"Faltaban pocos días para el referéndum de independencia y las espadas
estaban en alto. Arropado por las movilizaciones del independentismo en
la calle, el Gobierno catalán lo disponía todo para llevar las urnas a
los colegios electorales.
El Estado, mientras tanto, fiaba su respuesta
al desafío a los tribunales: un juez de Barcelona investigaba los
preparativos de la consulta y trataba de cortocircuitarla con registros
quirúrgicos de la Guardia Civil.
El 20 de septiembre de 2017, el juez
decidió dar lo que parecía ser el mazazo definitivo al referéndum: ordenó la detención de 15 altos cargos de la Generalitat, incluidos dos de los arquitectos del procés: el número dos de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó.
La respuesta de los independentistas a la que fue bautizada como Operación Anubis fue inmediata. Guiadas
por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, miles de personas
-llegaron a ser más de 40.000- se concentraron durante horas frente a la
sede del Departamento de Economía, epicentro de los registros y
situado, además, en el corazón de Barcelona. A mediodía, un intento de
registro (fallido) a la sede de la CUP por parte de la Policía Nacional
no muy lejos de allí caldeó aún más los ánimos. (...)
Lo ocurrido durante esas horas -que sigue siendo objeto de controversia-
es clave para entender el itinerario judicial que ha tomado después la
causa contra los líderes políticos y sociales del independentismo.
La
secretaria del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona tuvo que
salir del edificio por una azotea y los
agentes de la Guardia Civil se negaron a hacerlo por otro lugar que no
fuera la puerta principal, donde tres de sus vehículos ya habían sido
destrozados. Los líderes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium,
Jordi Cuixart, se subieron encima de uno de esos coches para pedir,
megáfono en mano, poner fin a la concentración. (...)
Convertida en icono, con una fuerza simbólica evidente, aquella
imagen de Sànchez y Cuixart encima de un Nissan Patrol ha dado pie a
interpretaciones contrapuestas. Para unos es una muestra del desafío a
toda costa al Estado. Para otros, la prueba de que no merecen estar en
prisión. El relato de la violencia que contienen los delitos de sedición
y rebelión, en cualquier caso, se fraguó ese día, el 20-S.
La fiscalía de la Audiencia Nacional actuó de inmediato y presentó una denuncia por sedición.
Las manifestaciones “tumultuarias” pretendían, además de impedir la
acción de la justicia, “imponer el referéndum por la fuerza de la
intimidación”.
El 16 de octubre -una vez celebrado el referéndum y con
la incertidumbre sobre la aplicación de sus resultados y una hipotética
declaración de independencia-, la Audiencia Nacional tomó declaración a
Sánchez y Cuixart y ordenó su ingreso en prisión. Ambos permanecen en
prisión provisional, ya por orden del Tribunal Supremo, que asumió la
causa. (...)" (El País, 20/09/18)
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