"Un sospechoso informe reservado es el clavo ardiendo al que se agarra el jefe de la Guardia Urbana de Molins de Rei, Jordi Molina Bejarano, para justificar el hostigamiento y persecución a dos agentes del cuerpo que están a su cargo por el mero hecho de que son “constitucionalistas”, como él mismo reconoce en su escrito, y de esta forma suspender a ambos de empleo y sueldo.
El informe, como ha comprobado El Liberal,
es una sucesión de pantallazos de páginas de Facebook pertenecientes a
una serie de vecinos que simpatizan con el independentismo (y que en
algún momento requirieron servicios del cuerpo o estuvieron relacionados
con operativos policiales) realizados por el jefe de la policía desde
su propio perfil en esta red social.
Molins de Rei es un municipio de clara mayoría separatista. Y se da la circunstancia de que el alto mando de la policía de Molins de Rei es el mismo que fue denunciado por el sindicato CSIF por utilizar la base de datos que comparten las policías locales de Cataluña y los Mossos d'Esquadra (conocida como NIP) para vender coches de segunda mano por Wallapop. Al menos uno de los agentes acosados, según ha podido saber El Liberal,ha iniciado diversos procedimientos judiciales y denuncias administrativas (el principal instruido por el juzgado de Instrucción número 7 de Sant Feliu de Llobregat) por la persecución ideológica a la que ambos siguen siendo sometidos.
Como en una película barata de espías, el jefe de la Guardia Urbana de Molins de Rei presuntamente aprovechó que se encontraba de baja a finales del año 2018 para
encerrarse en su despacho y elaborar un kafkiano informe -algo que
legalmente no puede hacer- en el que destapaba una red de espionaje a
presuntos militantes de la CUP en el municipio. Hay que tener en cuenta
que en ese momento, la formación independentista radical formaba parte del equipo de gobierno local de Molins de Rei.
Los acusados de estar detrás de esta oscura trama son dos agentes que levantan sospechas porque están inscritos a una entidad que tiene como finalidad “respetar la Constitución Española y la Normativa vigente”, como se recoge textualmente en el informe confidencial elaborado por Molina y al que ha tenido acceso El Liberal. El segundo argumento para abrirles el expediente es que formaron parte del sindicato que presentó la denuncia del caso Wallapop.
Este informe confidencial debería ser nulo de inicio. (...)
Hernández, constitucionalista reconocido, fue expedientado por negarse a retirar una multa de tráfico a una concejal de la CUP en Capellades que sufrió un accidente de circulación en el municipio en 2015 conduciendo con un alto índice de alcoholemia. El instructor Martí todavía no ha resuelto sobre el caso del agente de Molins de Rei, pese a que lleva tiempo con el informe confidencial en su poder. Mientras, uno de los agentes ha presentado una demanda en la sala de lo contencioso-administrativo contra la suspensión de seis meses. (...)" (Xavi Adell, El Liberal.cat, 07/02/20)
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