"-¿Y ahora qué hacemos?, preguntó vara en mano un
alcalde a otro edil en el Parlament, tras la histórica declaración
unilateral de independencia (DUI).
-¿Ahora? Pues ahora hay una fiesta en la plaza de Sant Jaume -le contestó el otro edil.
Una fiesta. Actuaciones musicales en un escenario frente al Palau de la Generalitat. En esto y nada más quedó la sesión solemne del día 27 de octubre del año pasado.
Ese día, en palabras de un directo conocedor de los
entresijos negociadores, no fue otra cosa que un triste "epílogo" a los
vaivenes internos del soberanismo iniciados el 1-O. Una jornada en la
que la única preocupación del bloque fue la de rebajar al máximo posible
el tono rupturista de la resolución
que finalmente se votaría -con medio hemiciclo vacío, el de los escaños
no independentistas- a primera hora de la tarde. "El texto era lo de
menos", asume otra fuente, dando a entender así que en realidad se votó
una DUI muy descafeinada.
La Mesa y Puigdemont
Tras la ‘paradinha’ del 10 de octubre -la declaración que duró apenas ocho segundos-, Mariano Rajoy activó el mecanismo previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Requería, por carta, a Carles Puigdemont si, en efecto, había inaugurado un nuevo Estado.
En el cruce de misivas, el 19 de octubre, en la última
que redacta el entonces ‘president’ y en la que confirma que no hubo
DUI el día 10, se incluye una frase que sorprendió a los miembros de la
Mesa de la Cámara catalana: "El Parlament podrá proceder, si lo estima
oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el
día 10". Y así se sacudía la responsabilidad de una eventual declaración
previa.
El día 26, a la salida de la reunión de Junts pel Sí
en el Palau de la Generalitat, hay miembros de la Mesa que lloran
desconsoladamente por cuanto ven inevitable la convocatoria de
elecciones y, por tanto, que no se seguirá adelante con el "mandato" del
1 de octubre. En las reuniones de partido posteriores a ese cónclave,
tanto PDECat como ERC optan por impulsar una resolución cuyo texto se
negocia, también, con la CUP.
Pero los anticapitalistas no están
invitados a sus cónclaves e interaccionan vía telefónica. El negociador
republicano es el hoy presidente del Parlament, Roger Torrent. Por parte posconvergente, lleva las riendas Elsa Artadi,
entonces alto cargo de Presidencia. Responde a las llamadas un espectro
más amplio de anticapitalistas pero suelen sonar los de Anna Gabriel y Mireia Boya.
Forcadell, contra las cuerdas
Los partidos explican a los miembros de la Mesa lo
que se espera de ellos. En concreto, se le detalla a la presidenta del
Parlament a la sazón, Carme Forcadell,
que tendrá que ser ella la que leerá la declaración. Y que, con toda
seguridad, Puigdemont ni tomará la palabra, pese a lo trascendente del
día. Según testigos presenciales, Forcadell se quedó muy sorprendida.
"La presidenta estuvo vendida durante muchos días, desde el 1-O", opina
un conocedor de aquel encuentro, que añade cómo fue a remolque de la
republicana Marta Rovira y cómo no fue
debidamente informada de las consecuencias jurídicas y penales de lo que
estaba votándose. "Lo pasó mal, su antagonismo con Puigdemont ya era
bastante notable", afirma otra fuente parlamentaria.
La CUP, por su parte, pone condiciones. Los
anticapitalistas insisten en que la declaración debe votarse en urna y
no de forma secreta. ¿Por qué? Porque temían la traición de algún
diputado que, consciente de eventuales consecuencias penales,
optase por no posicionarse, ya que el segundo mecanismo registra
únicamente el cómputo final sin comprometer a nadie.
Aceptaron sus
designios y se pusieron a trabajar en una escenificación que también
quedó diluida. Incluso avisaron a los diputados de que debían llevar
ropa de recambio e utensilios para poder pasar la noche "defendiendo" el
Parlament y el Palau.
El día 27, el secretario general comunica a la Mesa
que el personal del Parlament no participará en nada relativo a la
votación. Algo que, por otra parte, con lo que ya contaba incluso
Forcadell. Tan es asi que incluso son los propios miembros de la Mesa
los que tuvieron que llevar la urna para proceder a la votación.
El texto, lo de menos
La reunión de la Mesa reprodujo, sin la esgrima jurídica de sesiones previas como las del 6 y 7 de octubre, la división entre soberanistas y constitucionalistas, en un ambiente de epílogo. Anna Simó, secretaria primera, dejó claro que solo era de obligatorio cumplimiento la parte dispositiva, no el preámbulo, y que la resolución no tenía efectos jurídicos. Finalmente se celebró el tenso pleno y la resolución salió adelante.
Entre los puntos del texto que sí se votaron, el
Parlament instaba al Govern a aprobar todos los decretos y resoluciones
que sean necesarios para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica
-que creaba un nuevo marco legal catalán-, empezando por la "expedición
a la ciudadanía" de los documentos de identidad catalanes.
Puigdemont
no tomó la palabra en la trascendente sesión. "Solo has de recordar las
caras largas de todos para darte cuenta del ambiente en el que se votó",
recuerda uno de los protagonistas de una sesión en la que de nuevo los
servicios jurídicos habían advertido sobre las consecuencias de la
decisión.
"Estábamos más pendientes de la reacción de Madrid
que de lo que aquí hacíamos", afirman las fuentes consultadas, en
relación a la votación del artículo 155 de la Constitución
en el Senado ese mismo viernes. Una vez ejecutada la votación, lo
prometido era codearse con los alcaldes que vara en mano celebraban la
DUI. Puigdemont y el entonces vicepresidente Oriol Junqueras
quisieron evitar sus parlamentos pactados en la escalinata, pero Rovira
evitó su escaqueo.
Salió Junqueras y Puigdemont no iba a ser menos.
Discursos de todo menos eufóricos. Y tras ello, la constatación de que
se avecinaba tormenta y reuniones ya de algunos protagonistas del
Parlament con abogados encargados de la defensa del Govern, para empezar
a trazar las defensas legales." (
No hay comentarios:
Publicar un comentario