"El ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una entrevista en Vilaweb,
reclama que "tenemos que estar pendientes de poner en tensión un cuerpo
policial para tener el control de territorio? Que al final es control
de personas. No solo control físico sino de personas. Debemos ser
capaces de preparar el control del territorio, y tenerlo a punto cuando
volvemos a encontrar aquella pared que España siempre tiene preparada".
"La lección de 2017 es que cuando España, incluso en momentos tan críticos, habla de negociar, no nos lo tenemos que creer. Hemos de aprender. Y no volver a cometer este error. Esta lección la pongo al servicio de generaciones futuras: que entiendan que delante hay un estado que es trilero. Lección para relacionarse con el Estado español en el futuro", apunta por otra parte.
Puigdemont cree que "si España nos señala como único camino transitable para que Cataluña sea un estado independiente, y ejerza el derecho a la autodeterminación, el de gestionar un conflicto con España, las lecciones de octubre del 2017 son muy útiles".
El ex president cree que "nosotros no tenemos que poner la violencia. Y que la violencia es algo muy diferente de la resistencia activa y otras cosas. Nosotros hemos de preguntar cada día en España si piensa renunciar a la violencia para impedir la independencia. Del mismo modo que yo sí estoy dispuesto a renunciar a la violencia para llegar a la independencia".
Finalmente señala que "una parte de los miembros de la Guardia Civil, a diferencia de la Policía Nacional, viven aquí y se integran familiarmente. Esta gente es necesario que sientan que una República independiente también es suya, aunque ellos no la quieran". (e-notícies, 23/07/20)
"La lección de 2017 es que cuando España, incluso en momentos tan críticos, habla de negociar, no nos lo tenemos que creer. Hemos de aprender. Y no volver a cometer este error. Esta lección la pongo al servicio de generaciones futuras: que entiendan que delante hay un estado que es trilero. Lección para relacionarse con el Estado español en el futuro", apunta por otra parte.
Puigdemont cree que "si España nos señala como único camino transitable para que Cataluña sea un estado independiente, y ejerza el derecho a la autodeterminación, el de gestionar un conflicto con España, las lecciones de octubre del 2017 son muy útiles".
El ex president cree que "nosotros no tenemos que poner la violencia. Y que la violencia es algo muy diferente de la resistencia activa y otras cosas. Nosotros hemos de preguntar cada día en España si piensa renunciar a la violencia para impedir la independencia. Del mismo modo que yo sí estoy dispuesto a renunciar a la violencia para llegar a la independencia".
Finalmente señala que "una parte de los miembros de la Guardia Civil, a diferencia de la Policía Nacional, viven aquí y se integran familiarmente. Esta gente es necesario que sientan que una República independiente también es suya, aunque ellos no la quieran". (e-notícies, 23/07/20)
"El día después de la vía eslovena: la purga que dejó sin nacionalidad a 25.000 personas. El proceso independentista que la Generalitat ha tomado como modelo para Cataluña purgó de los registros a miles de 'falsos eslovenos'.
Es bien sabido que Eslovenia consiguió la independencia de la extinta Yugoslavia en junio de 1991 tras 10 días de conflicto armado, 76 muertos y el apoyo de estados como Alemania o el Vaticano. Pero se sabe mucho menos de lo que ocurrió justo después, de la pos-independencia. Una de las primeras acciones del recién inaugurado Gobierno constituyó una grave violación de derechos humanos, según los propios tribunales europeos: en febrero de 1992 se suprimeron en los registros civiles los nombres de todos los ciudadanos que no habían solicitado —o a los que se les había negado— la nueva ciudadanía.
La decisión afectó a aquellos que no se sentían parte de esa nueva patria, así como a aquellos que las autoridades no consideraron 'verdaderos eslovenos' por sus atecedentes culturales, políticos o étnicos. El atropello afectó a más de 25.000 individuos que fueron despojados de su estatus legal —se convirtieron en apátridas de la noche a la mañana— y que hoy, más de 25 años después, tras varias sentencias nacionales e internacionales, siguen pleiteando en los tribunales o han rehecho sus vidas en terceros países.
De acuerdo con los datos proporcionados por instituciones y organizaciones de la Unión Europea, más de un 1% de la población, al menos 25.671 personas, 'desaparecieron' de los registros de residentes permanentes. La operación fue autorizada por los responsables del Ministerio de Interior esloveno y se puso en marcha sin informar previamente a los afectados, que perdieron su derecho a trabajar, a recibir asistencia médica y a todos los beneficios sociales (pensiones, trabajos en la Administración pública, etcétera). En los casos más dramáticos, fueron directamente expulsados del país. Otros se enteraron cuando se les denegó la entrada tras regresar de un viaje al extranjero.
¿Cómo ocurrió algo así? “La respuesta es sencilla. La iniciativa la impulsaron los partidos de la derecha nacionalista. Pero también los partidos de centro-izquierda, temerosos de perder votos, no quisieron hacer nada en los años posteriores para tratar de corregir las injusticias que sufrieron los ‘borrados’ [las víctimas de esta supresión de ciudadanía]”, explica a El Confidencial Matevž Krivic, abogado, exjuez del Tribunal Constitucional esloveno y una de las personas que más se han esforzado por intentar resolver el caso. “Durante mucho tiempo, ningún Gobierno quiso enfrentarse a este problema. La opinión pública veía muy negativamente a los borrados", coincide en una entrevista vía correo la investigadora Maja Ladic, del Instituto para la Paz (Mirovni Institute) de Liubliana, "y los políticos temían perder su popularidad si intentaban resolver el problema”.
Los no eslovenos
Esta cancelación masiva golpeó en particular a personas que habían estado viviendo varios años en Eslovenia pero habían nacido en otros estados de la hoy difunta Yugoslavia socialista, y que o no habían solicitado la nacionalidad eslovena en los seis meses posteriores a la declaración de independencia del país, o habían sido rechazados por distintos motivos. Algunos de ellos habían pertenecido al Ejército Nacional Yugoslavo, aunque las organizaciones también encontraron casos de personas nacidas en Eslovenia pero cuyos padres nacieron en otras repúblicas de la hoy extinta Yugoslavia. La vieja república federal de Tito permitía —incluso potenciaba— que la población se mezclase y se desplazase libremente por el territorio. Era habitual cambiar de territorio mediante el estatus de 'residente permanente', que permitía acceder a los mismos derechos que los demás conservando la nacionalidad de su país de origen.
La medida tuvo efectos dramáticos. “En 1993, la policía irrumpió en nuestro apartamento y nos pidió entregarles todos nuestros pasaportes. También el de nuestra hija más pequeña, nacida en Eslovenia y que no había vivido en ningún otro lugar. Fue un 'shock”, explica una mujer bosnia, según el testimonio recogido por el Instituto para la Paz de Liubliana. “En 1991, solicité la nueva ciudadanía para toda mi familia. Aceptaron las peticiones de mi mujer y de mis hijos, pero la mía no, porque faltaban algunos papeles. Les respondí que no podía viajar para recuperar estos documentos porque había sufrido un grave accidente de tránsito y me borraron”, contó otro ciudadano nacido en Serbia y que llevaba más de 30 años viviendo y trabajando en Eslovenia cuando fue objeto de la cancelación.
“Han perdido el derecho a votar, a ser elegidos, incluso a recibir una pensión después de las décadas transcurridas en Eslovenia”, rezaba, por su parte, un informe de 1996 del Instituto Helsinki Monitor. “Tampoco tienen derecho a recibir tratamientos médicos gratuitos por los cuales han pagado impuestos toda su vida (…) o poseer inmuebles que han comprado”, continúa el testimonio. No poder poseer una cuenta en un banco o tener acceso a cuidados médicos, hasta el fenómeno de las familias rotas por la expulsión del país de un familiar, fueron otras consecuencias de la medida para miles de individuos.
El fin de las hostilidades y el desmoronamiento definitivo de Yugoslavia tampoco acarrearon una solución definitiva al problema. Porque el asunto se escondió durante mucho tiempo bajo la alfombra. El tema empezó a sacudir a la opinión pública en 2012, gracias a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el procedimiento conocido como Kuric v. Slovenia, la Gran Sala del TEDH reconoció que los demandantes habían sufrido discriminación y dispuso un plazo de un año para la creación de un plan nacional de indemnizaciones para las víctimas. “Sin el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el problema probablemente nunca se habría encarado”, opina Lalic.
Una rabia que persiste
Incluso después de la intervención de la corte europea, solo unos pocos, menos de la mitad, recuperaron los derechos perdidos. “De esos 25.671, solo 11.000 han recuperado su estatus legal en la actualidad. Unos 3.000 fallecieron y, para los restantes 12.000, el Tribunal Constitucional esloveno pidió ya en el lejano 2003 una regularización de su estatus. Pero esto fue ignorado hasta 2010, cuando la ley sobre los borrados fue parcialmente enmendada”, sostiene Krivic. “Los casos más graves son los de los apátridas, que todavía existen. Es el caso de algunos niños nacidos en Eslovenia fruto de uniones de personas de otras repúblicas yugoslavas”, señala la investigadora Ladic.
La batalla de los borrados, de hecho, también ha generado en estos años multitud de debates jurídicos y legislativos dentro y fuera de Eslovenia. Desde 1992 ha habido, en total, dos sentencias del Tribunal Constitucional esloveno, tres leyes nacionales, dos pronunciamientos del TEDH, un esquema de compensaciones (en 2014), un referéndum poco tiempo después y numerosos informes académicos. Algo que, sin embargo, no ha resuelto la indignación y la rabia de muchos de los afectados. Todavía hay casos que se reportan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asegura Krivic. “Es una vergüenza para Eslovenia”, insiste el juez. Las compensaciones económicas para las víctimas se siguen peleando en los tribunales a día de hoy y el tema sigue ocupando estos días a la opinión pública de la joven república, la más próspera de la extinta Yugoslavia.
Esto se debe, en parte, a que las indemnizaciones han sido escasas. En concreto, según cifras enviadas por el Gobierno esloveno a El Confidencial, 8.176 individuos han presentado solicitudes y 5.792 han obtenido hasta la fecha una indemnización por los daños sufridos, tras el establecimiento del esquema de compensaciones de 2014. “En total, el Estado aprobó indemnizaciones por unos 26,4 millones de euros, el equivalente a un promedio de 4.500 euros por cada individuo damnificado. Nadie recibió más de 13.000 euros”, afirma Ladic. “El Estado se ha esforzado en los últimos cinco años para dar una justa reparación”, sostiene, por su parte, una portavoz del Gobierno esloveno.
Con el paso de los años se han conocido además detalles escabrosos sobre cómo se llegó a esa decisión entre 1991 y 1992. De acuerdo con la documentación recabada por el Instituto para la Paz de Liubliana, el entonces ministerio del Interior sabía qué consecuencias tendría el acto. “Tenemos que ignorar los derechos que estas personas tienen ahora”, se lee en una carta del ministro de la época, Igor Bavčar. Una misiva en la que, haciendo sus recomendaciones al Gobierno esloveno, el organismo se dice consciente también de que estas personas poseen familiares en Eslovenia y, por tanto, tienen un arraigo en el país.
El caso ha manchado el expediente internacional de Eslovenia. Ha llegado a ser el Estado de los 47 miembros del Consejo de Europa con el porcentaje per cápita más alto de denuncias por violaciones de derechos humanos, según un informe del TEDH de 2014, con 148 violaciones por cada millón de individuos. Hasta 2016, Eslovenia había perdido el 94% de los procesos en los que era parte, una tasa equivalente solo a la de Rusia." (Irene Savio, El Confidencial, 12/012/18)
Es bien sabido que Eslovenia consiguió la independencia de la extinta Yugoslavia en junio de 1991 tras 10 días de conflicto armado, 76 muertos y el apoyo de estados como Alemania o el Vaticano. Pero se sabe mucho menos de lo que ocurrió justo después, de la pos-independencia. Una de las primeras acciones del recién inaugurado Gobierno constituyó una grave violación de derechos humanos, según los propios tribunales europeos: en febrero de 1992 se suprimeron en los registros civiles los nombres de todos los ciudadanos que no habían solicitado —o a los que se les había negado— la nueva ciudadanía.
La decisión afectó a aquellos que no se sentían parte de esa nueva patria, así como a aquellos que las autoridades no consideraron 'verdaderos eslovenos' por sus atecedentes culturales, políticos o étnicos. El atropello afectó a más de 25.000 individuos que fueron despojados de su estatus legal —se convirtieron en apátridas de la noche a la mañana— y que hoy, más de 25 años después, tras varias sentencias nacionales e internacionales, siguen pleiteando en los tribunales o han rehecho sus vidas en terceros países.
De acuerdo con los datos proporcionados por instituciones y organizaciones de la Unión Europea, más de un 1% de la población, al menos 25.671 personas, 'desaparecieron' de los registros de residentes permanentes. La operación fue autorizada por los responsables del Ministerio de Interior esloveno y se puso en marcha sin informar previamente a los afectados, que perdieron su derecho a trabajar, a recibir asistencia médica y a todos los beneficios sociales (pensiones, trabajos en la Administración pública, etcétera). En los casos más dramáticos, fueron directamente expulsados del país. Otros se enteraron cuando se les denegó la entrada tras regresar de un viaje al extranjero.
¿Cómo ocurrió algo así? “La respuesta es sencilla. La iniciativa la impulsaron los partidos de la derecha nacionalista. Pero también los partidos de centro-izquierda, temerosos de perder votos, no quisieron hacer nada en los años posteriores para tratar de corregir las injusticias que sufrieron los ‘borrados’ [las víctimas de esta supresión de ciudadanía]”, explica a El Confidencial Matevž Krivic, abogado, exjuez del Tribunal Constitucional esloveno y una de las personas que más se han esforzado por intentar resolver el caso. “Durante mucho tiempo, ningún Gobierno quiso enfrentarse a este problema. La opinión pública veía muy negativamente a los borrados", coincide en una entrevista vía correo la investigadora Maja Ladic, del Instituto para la Paz (Mirovni Institute) de Liubliana, "y los políticos temían perder su popularidad si intentaban resolver el problema”.
Los no eslovenos
Esta cancelación masiva golpeó en particular a personas que habían estado viviendo varios años en Eslovenia pero habían nacido en otros estados de la hoy difunta Yugoslavia socialista, y que o no habían solicitado la nacionalidad eslovena en los seis meses posteriores a la declaración de independencia del país, o habían sido rechazados por distintos motivos. Algunos de ellos habían pertenecido al Ejército Nacional Yugoslavo, aunque las organizaciones también encontraron casos de personas nacidas en Eslovenia pero cuyos padres nacieron en otras repúblicas de la hoy extinta Yugoslavia. La vieja república federal de Tito permitía —incluso potenciaba— que la población se mezclase y se desplazase libremente por el territorio. Era habitual cambiar de territorio mediante el estatus de 'residente permanente', que permitía acceder a los mismos derechos que los demás conservando la nacionalidad de su país de origen.
La medida tuvo efectos dramáticos. “En 1993, la policía irrumpió en nuestro apartamento y nos pidió entregarles todos nuestros pasaportes. También el de nuestra hija más pequeña, nacida en Eslovenia y que no había vivido en ningún otro lugar. Fue un 'shock”, explica una mujer bosnia, según el testimonio recogido por el Instituto para la Paz de Liubliana. “En 1991, solicité la nueva ciudadanía para toda mi familia. Aceptaron las peticiones de mi mujer y de mis hijos, pero la mía no, porque faltaban algunos papeles. Les respondí que no podía viajar para recuperar estos documentos porque había sufrido un grave accidente de tránsito y me borraron”, contó otro ciudadano nacido en Serbia y que llevaba más de 30 años viviendo y trabajando en Eslovenia cuando fue objeto de la cancelación.
“Han perdido el derecho a votar, a ser elegidos, incluso a recibir una pensión después de las décadas transcurridas en Eslovenia”, rezaba, por su parte, un informe de 1996 del Instituto Helsinki Monitor. “Tampoco tienen derecho a recibir tratamientos médicos gratuitos por los cuales han pagado impuestos toda su vida (…) o poseer inmuebles que han comprado”, continúa el testimonio. No poder poseer una cuenta en un banco o tener acceso a cuidados médicos, hasta el fenómeno de las familias rotas por la expulsión del país de un familiar, fueron otras consecuencias de la medida para miles de individuos.
El fin de las hostilidades y el desmoronamiento definitivo de Yugoslavia tampoco acarrearon una solución definitiva al problema. Porque el asunto se escondió durante mucho tiempo bajo la alfombra. El tema empezó a sacudir a la opinión pública en 2012, gracias a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el procedimiento conocido como Kuric v. Slovenia, la Gran Sala del TEDH reconoció que los demandantes habían sufrido discriminación y dispuso un plazo de un año para la creación de un plan nacional de indemnizaciones para las víctimas. “Sin el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el problema probablemente nunca se habría encarado”, opina Lalic.
Una rabia que persiste
Incluso después de la intervención de la corte europea, solo unos pocos, menos de la mitad, recuperaron los derechos perdidos. “De esos 25.671, solo 11.000 han recuperado su estatus legal en la actualidad. Unos 3.000 fallecieron y, para los restantes 12.000, el Tribunal Constitucional esloveno pidió ya en el lejano 2003 una regularización de su estatus. Pero esto fue ignorado hasta 2010, cuando la ley sobre los borrados fue parcialmente enmendada”, sostiene Krivic. “Los casos más graves son los de los apátridas, que todavía existen. Es el caso de algunos niños nacidos en Eslovenia fruto de uniones de personas de otras repúblicas yugoslavas”, señala la investigadora Ladic.
La batalla de los borrados, de hecho, también ha generado en estos años multitud de debates jurídicos y legislativos dentro y fuera de Eslovenia. Desde 1992 ha habido, en total, dos sentencias del Tribunal Constitucional esloveno, tres leyes nacionales, dos pronunciamientos del TEDH, un esquema de compensaciones (en 2014), un referéndum poco tiempo después y numerosos informes académicos. Algo que, sin embargo, no ha resuelto la indignación y la rabia de muchos de los afectados. Todavía hay casos que se reportan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asegura Krivic. “Es una vergüenza para Eslovenia”, insiste el juez. Las compensaciones económicas para las víctimas se siguen peleando en los tribunales a día de hoy y el tema sigue ocupando estos días a la opinión pública de la joven república, la más próspera de la extinta Yugoslavia.
Esto se debe, en parte, a que las indemnizaciones han sido escasas. En concreto, según cifras enviadas por el Gobierno esloveno a El Confidencial, 8.176 individuos han presentado solicitudes y 5.792 han obtenido hasta la fecha una indemnización por los daños sufridos, tras el establecimiento del esquema de compensaciones de 2014. “En total, el Estado aprobó indemnizaciones por unos 26,4 millones de euros, el equivalente a un promedio de 4.500 euros por cada individuo damnificado. Nadie recibió más de 13.000 euros”, afirma Ladic. “El Estado se ha esforzado en los últimos cinco años para dar una justa reparación”, sostiene, por su parte, una portavoz del Gobierno esloveno.
Con el paso de los años se han conocido además detalles escabrosos sobre cómo se llegó a esa decisión entre 1991 y 1992. De acuerdo con la documentación recabada por el Instituto para la Paz de Liubliana, el entonces ministerio del Interior sabía qué consecuencias tendría el acto. “Tenemos que ignorar los derechos que estas personas tienen ahora”, se lee en una carta del ministro de la época, Igor Bavčar. Una misiva en la que, haciendo sus recomendaciones al Gobierno esloveno, el organismo se dice consciente también de que estas personas poseen familiares en Eslovenia y, por tanto, tienen un arraigo en el país.
El caso ha manchado el expediente internacional de Eslovenia. Ha llegado a ser el Estado de los 47 miembros del Consejo de Europa con el porcentaje per cápita más alto de denuncias por violaciones de derechos humanos, según un informe del TEDH de 2014, con 148 violaciones por cada millón de individuos. Hasta 2016, Eslovenia había perdido el 94% de los procesos en los que era parte, una tasa equivalente solo a la de Rusia." (Irene Savio, El Confidencial, 12/012/18)
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