Cataluña tendría derecho a la independencia si prueba violaciones sustantivas de los derechos de sus habitantes... en caso contrario, pues no. La carga de la prueba es de los nacionalistas

"Leemos estos días (léase declaración del Profesor de la UPF Jaume López) acerca del intento de justificar una independencia unilateral de Cataluña sobre la base del concepto de “secesión terapéutica” (remedial secession en inglés).

El concepto apunta al intento de construir un caso a favor de la independencia que no esté basado en la existencia de un derecho primigenio a la secesión sino en las condiciones bajo las cuales, en ausencia de ese derecho, la independencia estaría justificada como último remedio.

Esas condiciones incluirían una anexión previa e injustificada del territorio, violaciones sustantivas de los derechos de sus habitantes o la negación o supresión de los derechos de autogobierno de ese colectivo.

El concepto es interesante tanto por lo que revela como por los caminos que abre.

Primero, porque supone reconocer que, en contra de lo sustentado hasta ahora por muchos independentistas (véase el manifiesto del llamado Colectivo Wilson), se aceptaría que Cataluña no goza de un derecho inalienable a decidir sobre su independencia.

Segundo, porque al reconocer dicha inexistencia traslada la carga de la prueba hacia los independentistas, pues no sería el Estado español el que tendría que justificar por qué niega un derecho (inexistente) a la secesión sino que obligaría a éstos a justificar, con argumentos legales y de hecho validados por instancias internacionales, el que la secesión, aunque ilegal, fuera inevitable dadas las graves violaciones de sus derechos, individuales o colectivos, perpetradas por el Estado español.

La cuestión es que España es una democracia signataria no sólo de todas las convenciones sobre derechos humanos internacionales sino que, además, pertenece a uno de los espacios de derecho más densos del mundo: el europeo, que incluye innumerables acuerdos y convenios específicamente dedicados a proteger el autogobierno de territorios, minorías, culturas, lenguas e identidades. (...)

Sin embargo, los independentistas no se han molestado en denunciar al Estado español ante ninguna de esas instancias ni en solicitar su amparo. No deben pues extrañarse de la falta de comprensión internacional que recaba su proyecto de secesión exprés."           (José Ignacio Torreblanca, El País, 18/09/2015)