Es lógico que Catalunya aporte a la Hacienda central más recursos que servicios recibe porque la renta per cápita catalana es superior a la española

"Hace unos días Francesc de Carreras publicaba un artículo en El País alertando de la “espiral de silencio” que se está produciendo en Catalunya donde la hegemonía mediática de las tesis independentistas hace difícil un debate sosegado y racional de las ventajas y los inconvenientes de la secesión.

Uno de los aspectos más difíciles de abordar en este debate es el del déficit fiscal de Catalunya con el Estado español que la Generalitat cifra en 16.000 millones y que ha instalado el convencimiento de que con la independencia Catalunya dispondría “de forma inmutable” de 16.000 millones anuales adicionales “contantes y sonantes”. (...)

Esta cifra, equivalente al 8,5 % del PIB catalán, se ha consolidado en el imaginario colectivo de buena parte de los catalanes como la quintaesencia del expolio fiscal que sufren frente al Estado. (...)

Para contribuir a romper esa espiral del silencio, he publicado un análisis de las razones por las cuales esos 16.000 millones no se corresponden con un monto equivalente de recursos adicionales netos, que es lo que la opinión pública catalana cree. Ello ha provocado numerosas reacciones de interés dentro y fuera de Catalunya y me han valido no pocas descalificaciones. 

Pero ninguna de las críticas recibidas aportan razones para hacerme creer lo contrario. Esa cifra resulta de un particular método de cálculo, el llamado del flujo monetario con neutralización del déficit público estatal según los ingresos que es uno de los al menos seis métodos que se pueden aplicar. Y que no es precisamente el más adecuado para dar una idea realista de los recursos adicionales que Catalunya obtendría con la independencia, que es lo que los ciudadanos entienden por déficit fiscal.

No he negado, como se me acusa, la existencia de un déficit fiscal de Catalunya con el Estado. Es lógico que Catalunya aporte a la Hacienda central más recursos que servicios recibe porque la renta per cápita catalana es superior a la española y nuestro sistema fiscal es progresivo.

Lo importante es el método para calcularlo, el significado del resultado y su variación en el tiempo influenciado por el ciclo económico. Por eso un solo año no es suficiente para conocer las relaciones fiscales interterritoriales.

El método utilizado para llegar a esos 16.000 millones (16.409 en el 2009) solo incluye como gasto estatal que beneficia a Catalunya el que se realiza en su territorio (método monetario), subvalorando lo que le costaría a la Generalitat independiente suministrar los mismos bienes públicos que hoy presta la Administración central según la actual estructura competencial del Estado.

En efecto, no tiene sentido argumentar que los catalanes no se benefician de la red de consulados españoles porque en Catalunya, obviamente, no hay ninguno, o que los ordenadores de la Agencia Tributaria sólo sirven a los madrileños porque están en Madrid. O atribuir el gasto en Defensa y en Justicia según donde estén las instalaciones militares y los tribunales.

Una Cataluña independiente debería financiar todos los servicios que ahora recibe del Estado, se produzcan o no desde el territorio catalán. Y el método utilizado no lo toma en cuenta.

Lo razonable es que las inversiones se computen allí donde se producen, pero el gasto en los bienes públicos de carácter general se debe repartir proporcionalmente a la población porque todos los ciudadanos se benefician de forma común e indivisible de ellos. En EE.UU. nadie se tomaría en serio decir que los habitantes de un Estado federado solo se benefician de los servicios públicos de Defensa y Seguridad según las instalaciones militares que haya en el territorio de ese Estado.

 La propia fundación de CiU reconoce que “la estimación que puede reflejar mejor el coste que supondría el servicio de Defensa en Cataluña, es la que se deriva del criterio del flujo del beneficio. “Si así se hiciera, el déficit observado de 792 millones del 2009 se convierte en un superávit a favor del Estado de 4.105 m. 

Y para el 2010 el déficit observado de 5.835 se convertiría en un déficit de 774. Esta subestimación de los costes reales es una de las dos razones fundamentales por las cuales los 16.000 millones no estarían disponibles.

La otra razón es que los 16.000 millones (16.409 en el 2009 y 16.543 en el 2010) resultan de añadir a los impuestos efectivamente pagados por los catalanes en cada año, los impuestos que tendrán que satisfacer en el futuro para pagar “su” parte del déficit público estatal (15.618 en 2009 y 10.708 en 2010). 

Es lo que se llama “neutralizar” el déficit. Y la Generalitat calcula “su” parte proporcionalmente a los ingresos que aporta Cataluña. Hay otras formas de hacerlo, pero la Generalitat escoge esta porque es la que le resulta más favorable.

No niego el interés de “neutralizar” el déficit público estatal porque da una idea más estructural de la posición fiscal de Catalunya. Pero el saldo observado y el neutralizado son conceptos de distinta naturaleza. La Generalitat difunde sólo la cifra de los 16.409 (método monetario neutralizado) y se presenta en el discurso político dando a entender que ese dinero estaría disponible inmediata y automáticamente con la independencia, confundiendo a la opinión pública.

El déficit fiscal calculado neutralizando el déficit público estatal no es equivalente a recursos adicionales disponibles gracias a la independencia. Porque esos impuestos que se tendrían que pagar en el futuro, por definición, todavía no se han pagado y por ello no estarían disponibles en el presente.

A ese respecto, la propia Fundació CatDem de CiU dice que, en caso de independencia, la neutralización “no corresponde” ya que “lo que hace la neutralización es imputar el déficit público del Estado como carga impositiva futura: eso aquí no tiene sentido, lo que estamos midiendo es la capacidad de autofinanciación de Catalunya como Estado”.

Si en el 2009 Cataluña hubiera sido independiente, la Generalitat se hubiera quedado con los 46.195 millones de impuestos pagados al Estado y habría gastado 45.403 millones en los servicios que el Estado prestaba en Catalunya. Que parte de ese gasto en el pasado el Estado los haya financiado con déficit no quita validez al argumento de que si la Generalitat independiente quisiera suministrar los mismos servicios públicos que antes suministraba el Estado tendría que hacerlo con sus recursos tributarios y el resultado de la independencia habría sido disponer solo de 792 millones “contantes y sonantes” de más en el año 2009 .Y además tendría que financiar la producción de los servicios públicos generales que el Estado suministraba desde fuera de Cataluña.

Este es un tema muy importante que debería analizarse con más razón que pasión, al contrario de lo que ocurre ahora. Y, aunque los alemanes no lo hagan, llegadas las cosas donde está el Gobierno español, debiera propiciar el conocimiento de los flujos fiscales interterritoriales aportando toda la información posible. 

Bien está que muchos catalanes sientan una identidad propia y consideren necesario construir un Estado para la nación catalana. Pero no se deberían utilizar argumentos falsos para establecer comparaciones internacionales ni para calcular erróneamente las ventajas que ello les reportaría."         (Josep Borrell, República.com)