"Los sindicatos mayoritarios siguen esperando un gesto
tranquilizador por parte de la Generalitat cuatro días después de que
trascendieran las declaraciones del diputado Lluís Llach (Junts pel Sí) sobre las sanciones a los funcionarios
que incumplan la ley de transitoriedad jurídica.
CC OO y UGT han pedido
públicamente al Gobierno catalán que reafirme su compromiso de respetar
y proteger la seguridad jurídica de los trabajadores públicos. El
sindicato CATAC ha ido más lejos y ya ha pedido por escrito
explicaciones a la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs. De
momento, nadie ha obtenido respuesta.
“No
puede ser que un problema político se vuelva un problema laboral”, se
queja Carles Villalante, secretario de Política Institucional de la
Federación de Empleados Públicos de UGT. Los sindicatos mayoritarios
recuerdan que son miembros del Pacto Nacional por el Referéndum y por
eso no entienden que sus dudas ante el choque de legitimidades no sean
comprendidas o sean, directamente, malinterpretadas.
“Estamos recogiendo
firmas del manifiesto y a favor del referéndum y [coincidiendo con las
declaraciones de Llach] nos gritan españolistas. No lo entendemos”,
agrega Joan Maria Sentís, coordinador del área pública de CCOO. (...)
“Más que preocupados, los funcionarios están cabreados”,
dice Assumpta Barbens, portavoz de CATAC. “Hemos soportado recortes,
hemos hecho sacrificios y no se nos han devuelto todos nuestros derechos
perdidos por la crisis y ahora se nos pone en el ojo de la polémica”,
puntualiza la líder sindical.
“Era un tema que antes parecía lejano pero
que ahora nuestros afiliados te lo nombran en las conversaciones que
tenemos, como ya pasó con la votación del 9-N”, agrega Villalante.
Los sindicatos aseguran que ha habido conversaciones informales sobre el caso Llach —una figura querida dentro del sindicalismo por su compromiso y que quieren disociar de la polémica—, pero insisten en la necesidad de explicaciones oficiales. (...)
Una representación de CATAC, por ejemplo, asistió al pleno del Parlament
para seguir una moción sobre los interinos. Barbens reveló que la
consejera de Gobernación Meritxell Borràs no dijo ni una palabra sobre
el tema a pesar de que le entregaron un documento pidiéndole
explicaciones. También han presentado una copia a través del registro. (...)" (El País, 28/04/17)
"Las declaraciones de Lluís Llach,
advirtiendo que “muchos funcionarios” serán sancionados con la
aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica, y en especial los
Mossos d'Esquadra, han sido recibidas negativamente por los sindicatos
de la policía catalana. Un portavoz del SAP,
el sindicato mayoritario en el cuerpo de los Mossos, asegura a EL PAÍS
que “solicitamos, una vez más, que nos dejen fuera de la pelea política.
Se ha de respetar nuestra neutralidad política, que es piedra angular
del Estado de derecho”. El SAP añade que “el choque de legalidades no
tiene ningún sentido. La ley que nos rige indica que debemos obedecer a
la Constitución y al Estatuto de Autonomía”.
El sindicato SME también hace hincapié en el respeto a la neutralidad política y advierte que las palabras del diputado de Junts Pel Sí
son “bastante desafortunadas”: “A ver si de una vez dejan a los Mossos
al margen de estos temas que son exclusivamente políticos”.
Fuentes del
SME destacan las palabras pronunciadas el pasado viernes por el
presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Día de las Escuadras:
“Los Mossos son servidores públicos, no al servicio del Gobierno sino
de los ciudadanos”. El Sindicato de Policía de Cataluña (SPC) insiste en
que “los policías tienen que cumplir la ley vigente”.
Comisiones Obreras (CC. OO.) ha exigido al Gobierno catalán que aclare
“en qué situación se encontrará el personal de la Generalitat y de otras
administraciones cuando sea aprobada la Ley de transitoriedad”.
CC.OO
critica en un comunicado que “de la Ley de transitoriedad jurídica no
conocemos nada, por la manera en la que se está elaborando”. El
redactado de la también llamada “ley de desconexión” se está preparando
en secreto entre el PDeCAT, ERC y la CUP sin que nadie excepto unos
pocos diputados, ni nadie de la oposición, haya podido conocer su
contenido. (...)" (El País, 25/04/17)
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