"Los resultados de las elecciones en el Reino Unido han coincidido con
el anuncio de la Generalitat de celebrar el referéndum el 1 de
octubre con una pregunta sencilla: ¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? Los procesos son diferentes, pero tienen algo en común: en los dos la relación con la Unión Europea es clave.
El Gobierno del Reino Unido ya ha anunciado que se sale de la Unión y
en Cataluña los independentistas quieren separarse de España, pero
seguir en la Unión. El problema es que en un Estado de derecho estos
procesos llevan unos trámites. (...)
Los ciudadanos británicos son soberanos para irse de Europa, pero
quieren mantener relación con sus socios y tienen que negociar un nuevo
tratado. Y aquí vienen los trámites. Europa ha avanzado mucho en el
proceso de integración pero aún está lejos de ser una unión política.
Las decisiones tienen que ser por consensos y equilibrios múltiples que
hacen que la toma de decisiones sea lenta, a veces desesperadamente
lenta como hemos padecido todos durante la crisis del euro.
Los británicos ya eran independientes con una moneda distinta, un
banco central propio, casi la máxima calificación crediticia del mundo
(AA), con una probabilidad de impago próxima al 0% y emitiendo deuda en
los mercados internacionales sin ayudas de compras de su banco central a
tipos del 0,45% en bonos a cinco años.
Aun así, su economía se ha
resentido de la incertidumbre del Brexit y es el país con menor crecimiento en el primer trimestre (de los 28 que formamos la Unión Europea).
No obstante, el desempleo sigue siendo la principal preocupación de
los ciudadanos catalanes y es importante analizar los efectos económicos
del proceso. Los independentistas han afirmado que la independencia
mejoraría la vida de los catalanes desde el primer día, pero lo que está
pasando en Reino Unido debería llevar a cuestionar esa hipótesis.
La economía catalana sigue en crisis con elevada tasa de paro pero el
empleo crece similar a la media del conjunto de España (próximo al 4%),
principalmente gracias a la política monetaria ultaexpansiva del BCE.
El territorio de Cataluña no es un Estado, y no está en los tratados
europeos, así que tendría que pedir la adhesión. Como estamos viendo en
el Reino Unido, llevará unos trámites, y se estima que dos años.
Cataluña no tiene moneda propia, no tiene banco central propio, es bono
basura (lo que significa que las agencias de rating estiman que hay una
probabilidad de impago de su deuda no menor).
Todo ello les impide que el BCE compre sus bonos y les deja fuera de
los mercados de financiación. Las agencias de rating ya han advertido
que la independencia aumentaría el riesgo de impago de su deuda y le
bajarían aún más el rating. (...)
El sistema público de pensiones es una institución extremadamente
necesaria ya que millones de españoles y catalanes viven de él y
requiere una forma sencilla de ser explicado. El sistema público de
pensiones tiene un déficit de 20.000 millones porque se gasta más dinero
de lo que se ingresa. Los pensionistas catalanes reciben 5.000 millones
más en sus cuentas de lo que los trabajadores catalanes que trabajan y
sus empresas ingresan en cotizaciones a la Seguridad Social.
Es lógico que el debate se centre en la política de dónde tiene que
venir la solución. Pero la política es la que se ocupa de los asuntos
públicos, de las pensiones de los catalanes y de todos los españoles.
Seguramente, es el asunto más público (el de las pensiones) que hay
porque afecta a 7,5 millones de personas, así como a muchos hijos y
nietos que reciben ayudas o viven directamente de esa pensión. Por
eso debería estar en el debate del proceso del referéndum en Cataluña.
El proceso es extremadamente incierto y el plan para solucionar todos
los problemas financieros que yo he descrito ni está, ni se le espera.
Por eso como nos aconsejaba sabiamente el filósofo catalán Eugenio D’Ors, los experimentos en ciencias sociales, con gaseosa. (...)" (José Carlos Díez
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