"La justicia, pilar básico de todo Estado democrático, vuelve a ser la gran olvidada en la campaña. Los candidatos a las elecciones catalanas del 14 de febrero han obviado las mejoras necesarias en esta administración en sus debates. Por ello, es necesario acudir a sus programas electorales para conocer sus propuestas. Junts per Catalunya (JxCat), ERC y CUP dan un enfoque secesionista a la cuestión, con referencias a lo que consideran “represión” de los jueces.
El partido de Carles Puigdemont va más allá e incluso propone fiscalizar la labor de los profesionales de la justicia para evitar, según él, “actitudes antidemocráticas”. El resto de formaciones proponen medidas para modernizar los órganos judiciales, que todavía adolecen de carencias en digitalización, y reforzar las plantillas.
JxCat: "Vigilancia del sistema judicial"
La Generalitat tiene competencias en materia de gestión en la Administración de Justicia, pero tanto jueces como fiscales son un cuerpo nacional. Los partidos secesionistas defienden una independencia judicial en la línea de lo apuntado en sus leyes de ruptura. Concretamente en la Ley de transición hacia la república catalana, que preveía un control absoluto de los jueces. El programa de JxCat abunda en esa idea e incluso propone un sistema de “vigilancia” del sistema judicial.
“En los últimos tiempos estamos viendo que el Estado utiliza la justicia como herramienta para reprimir la disidencia. Cataluña necesita, pues, la independencia también para liberarse de ese yugo”, indica el programa de los neoconvergentes.
Tras proponer una ley de amnistía para “3.000 personas represaliadas”, JxCat apuesta por un observatorio de la justicia para “detectar ineficiencias del sistema judicial y articular las correspondientes propuestas de solución”.
Uso del catalán
Asimismo, la candidatura de Puigdemont está a favor de “vigilar el uso sesgado, antidemocrático o irrespetuoso con los derechos fundamentales del derecho y/o el sistema judicial para denunciar las vulneraciones y, en su caso, impulsar el ejercicio de las acciones que procedan". Como por ejemplo “denunciar las actuaciones de tribunales que no sean imparciales así como las investigaciones o actuaciones de la fiscalía carentes de neutralidad” y “promover el ejercicio de las acciones necesarias para defender a los catalanes y catalanas que se vean perseguidos por motivos ideológicos”.
JxCat exige “el pleno reconocimiento del uso del catalán en las instituciones judiciales y que su conocimiento sea un requisito para poder ejercer en la Administración de Justicia de Cataluña”, así como “exigir que el catalán sea la lengua vehicular de todos los procedimientos judiciales en Cataluña”.
ERC y la "judicialización" de la vida política
ERC también hace referencia en su programa a la "represión" judicial. “La legislatura actual ha estado marcada por la judicialización de la vida política a raíz de la celebración del referéndum del 1 de octubre y de un proceso judicial en contra del movimiento independentista que no ha tenido nada que ver ni con la justicia ni con la separación de poderes”.
Al igual que JxCat, dedica atención “reconocer y dignificar los derechos de las personas usuarias, consumidoras, litigantes y solicitantes al uso de la lengua para poder mantener en todos los ámbitos administrativos, judiciales y oficiales, dotando de recursos su promoción y aplicación en todos los ámbitos y en el software público y privado a partir de la reanudación de la dinamización lingüística”.
CUP y la "hostilidad" de la judicatura
La CUP quiere una reformulación del poder judicial ante “tanta hostilidad de la judicatura y la fiscalía que existe en este momento en Cataluña”. Por ello, quiere “garantizar el respeto de este colectivo hacia al proceso político que vive el país y no interferir en el campo de recuperación de soberanías, que además tendrá máxima expresión en el proceso de ruptura”.
En materia de seguridad, los antisistema proponen “auditar públicamente desde el Parlament
el funcionamiento de la División de Información el Complejo Central de
Egara (Comisaría General de los Mossos) para poder evaluar su
funcionamiento y qué persecución política ilegal ha llevado a cabo desde
la su creación”, así como “trabajar para desarticular las Unidades de Investigación,
que funcionan como espacios de policía política destinada al control de
los movimientos sociales y políticos y su criminalización. Proponemos
la desaparición de las Unidades de Información”. La creación de un "Observatorio de Control y Garantía de los Derechos Humanos de
los cuerpos policiales en Cataluña” es otra de las propuestas de la CUP
con la finalidad de asumir “funciones de control, denuncia y
transparencia en relación con las vulneraciones de Derechos Humanos
perpetradas por los cuerpos de seguridad”. (...)" (María Jesús Cañizares, Crónica Global, 06/02/21)
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