"La Ley de Dependencia se aprobó con un gran consenso político, una expresión de cooperación que había de traducirse en un sistema único para toda España. Con ese ánimo empezaron las negociaciones entre comunidades y se consiguió el primer logro: un baremo común para evaluar en todos los ciudadanos su grado de dependencia. Nada de esto era obligatorio, sino voluntario por completo, porque esta ley no distribuía competencias sino que trataba de homologar 17 sistemas de atención social distintos que nacieron en cada comunidad. (...)
Las administraciones pretendían que todos los ciudadanos aportaran lo mismo de su bolsillo y que recibieran los mismos servicios en cada territorio. Pero esos dos acuerdos, el copago y el de la calidad de los servicios que se prestan, han encallado. La ley se ha puesto en marcha sin que se haya decidido un modelo común para cada cosa. (...)
Todo ello hace difícil un acuerdo sobre lo que le corresponde a cada cuál y cómo podrá afrontar los gastos. " (El País, ed. Galicia, Sociedad, 11/10/2008. p. 40)
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