"Los cambios en la ley que la Generalitat prepara para romper
con España no han alcanzado ninguno de los principales aspectos
referentes al sistema judicial de manera que, de aplicarse, permitirían al Govern tener bajo su control la elección de los jueces y arrebatar al Tribunal Constitucional,
al Supremo y a la Audiencia Nacional los casos que tramitan en la
actualidad.
Los redactores de la ley dan por hecho que el actual
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertirá en el Tribunal
Supremo de Cataluña.
Como ya se observaba en el primer borrador de la ley de transitoriedad,
las fuerzas políticas independentistas siguen muy preocupadas por
ejercer un férreo control del poder judicial. Las promesas de esos
partidos para “despolitizar la justicia” y para acabar con los actuales
“vicios” del sistema quedan en nada.
El presidente catalán se reserva la facultad para nombrar el
fiscal general de Cataluña (una potestad que también tiene en España el
jefe del Gobierno con el fiscal general del Estado), pero además podrá
designar al presidente del Tribunal Supremo catalán. Esta última
institución será la heredera del actual Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña y el presidente de la Generalitat nombrará a su máximo
responsable a propuesta de un nuevo organismo, también muy politizado.
La propuesta partiría de una comisión mixta formada por el presidente
del Supremo catalán, por el ministro de Justicia de una Cataluña
independiente (sería el vicepresidente de la comisión), por cuatro
jueces de la sala de gobierno del Supremo y por cuatro personas elegidas
directamente por la Generalitat. De esta manera, los soberanistas se
garantizarían designar quién está al frente de la cúpula judicial
catalana.
El mismo control político alcanzará también al nombramiento
de jueces del Supremo de la nueva república, de manera que este queda en
manos de una sala de gobierno integrada por el presidente del Supremo,
los presidentes de sala de las cuatro jurisdicciones (penal, civil,
administrativo y social), los presidentes de las cuatro Audiencias
provinciales y por cinco jueces elegidos por mayoría absoluta. El
control del Parlament que en estos momentos tienen los independentistas
les ayudaría a controlar esta operación.
En los últimos meses, numerosos juristas han advertido en Cataluña sobre la flagrante ilegalidad del referéndum unilateral
y han aumentado los temores de parte de la judicatura sobre el futuro
que les espera ante una eventual independencia.
Algunos de estos
juristas han nutrido los manifiestos que han circulado alertando de que
la secesión unilateral no tiene cabida en la Unión Europea. Precisamente
por esto, las fuerzas independentistas han decidido que hay que atar en
corto a estos profesionales.
La fiscalía tampoco escapa de los mecanismos de control. El
segundo borrador ratifica lo que ya aparecía en el primero: que el
presidente de la Generalitat designará al fiscal general después de
escuchar a su Gobierno y deja en manos del Ministerio de Justicia
catalán la elección del resto de fiscales. Mientras no se apruebe una
legislación propia en esta materia se sigue aplicando en Cataluña la
legislación sobre el Ministerio Fiscal existente.
El nuevo borrador
tampoco corrige las injerencias políticas en la creación de una sala
constitucional que revisaría recursos de amparo y resoluciones
contrarias a la ley fundacional. Esta sala estaría formada por el
presidente del Supremo, los presidentes de sala y por dos magistrados
elegidos por el Parlamento catalán.
El proyecto legal sigue subrayando que los juzgados
catalanes asumirán todos los casos que se encuentran en la actualidad en
manos del Constitucional, el Supremo o la Audiencia Nacional, lo que
permitiría extinguir de cualquier responsabilidad penal a todos los
altos cargos catalanes que ahora están bajo sospecha.
Entre los escasos cambios que se aprecian entre los dos
primeros borradores que han trascendido de la ley de transitoriedad está
el que vela por la lengua de los procesos judiciales. En el segundo
borrador ha desaparecido toda referencia a esta cuestión que,
tradicionalmente, ha sido especialmente espinosa debido a que el
castellano es hoy en día la lengua habitual en los procesos judiciales
que se siguen en Cataluña.
El texto reafirma que los jueces,
magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia que
ocupan plaza en los órganos judiciales en el momento de la independencia
continuarán en sus plazas —“manteniendo sus derechos económicos y
profesionales”— salvo que renuncien a la integración." (Miquel Noguer , Javier Casqueiro , El País, 03/07/17)
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