"En
el pasado 27 de octubre su periódico reproducía un artículo en el que
el señor Jordi Cuixart afirmaba que era un preso político, lanzaba
graves acusaciones contra el gobierno español y cuestionaba la calidad
de la democracia en España.
Es
comprensible que cualquier persona que se enfrenta a una acusación de
delitos graves intente utilizar todos los medios posibles para su
defensa; pero no se pueden dejar pasar afirmaciones que son radicalmente falsas.De
acuerdo con la definición de preso político de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, una persona privada de su libertad
será considerada "prisionero político" si su detención se ha venido
vulnerando algunos de los derechos fundamentales recogidos en la
Convención Europea de Derechos Humanos.
Nada de lo mencionado en la convención es atribuible al señor. Cuixart. El señor. Cuixart
no está en la cárcel a la espera de juicio por, como él dice, haber
defendido los derechos fundamentales ni por haber subido encima de un
coche de la policía ni por haber incitado a la participación en el
referéndum del 1 de octubre.
Como informa el auto del proceso, el sr. Cuixart
era, y sigue siendo, presidente de Òmnium Cultural, una entidad que
promueve el proceso de secesión de Cataluña, y en esa calidad participó
en el desarrollo de un plan que tenía como finalidad lograr por vía de
hecho y al margen de la legalidad española la creación de un Estado en el territorio de la actual Comunidad Autónoma de Cataluña.
Este
proceso implicaba que las autoridades públicas desobedecieran al
Tribunal Constitucional español, y así lo pidió públicamente Jordi
Cuixart (p.41 del auto del proceso), y una movilización en la calle que
no se limitaba a la organización de manifestaciones, sino también a la
resistencia a la autoridad pública.La
convocatoria en la sede de la vicepresidencia de la Generalitat el 20
de septiembre, en la que participó activamente el señor. Cuixart,
es de una enorme gravedad, porque tenía como objetivo intimidar la
actuación de los agentes judiciales y policias que realizaban el
registro judicial, que quedaron cercados en el edificio. En
el Código Penal español se especifica como delito impedir la actuación
de funcionarios o agentes de la autoridad y ésta es la acusación.
En
lo que se refiere a su participación en los hechos del 1 de octubre, la
acusación no es por haber incentivado la participación en el
referéndum, sino por haber organizado desde la Òmnium Cultural la
ocupación ilegal de los colegios designados como centros de votación con
la finalidad de impedir de nuevo la actuación de la policía.
Durante
el día 1 de octubre varios policías fueron atacados y heridos por los
que participaban en las ocupaciones organizadas con intervención del sr.
Cuixart. Impedir
que la policía cumpla órdenes judiciales es un delito definido en el
Código Penal español, y cuando existe una acción acordada,
multitudinaria y violenta que tiene como finalidad la derogación de la
Constitución o la secesión de una parte del territorio se incurre en el
tipo de rebelión del artículo 472 del Código Penal. Esta es la acusación.
Evidentemente, será en el juicio que todos estos extremos que resultan de las investigaciones deben ser probados. En
España, uno de los países que menos condenas tiene por parte del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pueden expresarse todas las
opiniones y prueba de ello es que de nuevo se encuentran en el gobierno
de la Generalitat los que no ocultan que su propósito es la secesión Cataluña; una situación que sería ciertamente imposible en otros países con una amplia tradición democrática.Los
hechos de septiembre y octubre de 2017 se entendieron también como una
amenaza y agresión específica por muchos ciudadanos que se vieron
confrontados a la amenaza de sufrir la pérdida de sus derechos como
ciudadanos y la derogación de la Constitución en la propia tierra.
Desde el punto de vista humano es lamentable que cualquier persona esté en la cárcel; pero esta situación es la misma para el sr. Cuixart que para las otras 58.000 personas que hay en las prisiones españolas, de las cuales más de 8000 están, como el sr. Cuixart, en la situación de prisión preventiva.
Confiemos en que los tribunales se pronuncien lo más rápidamente posible sobre las acusaciones que pesan sobre el señor. Cuixart
y el resto de los implicados en los hechos de septiembre y octubre y
que todos asumimos que en los países democráticos, como es España, no es
legítima ninguna actuación política que se realice al margen y contra
la ley." (Rafael Arenas García, Catedrático, Público.pt, 13/11/18)
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