"Ayer el catedrático de historia contemporánea de la UAB Pere Ysàs publicó en "cartas al director" del diario El País
un texto que llamó la atención en redes sociales al tratarse, en
palabras del filósofo Manuel Toscano, "de un impecable ejercicio de
inversión" justamente el día en que arrancaba el juicio a los líderes de la intentona separatista en Cataluña.
Ahora que vamos de camino hacia unas elecciones generales,
Ysàs plantea tres pertinentes preguntas a los dirigentes
independentistas: "¿Considerarían legítimo que una futura mayoría
parlamentaria del Congreso de los Diputados, argumentando disponer de un
mandato democrático porque figuraba en sus programas electorales, decidiera que la Administración central recuperara unilateralmente competencias transferidas
a las comunidades autónomas, vulnerando lo establecido en la
Constitución y en los estatutos de autonomía? ¿Considerarían un ataque a
la democracia y a los derechos fundamentales que el Tribunal
Constitucional anulara tal legislación? Y si, pese a
ello, se intentara imponer transgrediendo la legalidad y desobedeciendo a
los tribunales, ¿considerarían que no existirían responsabilidades de
quienes así obraran?".
Estas preguntas reflejan, de forma invertida, la
actuación de los independentistas en 2017.
Vox en su programa propone la transformación de España en un Estado unitario sin comunidades autónomas,
con un solo gobierno y un único parlamento. Y como paso previo, propone
la "devolución inmediata" a la Administración General del Estado de
todas las competencias en educación, sanidad, seguridad
y justicia, así como la supresión de las policías autonómicas. Es
cierto que no aclara cómo lo haría, pero la hipótesis con la que Ysàs
busca que los independentistas se miren en el espejo no es descabellada en un momento en que Vox emerge con fuerza en las encuestas tras su éxito en Andalucía.
(...) no es absurdo plantearse la hipótesis de qué ocurriría si una fuerza
nacionalista de derecha radical como Vox entrara a complementar un
alianza gubernamental con PP y Cs. Pues bien, aunque dichos partidos
accedieran a sus demandas, la recentralización competencial exigida por Santiago Abascal
no podría llevarse a cabo porque implicaría vulnerar lo que está
establecido en los estatutos de autonomía. Y es evidente que el
Constitucional no lo permitiría.
Pero incluso si dentro de un tiempo
hubiera una mayoría de españoles partidarios de suprimir las autonomías
de un plumazo y Vox pasara entonces a ser el principal partido político
(imagínense una mayoría absoluta de ultraderecha con Abascal de
presidente del Gobierno), tampoco podría transformar el Estado
autonómico en centralista sin una reforma constitucional agravada que,
según dispone el artículo 168, exige la aprobación por dos tercios del
Congreso y del Senado, la disolución de las Cortes, la ratificación del
texto nuevamente por ambas cámaras y un referéndum.
Ayer el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde,
lanzó un ridículo alegato contra la justicia española afirmando que con
este proceso se está persiguiendo la "disidencia política". Dijo frases
chocantes en un juicio como que tampoco "los tertulianos de la tele ven
el delito de rebelión" que se imputa a sus clientes y repitió el mantra
de que "no hay ninguna ley internacional ni europea que impida la secesión".
Pues bien, invirtiendo sus argumentos, tampoco es imposible que España
vuelva en el futuro a la centralización y quien quiera está en su
derecho de proponerlo. Pero si un día los de Abascal ganasen las
elecciones e intentasen ejecutar sus ideas saltándose la Constitución, derogando la autonomía
de las nacionalidades y regiones que recoge el artículo 2 y
desobedeciendo a los tribunales tendrían que enfrentarse a la Justicia.
No por sus ideas, sino por los actos ilegales que hubieran cometido. De
eso va este juicio, les guste o no a los separatistas." (Joaquim Coll, Crónica Global, 13/02/19)
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