"(...) ¿Les parece una insensatez?
El País en su edición catalana aporta suculentos detalles en una información firmada por Jesús García y Rebeca Carranco. "El hundimiento del 'CNI catalán'" es el encabezamiento de la noticia en la que se revela que el gobierno de Mas "no quiere investigar el robo de datos de un ex empleado".
Según esta noticia, dicho ex empleado se habría llegado a reunir con el consejero Felip Puig, de quien depende el Cesicat, en un hotel de Barcelona y sería el autor de los agujeros en la inteligencia catalana. Impagable relato de una chapuza:
Es el brevísimo viaje del Cesicat, un organismo nacido en 2010 para velar por la seguridad de las telecomunicaciones de la Generalitat que, en poco tiempo, ha derivado hacia el espionaje pseudopolicial.
La filtración de centenares de documentos por parte de Anonymous —previamente robados por un extrabajador— ha destapado que el centro husmeó en las redes sociales y monitorizó la actividad de activistas y periodistas de izquierdas.
Sus responsables, además —así consta en los documentos— idearon un proyecto para convertir al Cesicat en el embrión de una suerte de CNI catalán, lo que ha levantado una polvareda política y ha puesto en jaque la supervivencia del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña.
El robo y posterior filtración de los datos han sacado los colores al Cesicat y ha descolocado al Gobierno catalán que, sin embargo, permanece inmóvil. Pese a que conoce la sustracción interna al menos desde el pasado verano, el Ejecutivo de Artur Mas se resiste a denunciar los hechos porque eso implicaría, entre otras cosas, admitir que el Cesicat desarrolló actividades ajenas a su misión original.
Según explicaron a este diario fuentes del Ejecutivo, un informático que trabajó allí entre septiembre y diciembre de 2012 accedió al ordenador del gerente y copió, en una unidad de memoria extraíble, cientos de archivos y correos electrónicos.
Los documentos acreditan que los técnicos del Cesicat —formado por una docena de informáticos y antiguos hackers, y con un presupuesto que ronda el millón de euros anual— no solo invirtieron su tiempo en prevenir que un virus atacase los equipos de la Administración.
Los expertos monitorizaron la actividad en Twitter de activistas sobre temas como la cumbre del Banco Central Europeo, el aniversario del movimiento de los indignaods, así como las campañas contra Bankia o contra el pago de peajes en las autopistas catalanas.
En los informes se hicieron constar, además, nombres de abogados, periodistas y medios de comunicación tradicionalmente ligados al activismo social. En una ocasión, al menos, el Cesicat elaboró un perfil con datos personales y profesionales del fotoperiodista Jordi Borràs, que ha presentado una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. (...)
"(...) Felip Puig (CiU)... señala en el informe que el gasto de la Agencia Nacional de Seguridad de Cataluña debería llegar a los 28,9 millones de euros.
El País en su edición catalana aporta suculentos detalles en una información firmada por Jesús García y Rebeca Carranco. "El hundimiento del 'CNI catalán'" es el encabezamiento de la noticia en la que se revela que el gobierno de Mas "no quiere investigar el robo de datos de un ex empleado".
Según esta noticia, dicho ex empleado se habría llegado a reunir con el consejero Felip Puig, de quien depende el Cesicat, en un hotel de Barcelona y sería el autor de los agujeros en la inteligencia catalana. Impagable relato de una chapuza:
"El ex empleado del Cesicat que,
presuntamente, se apoderó de la información -según su versión, por
desacuerdos con la gestión del centro- se reunió, presuntamente, con el
máximo responsable de la institución, el consejero de Empresa y Empleo,
Felip Puig, que además es el anterior responsable del departamento de
Interior [...].
Fuentes oficiales no confirmaron ayer el encuentro, pero
admitieron el robo de las claves para acceder a áreas reservadas de la
Generalidad". (Pablo Planas, Crónica Global, Jueves, 5 de diciembre de 2013)
"De antivirus a pirata, y de pirata a náufrago.Es el brevísimo viaje del Cesicat, un organismo nacido en 2010 para velar por la seguridad de las telecomunicaciones de la Generalitat que, en poco tiempo, ha derivado hacia el espionaje pseudopolicial.
La filtración de centenares de documentos por parte de Anonymous —previamente robados por un extrabajador— ha destapado que el centro husmeó en las redes sociales y monitorizó la actividad de activistas y periodistas de izquierdas.
Sus responsables, además —así consta en los documentos— idearon un proyecto para convertir al Cesicat en el embrión de una suerte de CNI catalán, lo que ha levantado una polvareda política y ha puesto en jaque la supervivencia del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña.
El robo y posterior filtración de los datos han sacado los colores al Cesicat y ha descolocado al Gobierno catalán que, sin embargo, permanece inmóvil. Pese a que conoce la sustracción interna al menos desde el pasado verano, el Ejecutivo de Artur Mas se resiste a denunciar los hechos porque eso implicaría, entre otras cosas, admitir que el Cesicat desarrolló actividades ajenas a su misión original.
Según explicaron a este diario fuentes del Ejecutivo, un informático que trabajó allí entre septiembre y diciembre de 2012 accedió al ordenador del gerente y copió, en una unidad de memoria extraíble, cientos de archivos y correos electrónicos.
Los documentos acreditan que los técnicos del Cesicat —formado por una docena de informáticos y antiguos hackers, y con un presupuesto que ronda el millón de euros anual— no solo invirtieron su tiempo en prevenir que un virus atacase los equipos de la Administración.
Los expertos monitorizaron la actividad en Twitter de activistas sobre temas como la cumbre del Banco Central Europeo, el aniversario del movimiento de los indignaods, así como las campañas contra Bankia o contra el pago de peajes en las autopistas catalanas.
En los informes se hicieron constar, además, nombres de abogados, periodistas y medios de comunicación tradicionalmente ligados al activismo social. En una ocasión, al menos, el Cesicat elaboró un perfil con datos personales y profesionales del fotoperiodista Jordi Borràs, que ha presentado una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. (...)
En la situación actual, diversas fuentes conocedoras de la crisis tienen
una pregunta sin respuesta: ¿Por qué la Generalitat no denuncia la
incursión en una de sus plataformas de inteligencia llamada a jugar un
papel clave en un futuro estado catalán? ¿Existe la intención de dejar
caer a la institución, sin tratar de paliar la crisis?
Otras fuentes aseguran que la denuncia de todas las filtraciones
implicaría el reconocimiento automático de la autenticidad de todos los
documentos. Y eso a su vez obligaría a la institución y al Gobierno a
explicar por qué la fundación que nació con una misión clara —proteger
de ataques informáticos a estructuras críticas catalanas— ha derivado
hacia algo más nebuloso, con una misión y unos objetivos poco claros, en
la frontera de lo que se consideraría una labor policial o de
inteligencia." (Kairoi, El País, 04/12/2013)
"(...) Felip Puig (CiU)... señala en el informe que el gasto de la Agencia Nacional de Seguridad de Cataluña debería llegar a los 28,9 millones de euros.
En el momento de máximo rendimiento, la agencia de inteligencia -que legalmente solo es competencia del Gobierno- debería tener 306 agentes secretos de los Mossos d'Esquadra, y
debería configurarse al estilo del CNI español o las otras agencias de
inteligencia de los distintos países. El documento fija, incluso, dónde
estaría la sede, el perfil que tendría el director de la agencia y quién
la controlaría.
Además, entre los pasos a seguir, según consta en el informe, la ANS
debería abrir varias "líneas de actuación en paralelo". Entre estas,
destaca la de "entrar en contacto con los servicios de inteligencia de
Israel para conocer la organización de su agencia de Ciberseguridad",
este "contacto" se debería hacer a través de la Ertzaintza que "tiene
buenos contactos con empresas y el mundo gubernamental israelita".
En esta línea, el informe del Cesicat también señala que la agencia
de inteligencia debe entrar en contacto con el "Massachusetts Advanced
Ciber Security Center con el objetivo de conocer el funcionamiento,
organización y actividades" y "planear un posible marco de
colaboración".
Y otra de las "líneas de actuación" sería la de "dimensionar y
cuantificar las actividades, subcontrataciones y herramientas en
aspectos de seguridad que se realizan en todo el entorno de la
Generalidad". Todo esto dejando claro -según se apunta en el documento-
que el encaje jurídico de la agencia no está definido." (Crónica Global, 05/12/2013)
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