En todos los Estados comprometidos con el bienestar de la totalidad de sus ciudadanos habrá una considerable redistribución entre regiones

"Las diferentes teorías del derecho corrector reconocen una serie más extensa o más reducida de injusticias que dan origen al derecho a la secesión. Mi propia versión de la teoría del derecho corrector reconoce cuatro tipos distintos de injusticia: 

(i) anexión injusta del territorio de un Estado soberano,  

(ii) violaciones a gran escala de derechos humanos fundamentales, 

(iii) redistribución discriminatoria continuada y grave (distribución de los recursos del Estado que perjudica de manera injusta a una región determinada) 

y (iv) vulneración por parte del Estado de las obligaciones del régimen autonómico intraestatal o la negativa continuada a negociar una forma de autonomía intraestatal adecuada (...)

 En el caso de Cataluña, la anexión por parte de la España castellana tuvo lugar hace tres siglos. Cualquier principio moral general según el cual la secesión estaría justificada si sirviese para recuperar un territorio anexionado injustamente, que se remontase tan atrás en el tiempo, resultaría inaceptable. 

Provocaría una inestabilidad política masiva y, casi con toda seguridad, una violencia generalizada. También considero que es relativamente indiscutible que los catalanes no están sufriendo violaciones de sus derechos humanos fundamentales por parte del Estado español.

Me centraré en la aplicabilidad del tercer y cuarto tipo de injusticias. La acusación de redistribución discriminatoria se expresa a menudo de manera retóricamente dramática y tal vez exagerada con el lema “España nos roba”. Quienes alegan esto a veces pasan por alto el hecho de que en prácticamente todos los Estados comprometidos con el bienestar de la totalidad de sus ciudadanos habrá una considerable redistribución entre regiones. (...) 

A menos que rechacemos la idea misma del Estado de bienestar, debemos aceptar la redistribución. La verdadera cuestión es determinar cuándo la redistribución es injusta o discriminatoria. (...)

Demostrar que la redistribución discriminatoria está teniendo lugar y que es lo suficientemente grave como para justificar la respuesta radical de la secesión unilateral es más difícil de lo que admiten quienes alegan que es lo que está sucediendo en Cataluña.

 Un argumento contundente a favor del derecho de Cataluña a la secesión no consensuada puede alegarse sobre la base de que España no ha demostrado buena fe a la hora de responder a las demandas de mayor autonomía intraestatal. (...)

La cuestión es que ambos bandos tienen razones para desconfiar. La falta de confianza puede malograr la que, por otra parte, sería una solución satisfactoria: un acuerdo autonómico intraestatal que conceda al grupo regional descontento competencias considerables de autogobierno y permita al Estado conservar la soberanía sobre la región. (...)

En el otro plato de la balanza, resulta bastante razonable que a España le preocupe que, en caso de responder afirmativamente a la demanda de mayor autonomía de Cataluña, a dicha demanda le siga otra y que, al final, no le satisfaga nada que no sea la independencia.

No veo otra forma de resolver este problema de seguridad bilateral que no sea con la ayuda de una tercera parte independiente capaz de respaldar el proceso de negociación de autonomía intraestatal, de controlar que ambas partes cumplan con los términos del acuerdo y de proporcionar incentivos efectivos para que ambas partes cumplan. En el caso de Cataluña, la candidata evidente es la UE.   (...)

Desde el bando catalán, la buena fe debería incluir un compromiso firme con el Estado de bienestar de España, lo que significa reconocer que cualquier acuerdo autonómico que pueda surgir del diálogo debería ser compatible con el hecho de que Cataluña aporte la parte que le corresponda al sostenimiento del bienestar de todos los afectados."    ( Allen Buchanan , El País,  26 MAY 2013 )