‘Es cierto que una menor aportación a la Hacienda estatal dejaría a la administración catalana en una mejor posición financiera, pero al coste de acentuar los recortes necesarios en otros territorios’

"Ángel de la Fuente, doctor en Economía y miembro del Instituto de Análisis Económico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en un artículo publicado en El Periódico el pasado martes 22 de mayo:

‘[...] Lo sorprendente del documento [sobre el pacto fiscal] son los argumentos que el CAREC [Consejo Asesor para la Reactivación Económica y el Crecimiento de la Generalidad] invoca para justificar su apoyo incondicional a las tesis del actual Gobierno [autonómico]. 

Los autores del informe no parten de los supuestos derechos históricos del pueblo catalán o de sus sentimientos nacionales, sino de principios de eficiencia, equidad, responsabilidad y solidaridad, y sostienen que su propuesta no ha de verse como una reivindicación política sino como el planteamiento de una ‘fórmula racional de relación económica’ entre administraciones cuya aplicación ‘estimularía la reactivación económica y favorecería el progreso económico y social de Cataluña y del conjunto del Estado’. Casi nada. (...)

El informe insiste mucho, por ejemplo, en el principio de responsabilidad fiscal, en la conveniencia de que los gobiernos rindan cuenta ante sus ciudadanos no solo de sus gastos sino también de los impuestos que los financian.

 Completamente de acuerdo, pero no termino de ver por qué este principio no debería aplicarse también al Gobierno central, al que los autores del informe quieren privar completamente de responsabilidades (e instrumentos) tributarios, al menos en territorio catalán. Algo similar sucede en relación con la gestión tributaria. 

La parte del informe destinada al tema viene a decir que para evitar ineficiencias y problemas de inseguridad jurídica sería muy recomendable que la Hacienda central y la nueva agencia catalana siguieran comportándose tras su divorcio como muy buenos amigos. En ambos casos, la conclusión lógica del principio invocado es la opuesta a la que defienden los autores.

Puesto que tanto el Gobierno central como el catalán tienen importantes competencias de gasto, los dos necesitan instrumentos de ingreso y es bueno que rindan cuentas a los ciudadanos, lo que exige un reparto equilibrado de competencias e ingresos tributarios entre las dos administraciones y no el monopolio de los mismos por la Generalidad. 

Y dado que existen obvias economías de escala y alcance en la gestión tributaria, lo más eficiente sería la creación de una administración tributaria única (un consorcio entre el Estado y las autonomías) y no el desmembramiento de la AEAT.

Eso en cuanto a la eficiencia. Por lo que respecta a la equidad, lo que el CAREC pide en la práctica es que Cataluña pueda quedarse con una parte mayor de su dinero. En contra de lo que sostiene el informe, es muy dudoso que esto pueda darle a la Generalidad instrumentos efectivos para la reactivación económica.

 (Si el keynesianismo en un solo país ya es complicado, imagínense el problema a nivel regional). Por otra parte, es cierto que una menor aportación a la Hacienda estatal dejaría a la administración catalana en una mejor posición financiera, lo que le permitiría suavizar los actuales recortes, pero al coste de acentuar los recortes necesarios en otros territorios. [...]

[...] Los autores del informe son tan libres de defender sus ideas políticas como cualquier otro ciudadano pero no deberían intentar dar gato por liebre a la opinión pública, disfrazando como conclusiones técnicas inapelables cosas que distan mucho de serlo [...]‘."             (lavozdebarcelona.com, 30/05/2012)