"Debo confesar que me ha impresionado la entrevista a Oriol Junqueras (ERC) publicada recientemente en El País.(...)
Como ya sabíamos, se muestra claramente partidario de la independencia
de Cataluña, no sólo como alternativa política en sí misma, sino también
como la vía para salir de la actual crisis económica. (...)
Pero con lo claro que es, no dice nada sobre las consecuencias de la independencia y su plan para reducir su impacto, dando por hecho que éste sería positivo o, en el peor de los casos, poco importante.
Con todos mis respetos, y contrariamente a sus declaraciones, creo que ha quedado claramente demostrado por diferentes expertos
que la independencia de Cataluña podría tener consecuencias negativas
para su economía y, por ende, para la calidad de vida de sus ciudadanos.
En resumen, una Cataluña independiente podría verse en una situación en
el que no sólo no obtuviera financiación adicional del 5,8% del PIB
(derivado del ahorro de transferencias al Estado, como nos dice el Artur
Mas), sino que podría llegar a tener incluso un déficit de financiación
(derivado de la contracción económica y del aumento de la deuda
producidas por la separación). Es evidente que ante tal situación, y
dado que actualmente no tiene acceso a la financiación de los mercados,
Cataluña se vería abocada con toda probabilidad a aumentar los recortes y los impuestos para cubrir su déficit.
Sin descartar, en el peor de los casos, un rescate por parte del Fondo
Monetario Internacional (FMI) con la debida condicionalidad, dado que
estaría fuera de la Unión Europea (UE), o incluso una suspensión de
pagos tanto de los intereses como del principal de la deuda.
En fin, un
panorama nada alentador. Y todo ello en el supuesto que el proceso de
independencia se llevara a cabo de mutuo acuerdo, entre Cataluña y el
resto de España y, por lo tanto, entrañara el reconocimiento
internacional del nuevo Estado.
Pero aparte de las consecuencias puramente macroeconómicas referidas
anteriormente, ¿que otras consecuencias prácticas podrían derivarse de
la independencia de Cataluña? La mayoría de ellas se derivarían de su
salida de la UE en el momento de su independencia. Para facilitar la
lectura, sólo nombraré las más evidentes.
Una serie de sectores productivos catalanes verían reducir su
capacidad competitiva en el mercado europeo respecto de empresas que
permanecieran dentro de la UE por el hecho de tener que pagar los
aranceles que la UE impone a las empresas de estados terceros en sus
relaciones comerciales. Los principales afectados serían los sectores textil, automóvil y productos alimenticios
donde los picos arancelarios europeos son mayores.
Pero, por si fuera
poco, un número importante de sectores productivos (además de los
anteriores) como el químico, juguetero, productos sanitarios, etc.,
podrían verse también afectados por las medidas de protección al
consumidor impuestas por la UE (certificaciones, etiquetado, etc.) que
actualmente son supervisadas directamente por las autoridades españolas
y, por lo tanto, su cumplimiento reconocido por el resto de estados
miembros de la UE.
Como consecuencia de ello, un número no desdeñable de empresas (tanto
nacionales como multinacionales) podría plantearse seriamente el
traslado no sólo de sus sedes, sino también de algunas de sus
instalaciones (fábricas, centros de distribución, etc.) hacia lugares
fuera de Cataluña pero dentro de la UE (sean éstos dentro de España o en
otro estado miembro de la UE) con el fin de poder seguir teniendo
acceso directo al mercado único europeo (no estar sometidos a los
aranceles externos, así como gozar de las otras ventajas derivadas de la
libre circulación de bienes y servicios en su interior).
Estos dos
efectos (reducción de la capacidad competitiva y traslado de
instalaciones), en función de su importancia, podría tener un impacto
negativo en la capacidad económica de Cataluña y en su nivel de empleo.
Incluso diría más, el segundo efecto podría empezar a producirse desde
ahora mismo aun en el caso en que la independencia de Cataluña no
tuviere lugar, pero tuviera visos de llegarse a producir en un futuro,
por la incertidumbre que genera entre los inversores.
Si bien la salida de Cataluña de la UE no debería tener un impacto
significativo en términos presupuestarios globales (actualmente,
Cataluña no es un contribuyente significativo en términos netos), el sector agrícola catalán se vería afectado negativamente,
ya que dejaría de percibirse las subvenciones actuales ligadas a la
Política Agraria Común (PAC), y que suponen alrededor del 40% del
presupuesto total de la UE.
Además, las exportaciones del sector
agrícola catalán a la UE estarían sometidas a sus aranceles (en general
significativamente superiores a los del sector industrial), cuotas y
normativa sanitaria y fitosanitaria, lo que, al igual que con el sector
industrial, vería reducida su competitividad en el mercado único
europeo.
En términos estrictamente jurídicos, una Cataluña independiente
quedaría no sólo fuera de la UE, sino también fuera del euro. Sin
embargo, es perfectamene plausible (y probablemente la mejor
alternativa) que la Generalidad, ante la perspectiva de su posterior
re-ingreso en la UE, tomara la decisión de mantener el euro como moneda
de curso legal, en lugar de crear su propia moneda o volver a la peseta
(las otras dos opciones posibles).
Algo parecido a lo que han hecho
algunos países en el mundo: por ejemplo, Estonia, antes de entrar en la
eurozona, Montenegro (euro), Panamá y Ecuador (con el dólar), etc. Sin
embargo, esta decisión (mantener el euro) tiene también sus costes
económicos, ya que Cataluña renunciaría así a dos palancas fundamentales
para la conducción de la política económica, como son la política cambiaria y la política monetaria.
Actualmente,
éste es el caso también, pero sólo hasta cierto punto, de España, ya
que tiene voz y voto en las decisiones del Banco Central Europeo (BCE)
y, por lo tanto, influencia en las decisiones que se adoptan a este
respecto. Pero este no sería el caso de Cataluña mientras siguiera fuera
de la UE.
Pero la cuestión más importante en este campo sería la falta de
acceso por parte de los bancos (y cajas) catalanes a las operaciones de
refinanciación del BCE. Ante la falta de acceso de los bancos (y cajas)
españoles (incluidos los catalanes) a los mercados internacionales tanto
interbancario como de bonos (con la excepción muy reciente del Banco
Santander y el BBVA en volúmenes relativamente modestos), tal situación
podría traducirse en un riesgo serio para la supervivencia de algunos de
ellos o como mínimo en una reducción significativa de sus respectivos
balances y la subsiguiente contracción del crédito bancario, lo que
tendría un indudable impacto negativo en la actividad económica.
Este
riesgo es de tal importancia para el conjunto del sistema bancario
catalán que no sería descartable que algunas de las entidades decidieran
trasladar sus sedes al interior de la zona euro. En cualquier caso, las
operaciones realizadas por las entidades catalanas en el resto de
España, ya fuera directamente a través de sucursales o vía entidades
subsidiarias, pasarían a ser supervisadas por el Banco de España, como pasa actualmente con cualquier entidad de fuera de la UE.
Finalmente, todos los ciudadanos con pasaporte catalán se verían
sometidos a la necesidad de obtener un visado para viajar a la UE
(requisito de la zona Schengen). Asimismo, el nivel de protección
consular en el extranjero en general se vería sensiblemente reducido
para los ciudadanos catalanes (turistas, hombres de negocios,
trabajadores, etc.), ya que es de suponer que el número de embajadas y
consulados sería significativamente inferior al actual de España alrededor del mundo.
A menos que un acuerdo con España nos permitiera seguir utilizando
nuestros actuales pasaportes españoles (doble nacionalidad). Ante esta
situación, podría darse la paradoja que el número de españoles viviendo
en Cataluña fuera superior al número de puramente catalanes.
Algo parecido pasaría con las becas Erasmus, tan populares entre
nuestros universitarios, otorgadas en el marco de la UE para la
movilidad de estudiantes, que sólo estarían al alcance de ciudadanos
detentores de un pasaporte de uno de sus estados miembros.
En fin, estoy de acuerdo con Junqueras, es mejor decir las cosas claras para que los ciudadanos sean conscientes de las consecuencias de la independencia de Cataluña." (Víctor Andrés Maldonado, lavozdebarcelona.com, 19/12/2012)
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