"(...) Lo que nos lleva, vamos, al palabro referéndum. ¿Es
realizable? Juzguen ustedes. Hay dos accesos al referéndum. Pactado y
unilateral. Ya escribí un articulete
sobre las posibilidades de un referéndum pactado.
Básicamente, ninguna,
en ausencia de voluntad política. Es decir, ninguna. Con todas las
letras. Quién hable de referéndum pactado y no tenga una nueva idea, o
una nueva idea de presión, no está diciendo, por tanto, nada.
¿Es
realizable, por lo contrario, un referéndum unilateral? Con los datos
que nos ofrecen los políticos promotores, tampoco. Un referéndum sin
ningún tipo de amparo estatal o internacional, se puede hacer. Pero de
la misma manera que se puede hacer una paella colectiva y, luego,
limpiar los platos con sólo tres gotas de Fairy.
Incluso, de realizarse
-el referéndum, no la paella-, podría disfrutar, más o menos, de las
condiciones que establece el Congreso de Venecia -el ISO UE de las
consultas- para realizar consultas. Salvo la posibilidad de que los
partidarios del no quieran participar en una consulta en la que no ganan
nada y pueden perder mucho. Lo que es una dificultad que desarticula el
todo. No se puede fundar, o dejar de hacerlo, un Estado a través de una
consulta gaseosa y opinable.
Otra dificultad, también llamativa, para un referéndum
unilateral, es la ausencia de voluntad de desobediencia por parte de la
Gene. Para realizar un referéndum unilateral es necesario, en todo caso,
hacerlo.
Es decir, una autoridad que desobedezca al Estado y un monto
de funcionarios -los que participan en unas elecciones, desde el dire de
colegio que abre las puertas del colegio electoral, hasta la poli,
pasando por todos los funcionarios implicados en la estructura y el
recuento de un proceso-, dispuestos a ejercer la desobediencia y
exponerse a un castigo más severo que el que recibiría un político en
ese trance, que suele ser la inhabilitación.
La desobediencia es algo
que no se produjo en la consulta de 2014 y que, pese a la ingente obra
del TC -o quizás gracias a ella, no se lo pierdan-, tampoco se está
produciendo.
De hecho, desde 2012, las diversas formas que ha ido
adquiriendo el Procés, se han ido dibujando para evitar la desobediencia
-el referéndum de ahora, de hecho, nace para evitar una declaración de
independencia anunciada en campaña-, un delito que, incluso, no han
reivindicado los cuatro cargos de la Gene empurados -ya son cinco; no se
lo pierdan, insisto-, que en todo momento se han declarado inocentes, y
han evitado, con ello, el engorro internacional para el Estado que
significaría que varias altas autoridades catalanas abanderaran una
desobediencia territorial en un juicio.
Es difícil confiar en la apuesta
por la desobediencia del staff Procés en 2017, cuando no la hizo en
2014 por la consulta, cuando no empezó a hacer en 2012, con el Procés y,
más aún, cuando no la hizo desde 2010, en defensa de la Democracia y el
Bienestar. Que se dice rápido.
Lo de la desobediencia es importante. Ante las opciones de
diálogo del Estado -ninguna-, la desobediencia es el único valor
político del Procés. Es decir, la existencia de desobediencia es lo que
determina que exista Procés. No existe desobediencia. Por lo que a mi me
sale que no existe Procés. Bueno, sí existe, como todo en el Procés,
bajo la forma de su promesa futura.
Y, puestos a hablar de desobediencia, ¿en qué consistiría
una desobediencia política efectiva? Llevo varios meses hablando con
diversos juristas y activistas del independentismo no procesista, una
tradición tan minoritaria como antes del Procés, me temo.
La
desobediencia, al parecer, sólo podría ser efectiva, y no folklórica, a
través de la fiscalidad, a través del impago al Estado. Hubo la sombra
de la sombra de la sombra de la sombra de ello cuando, hace un par de
temporadas, se abrió la posibilidad de no realizar el pago de IRPF al
Estado.
Los ciudadanos que así lo quisieran, podrían ingresar el monto
que les tocaba pagar de IRPF en una cuenta de la Agència Tributària
Catalana, que sería quien protagonizara y tendría responsabilidad de
desobediencia. En 2015, sólo lo hicieron 178 ciudadanos, a quién desde
aquí saludo, felicito y pago una copa.
Esa cifra escasa es un indicativo
de que la Generalitat no apostó, informativamente, por esa vía. De
hecho, devolvió los pagos a Hacienda con puntualidad. Y, quizás, un
indicativo también de la voluntad de desobediencia del consumidor de
Processisme, más proclive a leer o escuchar sobre discursos épicos y
chachis sobre desobediencia en los medios y/o instituciones, que a
ejercerla.
Hay, no obstante, otra posibilidad de desobediencia
fiscal, más efectiva y que no afectaría al ciudadano, sino a la
Generalitat. Es decir, a su valentía. Sería el sello de que se ha
cruzado el Rubicón, y de que los políticos que ocupan la Gene tienen, en
efecto, un proyecto y una voluntad al respecto. Consistiría en la
desobediencia fiscal de la Generalitat en su sentido mas amplio.
Es
decir, de todas las instancias de la Gene con CIF. Ese impago, se
calcula, sería de unos 5000 millones de euros al año. Una cantidad
suficiente como para que el Estado quiera negociar -o reprimir, que es
la otra opción del Estado- desde un primer momento. Es decir, una
cantidad suficiente como para hacer peligrar el pago de deuda, por lo
que Europa obligaría al Estado a negociar -o, snif, a reprimir- con
celeridad. Pegas.
Con esa presión es más fácil negociar el Estado propio
que el referéndum, que es la demanda del 80% de la ciudadanía. Quizás,
el hecho de que esa desobediencia fiscal no se haya producido indica, en
todo caso, que el staff CDC y ERC no está por la independencia -es
decir, por el conflicto-, ni por la desobediencia.
Lo que dibujaría el
Procés -tachán-tachán- como todo lo contrario a ella. Es más, como un
proceso de obediencia gubernamental y cuyo objetivo primario es la
obediencia ciudadana en un fin de Régimen, en una de las sociedades
peninsulares más abierta a la posibilidad de conflicto político,
conflicto político que se estaba perfilando con vehemencia desde 2011,
hasta que llegó el Procés y mandó parar. (...)" (Guillem martínez, CTXT, 08/10/16)
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