"El informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) sobre la Administración Tributaria de la hipotética Cataluña independiente ejemplifica, al igual que otros documentos realizados por el organismo de expertos
designados por el presidente de la Generalidad, Artur Mas, las
contradicciones, las vaguedades, el voluntarismo y la falta de
planificación del proyecto secesionista.
El infome parte de la idea, evidente, de que caben dos vías para
construir una autoridad fiscal catalana: mediante un acuerdo con el
Estado, o sin él.
Curiosamente, el documento es mucho más concreto cuando analiza la
alternativa de la colaboración por parte de la Administración General
del Estado en el hipotético proceso -que implicaría la cesión de
personal, de bases de datos, del sistema informático y la aplicación
transitoria de la legislación estatal- que cuando trata de explicar cómo
implementar una administración tributaria a partir de los servicios
fiscales de las diputaciones y de la actual Agencia Tributaria de
Cataluña.
Un proceso de, al menos, dos años, en caso de colaboración
Incluso en el caso de que hubiese colaboración por parte del
Gobierno, el CATN considera que serían necesarios dos años para poder
poner en funcionamiento tota la maquinaria.
Sin colaboración, en cambio, no se fijan plazos temporales, pero
estos serían muy prolongados en el tiempo, según las dificultades de
todo tipo que el propio informe prevé.
Por ello, el documento trata de suplir el evidente problema
recaudatorio con el que se encontraría la Generalidad planteando
propuestas poco ortodoxas, tales como la de ampliar el plazo de
prescripción de las obligaciones fiscales para evitar que los
contribuyentes puedan aprovecharse del previsible caos inicial, así como
hacer llamamientos al patriotismo, lo que se concretaría en la emisión
de bonos patrióticos a cuenta del pago de tributos futuros, e instar a
la presentación voluntaria de datos por parte de los administrados.
Pese a todos los problemas, prevén una subida sustancial de la recaudación
El informe también cuenta con la emisión de empréstitos
internacionales, sin embargo, no señala en ningún momento la
calificación actual de los bonos de la Generalidad -en el nivel del bono
basura-, que imposibilita de facto la opción de la financiación
internacional, una situación que no mejoraría con la independencia.
Además, el documento da por supuesta una mayor colaboración por parte
de los contribuyentes durante todo el hipotético proceso. Y, a pesar de
los efectos económicos negativos de la independencia y de los
reconocidos problemas de gestión inherentes a una nueva estructura de
este tipo, prevé una mayor recaudación de impuestos y de cuotas
empresariales a la Seguridad Social, que consideran que pasarían de un
cálculo actual de unos 70.000 millones de euros anuales, a una horquilla
de entre 70.000 y 100.000 millones de euros.
Todo ello sin concretar ningún calendario -ni siquiera de forma
aproximada-, y pese a que el informe reconoce que, sin la colaboración
del Estado, la elaboración de una base de datos fiscales fiables y la
implementación y gestión de un nuevo sistema informático son dos
problemas de difícil, larga y cara resolución." (Crónica Global, 27/12/2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario