"Y que mejor para esta empresa que empezar con el derecho a decidir,
siendo este el eufemismo más manido y de mayor éxito del separatismo,
que se ha colado en el imaginario mental de ciudadanos, partidos
políticos y medios de comunicación a nivel regional y nacional, salvo
contadas excepciones.
Esta batalla simbólica la ha ganado el
nacionalismo, por mucho que insistamos en que ese supuesto derecho a
decidir no existe, o que las leyes no lo permiten, o que en realidad es
una mentira que encubre las ansias de exclusión de una parte de la
sociedad por la otra, más motivada, concienciada, obsesionada y activa. Seguiremos a rebufo si negamos la evidencia, jugando a defendernos, lo que normalmente lleva siempre a la derrota.
Así que pasemos al ataque, ¿queréis hacer un referendo separatista?
Pues hagámoslo, pero no con vuestras condiciones, dado que este hecho
supone vulnerar la Constitución y por tanto la modificación de múltiples
leyes y poner patas arriba el sistema institucional.
Estudiaremos en
profundidad cómo hacerlo de tal manera que cuatro décadas de
manipulación a través de la educación, los medios de comunicación y el
entramado asociativo subvencionado no vulneren el supuesto deseado
equilibrio que todos los contendientes deberían perseguir si realmente
lo que quieren es que todos podamos decidir en igualdad de condiciones.
Lo que en lenguaje pedagógico llamaríamos poner límites.
Y es que no hay nada más adecuado para las pretensiones sentimentales,
legítimas pero pueriles, que la pedagogía. Si tratamos con niños,
hablemos el lenguaje que entienden.
La fecha
Es evidente que es completamente inaceptable el año 2014 como fecha para
la celebración del referendo separatista, sería como hacerlo el mismo
día que España ganó el Mundial de fútbol. (...)
Para decidir hay que conocer y de momento todo está pertrechado para
que sólo pueda decidir una parte y la otra se encuentre con una
situación sobrevenida sin conciencia alguna de la realidad.
Por lo
tanto, el año 2018 podría ser una fecha plausible para llevar a cabo el
referendo, con tiempo suficiente para modificar la legalidad vigente, explicar a la sociedad la realidad posterior de una supuesta victoria del separatismo y obtener la legitimidad suficiente para cualquiera que sea el resultado de la votación.
La pregunta y la respuesta
La pregunta debe ser clara y explícita, sin ambages, explicada de
antemano con tiempo y recursos y haciendo consciente a la ciudadanía de
la responsabilidad que supone ejercer el voto en un o en otra dirección.
Una pregunta que no dejaría lugar a la duda sería podría ser: ‘¿Desea
que Cataluña siga formando parte de España y de la Unión Europea?’. Evidentemente el sí significaría decir no al separatismo. ¿Por qué vamos a renunciar a una palabra que en sí misma ya tiene una connotación positiva? (...)
Extrapolación inversa de la ley electoral actual
El un hombre un voto no ha estado nunca entre las prioridades del
separatismo con lo que en este hipotético referendo se mantendría el
sistema de votaciones igual pero invertiríamos los términos.
Dado que
cuatro décadas de preeminencia del voto rural de las provincias más
decantadas, por tanto, hacia posturas nacionalistas han supuesto un
desequilibrio de poder en las instituciones catalanas, es de justicia
que en un referendo tan importante para todos, si de verdad pretenden
una votación justa en la que todos decidamos de forma equilibrada, se
cediese por un día ese privilegio al rival que ha salido perjudicado
durante tanto tiempo.
La cortesía es fundamental en las relaciones de confianza, ¡qué
menos! Con lo que en este referendo, y también sería innegociable, los
votos se contabilizarían para el cómputo final mediante una
extrapolación inversa de la ley electoral actual.
El día después del
referendo, pasase lo que pasase, las fuerzas políticas catalanas se
comprometerían a desarrollar una ley electoral catalana que nos llevase definitivamente al un hombre un voto y así se cercenaría de una vez por todas esta manifiesta injusticia.
Contabilización del voto
Romper el statu quo no es algo baladí, con lo que la victoria de la
opción separatista no podría ser nunca aceptable al 51% del cómputo del
voto total desarrollado de la extrapolación inversa de la ley electoral
actual. El 65% sería lo aceptable por parte del Estado.
Si prácticamente
ninguna nación del mundo acepta en sus constituciones el derecho a la
separación y España sí lo hace, lo debería hacer asegurándose que los
ciudadanos que no queremos renunciar a nuestras raíces históricas y
culturales no quedemos aplastados por una parte de la población que no es capaz de convivir con la multiplicidad de identidades a la que muchos catalanes no vemos ningún problema.
A ese 65% del voto total se debería añadir la innegociable también
necesidad de voto negativo de más del 50% en cada una de las cuatro
provincias catalanas. Es decir, si el cómputo total del voto resultante
de la extrapolación inversa de la ley electoral actual sumase más de un
65% a favor del no a seguir formando parte de España, cada una de las provincias debería tener más de un 50% del voto negativo
también para que la separación se hiciese efectiva.
Esto evitaría que
una parte importante de la población catalana concentrada en los núcleos
mayores de población se encontrase atrapada en una realidad que no
desea mayoritariamente, escenario que podría conducir a una no
aceptación del resultado y a una posible rebeldía ante el mismo que nos
llevaría a la situación creadora del conflicto pero a la inversa.
Consecuencias del referendo
Así, la lectura de una derrota por parte del secesionismo sería como
la del seguidor fiel a su equipo que pierde, estaría clara y sería
esperar al año siguiente para hacer otro referendo, así ad infinítum hasta la victoria final;
ya ganaremos la liga del año que viene, esta estaba amañada por los
árbitros, hemos tenido mala suerte, se nos ha lesionado nuestra
estrella, justo ayer pasó un gato negro delante de mí, derramé la sal o
vete tú a saber.
Así que las condiciones, de nuevo innegociables, deberían quedar bien
claras. En 2018 habrían pasado 40 años de la votación afirmativa por
parte de más del 90% de los catalanes, con un 68% de participación, de
una Carta Magna que el Estado se habría visto obligado a modificar para
contentar a una parte de la población muy ruidosa y veríamos cuánto de
numerosa.
Así, pasarían otros 40 años hasta que pudiese volver a
celebrarse otro referendo de iguales características, si así lo deseasen la mayoría de fuerzas parlamentarias que en el 2058 ocupasen el Parlamento autonómico de Cataluña.
Mientras tanto, además de la modificación de la ley electoral, se
suprimirían todas las subvenciones partidistas dedicadas a la
construcción nacional, siendo revisadas las mismas por parte del Estado
para evitar la picaresca. (...)
Por último, TV3 sería completamente renovada y recortada hasta llevarla a
la dimensión adecuada al tamaño y la realidad de una Comunidad Autónoma
como es Cataluña, ejerciendo de vehículo de transmisión plural de la realidad
o en su defecto, si eso no fuese posible por la selección que durante
años se ha hecho de sus profesionales entre lo más selecto del
nacionalismo orgánico, privatizarla. Si los nacionalistas deseasen
mantener una televisión al servicio de unos cuantos deberían pagársela
ellos y tendrían toda la libertad para hacerlo, faltaría más. (...)
Rompamos su marco mental, lideremos la iniciativa política,
conceptualmente tenemos todas las de ganar. El contexto de crisis
económica está resultando la excusa perfecta para el auge de los
extremismos en todo el mundo.
Mientras la población despierta
sobresaltada de la ilusión burguesa y camina sin rumbo definido hacia no
se sabe dónde, el retorno a los valores de solidaridad, fraternidad, igualdad y justicia social harán imposible el triunfo de un nacionalismo que cada vez esconde menos su componente discriminatorio. Trabajemos en esa dirección, por el bien de todos." (Daniel Perales, lavozdebarcelona.com, 18/07/2013)
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