"La crispación, que al principio del procés afectó a las élites
políticas, intelectuales y mediáticas, se extiende a amplios sectores de
la ciudadanía. Se está solidificando una línea de demarcación donde
cada vez resulta más difícil no alinearse con alguno de los bandos y
donde las posiciones intermedias son difíciles de mantener.
Aún no se ha
producido una dinámica frentista de independentistas contra
constitucionalistas o separatistas contra unionistas. Esto se aprecia
paseando por el área metropolitana de Barcelona.
Los distritos de las
clases medias catalanohablantes donde es hegemónico el independentismo
están plagados de esteladas, en los barrios obreros no hay esteladas,
pero tampoco banderas españolas. Sólo existe un frente nacional formado
por los independentistas que, a pesar de sus discrepancias, actúa como
un bloque homogéneo con una miríada de asociaciones y entidades y un
poderoso aparato mediático.
La cohesión y articulación del bloque independentista expresa la
unificación doctrinal y homogenización identitaria de las clases medias
formateadas ideológicamente durante el pujolismo. Durante los Gobiernos
de CiU se cimentó la hegemonía del catalanismo, frente a la inoperancia
cuando no la complicidad de las izquierdas.
Entonces se desarrollaron
interminables campañas para (re)construir la identidad catalana
centradas en la lengua, cuyos puntos de inflexión fueron los Decretos de
Inmersión (1992) y la Ley de Política Lingüística (1998).
Paralelamente, las instituciones de autogobierno actuaban instaladas en
una ambigüedad estructural operando como administración autonómica del
Estado o como embrión del Estado catalán. Una ambigüedad concentrada en
la presidencia de la Generalitat que el proceso soberanista ha disipado a
favor del segundo vector.
Ello con el uso y abuso de los medios de comunicación y la escuela
como factores fundamentales de la “construcción nacional” en permanente
oposición a todo lo relacionado con España. La insistencia en el enemigo
exterior facilitó la apelación a la unidad tan querida al catalanismo
desde el Memorial de Greuges a la Solidaritat Catalana, a la Assemblea
de Catalunya y que ahora quiere retomar la ANC.
Resulta muy atractivo
para unas clases medias atomizadas y despolitizadas, elevando su
autoestima y un sentimiento de superioridad social y étnica, el llamado
supremacismo, un fuerte narcótico ideológico que crea una coraza inmune a
argumentos y críticas.
Frente a este proceso de unificación ideológica y homogenización
identitaria, se asiste en este periodo a la desestructuración,
atomización y aculturación de las clases trabajadoras
castellanohablantes, procedentes de la inmigración del resto de España;
abandonadas por sus partidos y sindicatos cuyas cúpulas, con escasas
excepciones, se apuntan a las tesis nacionalistas. Expresión que la
promoción social pasa por pagar el peaje identitario.
No podemos analizar los errores estratégicos de los tripartitos de
izquierdas. Sólo apuntar que, al situar en el centro de su acción
política la reforma del Estatut, cuando no existía reclamación social
alguna e intentar superar a los nacionalistas en su terreno, permitieron
la reconstrucción de la hegemonía política de CiU, pues la ideológica
nunca estuvo cuestionada.
Se dilapidó una gran oportunidad de reconducir
la centralidad de política catalana del eje nacional al social. La
sentencia del Tribunal Constitucional marcó el punto de partida del giro
soberanista, aunque no fuera el factor principal para explicar este
viraje.
En el tránsito del autonomismo al independentismo confluyen factores
endógenos y exógenos. Primero, la lógica interna de los movimientos
nacionalistas que, según Miroslav Hroch, experimentan tres fases:
cultural, donde se reivindican las diferencias culturales; autonomista,
donde se reclama el autogobierno en el Estado de referencia, e
independentista, pues el Estado es el templo de la nación.
A excepción de la financiación, el catalanismo había satisfecho la
práctica totalidad de sus reivindicaciones. Así, quizá el primer
objetivo del giro soberanista convergente no fuera tanto la
independencia, sino construir el marco ideológico para prolongar su
hegemonía durante una generación. Una pretensión frustrada por los
acontecimientos ya que ERC está asumiendo el relevo con planteamientos
más atractivos para la base social del independentismo.
En segundo lugar, los efectos de la crisis financiera. Los recortes
del primer Gobierno de Artur Mas amenazaron con una alianza entre éstas y
la clase trabajadora, como se entrevió en las dos huelgas generales y
el 15-M, cuando Mas acudió en helicóptero al rodeado Parlament.
También
debe relacionarse con el auge de los neonacionalismos económicos e
identitarios europeos, de los que el movimiento independentista resulta
una expresión particular. En este sentido, se explica el uso
instrumental de los procedimientos democráticos: se invocan cuando son
útiles a la causa nacional y se rechazan cuando constituyen un
obstáculo.
Desde el otro lado de la barrera se han cometido numerosos errores,
por acción y por omisión. En Cataluña, las izquierdas no han planteado
un modelo alternativo de país, ni combatido los dogmas del nacionalismo,
mostrando un complejo de inferioridad digno del análisis de Alfred
Adler.
Por otro lado, los Gobiernos del Estado no han sabido afrontar el
reto planteado por la estrategia de nation building del catalanismo. En
ocasiones por excesiva tibieza y a veces por demasiada rigidez. Por
ejemplo, en política lingüística mostrando mayor firmeza con la
inmersión y más generosidad en el reconocimiento del catalán en todas
las instancias del Estado.
Las cosas han ido demasiado lejos para soluciones fáciles. Quizás el
choque de trenes contenga algún aspecto positivo al sumergir al
independentismo en un baño de realidad, comprobando la inviabilidad de
la secesión unilateral sin acuerdo con el Estado, sin mayoría social en
Cataluña y sin reconocimiento internacional.
Para los partidos políticos
e instituciones españolas en el sentido de tomarse en serio el
“problema catalán” y arbitrar alternativas que pasan por la reforma
federal de la Constitución. Sin excluir una versión adaptada a la
realidad española de la Ley de la Claridad canadiense que ofrecería una
salida política a quienes reclaman un referéndum de autodeterminación.
No tanto como la aplicación de un derecho universal, sino como la
respuesta democrática a sectores importantes de la sociedad catalana.
En caso contrario, las heridas abiertas en Cataluña no cauterizarán y
persistirán los factores que han conducido a esta aguda crisis política
e institucional. Sólo si desde la sociedad catalana y las instituciones
españolas se plantea un combate por la hegemonía ideológica será
posible responder a los retos planteados por el independentismo." (Antonio Santamaría , El País, 24/09/17)
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