"(...) Para que a un trabajador público se le pudiese imputar la desobediencia,
(el segundo delito que más se cita por parte de representantes del
Gobierno central), el funcionario debería negarse de manera clara a
cumplir la orden de un superior y que esta previamente se le hubiese
notificado de manera válida.
En todo caso, la clave para blindarse de posibles denuncias es solo
una: si un trabajador no ve clara una instrucción debe pedirla por
escrito (un consejo aplicable no solo para los preparativos de la consulta, sino como norma general)
. Lo saben bien los sindicatos y lo tiene muy claro el Govern. «Nada por escrito»,
resume un 'conseller' para reiterar que no pondrán en peligro al
personal de la administración. Un personal que está expectante ante lo
que vaya a pasar.
«Existe inquietud», describe el coordinador del Área Pública de Comisiones Obreras, Joan Maria Sentís, (...)
La ley de transitoriedad dará alguna pista respecto al papel que se quiere otorgar a los Mossos d’Esquadra. Actualmente están obligados a «cumplir y hacer cumplir la Constitución». ¿Seguirá siendo así cuando se apruebe la también llamada ley de desconexión? Es de preveer que la respuesta es un no.
En lo que coinciden todos los sindicatos es que este es un conflicto político y como tal debería resolverse. Pero difícilmente se solucionará antes del 1 de octubre. Junts pel Sí y la CUP aseguran que habrá urnas y su esfuerzo ahora se concentra en que cale la idea de que lo que se defiende es la democracia y no que Catalunya sea independiente. (...)
Es la manera de intentar retener a los comunes, cuyos movimientos son un ejemplo del mejor funambulismo político. Su prioridad es preservar la figura de Ada Colau
y por eso el Ayuntamiento de Barcelona evitará cualquier acción que
ayude a la celebración del referéndum y que pueda dar pie al Gobierno
central a ir contra la alcaldesa.
A partir de ahí, el 'colauismo' irá
adaptando sus movimientos en función de los casos que den Puigdemont y
Rajoy, siempre bajo la premisa de que la unilateralidad no es su vía. (...)
El Gobierno central ha dado señales de que no cejará en su estrategia de
judicializar la respuesta a las acciones que vaya emprendiendo el
Ejecutivo catalán. Más allá de las querellas y encontronazos como el
último a cuenta de la negativa del Ministerio del Interior a convocar la
Junta de Seguridad de Catalunya (un órgano que sirve para compartir
información entre cuerpos policiales), una de las cuestiones que
preocupa en el Consell Executiu es la capacidad del Estado de ahogar económicamente a los dirigentes independentistas.
Fuentes del Govern recuerdan que, pese al poco eco mediático que ha tenido, la Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue si Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, por si incurrieron en un delito de malversación contable. De ser así, se les obligaría a indemnizar a la Generalitat con una cifra que podría ser millonaria." (Neus Tomàs , El Periódico, 17/06/17)
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