualdad de condiciones para la
pluralidad de posiciones, incluida por supuesto la opción
independentista. De hecho, garantiza la integridad democrática del
proceso. Ahora se trata de que disuada también de soluciones más
expeditivas o temerarias." (
Jordi Gracia
, El País, 3 ABR 2014 )
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