La hacienda vasca debería haber cofinanciado un 60% del gasto primario del Estado en 2002 y un 67% en 2007, aunque solo contribuyeron a pagar en torno al 25% en ambos años

"El temido déficit fiscal de la balanza ha conseguido generalizar mucha confusión entre la ciudadanía. La función de una balanza no es la de valorar si la financiación de una región o un territorio es justa o injusta, su función es hacerla explícita. Veamos. (...)

Un ejemplo puede servir para entenderlo: supongamos que el Gobierno incrementa su inversión en una región, lógicamente el déficit fiscal de la balanza de esa región disminuirá, pero el sistema de financiación seguirá siendo el mismo, y no por ello la región tendrá más dinero para financiar las competencias que le han sido transferidas. (...)

Sin lugar a dudas, el problema no será que el modelo de financiación de nuestras autonomías necesite una reforma, que por supuesto la necesita, sino que vendrá por la difícil justificación que tiene en nuestros días las enormes diferencias que existen en la financiación por habitante entre los territorio forales y las regiones de régimen común. 

Recuerde el lector que son las propias haciendas forales las que recaudan y gestionan sus ingresos tributarios para que posteriormente y mediante una transferencia denominada cupo, revisable a través de leyes quinquenales, liquiden una cantidad al Estado para cubrir la financiación de los servicios prestados por el sector público en territorio foral.

Según un estudio del profesor Ángel de la Fuente, la hacienda vasca debería haber cofinanciado un 60% del gasto primario del Estado en 2002 y un 67% en 2007, aunque solo contribuyeron a pagar en torno al 25% en ambos años. Esta desigualdad se solucionaría con una corrección al alza en el cálculo del cupo.

 No haría falta modificar las leyes del concierto vasco, ni el convenio navarro. Solo haría falta ajustar las leyes quinquenales del cupo, que de un tiempo a esta parte, han infravalorado muy significativamente el coste de las cargas estatales que no es asumido por las instituciones vascas.

Es evidente que nuestro sistema de financiación necesita reformas. Pues bien, una de ellas debería ir encaminada a resolver el problema del déficit de equidad que plantea el sistema foral. Los resultados financieros del sistema (aunque no el sistema en sí mismo) violan el artículo 138.2 de nuestra Constitución que prohíbe que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales.

 Evidentemente cuando existen diferencias de financiación por habitante del orden del 60%, la calidad de los servicios públicos puede ser muy distinta en función del lugar donde uno reside."      (Almudena Semur, Expansión, en Caffe Reggio,31/12/2012)