"La esperada conferencia de Raül Romeva, Oriol Junqueras y Carles
Puigdemont en la sala alquilada por el Ayuntamiento de Madrid, conocida
como la “caja de música”, estuvo condicionada por la publicación por El País
del borrador de la clandestina Ley de Transitoriedad que el Parlament
de Catalunya pretende aprobar sin debate y por el procedimiento de
máxima urgencia. (...)
Inevitablemente el discurso de Puigdemont, que enfatizó el carácter
democrático del proceso soberanista y el respeto a la pluralidad
lingüística y cultural del nacionalismo catalán, se vio contradicho por
el contenido del citado borrador.
Nada extraño, pues el catalanismo nos
tiene acostumbrados a un doble discurso, políticamente correcto de cara
al público y rabiosamente identitario para los iniciados, como solo por
ilustrarlo mostraron las declaraciones del exjuez y exsenador Santiago
Vidal. (...)
En efecto, el método de aprobación de la Ley de Transitoriedad no solo
contraviene los mínimos requisitos de un debate parlamentario
democrático en un tema de tanta trascendencia, sino que vulnera la
propia normativa de las instituciones catalanas que estipulan mayorías
reforzadas de dos tercios de la cámara para reformar el Estatut
d’Autonomia o para aprobar leyes orgánicas como la ley electoral. Nos
tropezamos, una vez más, ante el uso instrumental de los principios
democráticos: se invocan cuando son útiles al movimiento secesionista y
se desechan cuando constituyen un obstáculo.(...)
Además, el borrador muestra el carácter autoritario y
presidencialista de la autodenominada República catalana, que suprime de
facto la separación de poderes al subordinar el poder judicial al
ejecutivo. Los mismos que critican con dureza la politización de la
justica y la deficiente separación de poderes del ordenamiento
constitucional español plantean un sistema institucional mucho peor y
que refuerza aún más la dependencia de justicia respecto al gobierno.
Por otro lado, el citado borrador releva la mendacidad de las
altisonantes declaraciones de respeto a la pluralidad cultural y
lingüística de la Generalitat de Catalunya al instaurar la oficialidad
única de la lengua catalana, a despecho de los ya muy menoscabados
derechos lingüísticos de la mitad de la población del país, en plena
sintonía con el Manifiesto Koyné, pieza maestra del esencialismo
etnolingüístico.
El aspecto más inquietante del texto radica en que la Ley de
Transitoriedad resulta en la práctica una Declaración Unilateral de
Independencia (DUI) en diferido, al sustituir de un plumazo la legalidad
española por la catalana, que entraría en pleno vigor en el caso que el
gobierno español impidiese la celebración del referéndum.
Llegados a
este punto se evidencia que la apuesta del movimiento secesionista por
el referéndum es puramente instrumental. En realidad, se está buscando
el procedimiento para proclamar la soberanía sin tener que someterla a
la consulta de la ciudadanía de Catalunya.
Así figuraba en el programa de Junts pel Sí, que preveía la
elaboración de una Constitución catalana que, después de 18 meses (que
ya han transcurrido), sería refrendada por la ciudadanía. Entonces, se
argumentaba que las elecciones plebiscitarias habían sido el referéndum y
que, en abierta contradicción con los resultados, éste se había ganado.
Ahora, se invoca el pretexto de la negativa del ejecutivo estatal de
permitir la consulta para intentar soslayar este requisito y proclamar
la DUI. Los líderes del movimiento secesionista saben que no existe una
mayoría social a favor de la independencia y se pretende orillar este
obstáculo con métodos espurios.
Es más, incluso en el improbable caso de que el referéndum pudiese
celebrarse, ni se establece un mínimo quórum de participación, ni una
mayoría reforzada, contraviniendo las prescripciones de la Comisión de
Venecia que, en el caso de Kosovo, estipulaba una participación del 50% y
un apoyo del 55% a la secesión. (...)
La filtración de El País ha permitido mostrar algunos de
los naipes del bloque soberanista que revelan un proyecto de República
étnica y autoritaria concebida para uso y disfrute del sector
independentista de la ciudadanía.
Por ello, los dirigentes de la izquierda catalana y española deberían
combatir este proyecto en vez de mostrar una blanda complicidad bajo
los auspicios de los cantos de sirena del concepto-fetiche de “derecho a
decidir”. Ciertamente, debe encontrarse una solución democrática al
conflicto político planteado por el independentismo catalán, pero desde
luego no desde las claves en que se plantea actualmente.
No será la
primera vez ni la última que señalemos la importancia de estudiar la
legislación canadiense sobre el tema, pues puede proporcionar elementos
sumamente valiosos para enfocar, desde un punto de vista democrático, la
manera correcta de encarrilar el contencioso. (...)
Por debajo de la mesa de juego se han apreciado cambios de cartas en
la vieja tradición de entendimiento entre las derechas españolas y
catalana, como ha revelado la abstención del PDeCat en el tema de la
estiba y la ausencia de los representantes del gobierno central en el
Palau de la Música para facilitar que su patronato no se viese obligado a
reclamar el dinero saqueado a la antigua Convergència.
Los réditos extraídos por el PNV de la debilidad parlamentaria del PP
están siendo percibidos con envidia y nostalgia por amplios sectores
del catalanismo conservador a quienes el giro soberanista les impide
aprovecharse, como hacía Jordi Pujol, de la necesidad de apoyos
parlamentarios de los gobiernos de UCD, PSOE y PP, deviniendo el
auténtico árbitro de la política española. (...)" (Antonio Santamaría , El Viejo Topo, 26/05/17)
No hay comentarios:
Publicar un comentario