"(...) Ha quedado claro que en Cataluña ha mandado
Mas, por encima de la ley, de las resoluciones del Constitucional y del
Gobierno de España. Solo queda ahora extraer las consecuencias políticas
de la ilegal victoria.
Lo extraño de esta historia es que en los
últimos dos años Mas ha repetido una trampa tras otra en sus relaciones
con el Gobierno de Madrid, y Rajoy ha actuado estos días sin enterarse,
con el ‘wishful thinking’ de que tiene ante sí un adversario honesto.
Recuerdo aquella de la entrevista en que prometió a Rajoy que solo
celebraría la consulta si esta era legal; legal, claro, exclusivamente
desde su propia legalidad. El registrador de la propiedad se tragó los
documentos falsificados –el ‘proceso participativo’– sin tener en cuenta
la personalidad de quien los presentaba, avezado en los fraudes de ley.
En todo caso, ¿qué hubiera podido hacer sin recurrir al indeseable
uso de la fuerza? Ciertamente, las posibilidades eran limitadas, pero la
decisión del Constitucional abría un camino paralelo al de Mas.
Si Homs
declaraba que todo seguía adelante a pesar de la segunda suspensión, y
los hechos vinieron a probarlo de inmediato, bastaba con activar a los
fiscales, desde el fiscal general del Estado, para que interviniesen
contra la desobediencia manifiesta, lo cual hubiera podido dar lugar al
edificante espectáculo de los mossos d’escuadra impidiendo la
celebración del seudoreferéndum.
En todo caso, frente al desafío abierto
contra la legalidad, era imprescindible la respuesta judicial en nombre
de la Ley Fundamental: el Estado frente a la sedición. Sin que el
Gobierno tuviera que intervenir como tal. Todo menos dejarse engañar y
seguir luego tan satisfecho.
Por otra parte, Rajoy, y el reproche debiera volverse también hacia
la mayoría de los defensores del orden constitucional, está olvidando a
la parte importante de la población catalana cuyos derechos a verse
defendidos como ciudadanos españoles –y catalanes según el Estatut–
están siendo aplastados por la estrategia secesionista de la
Generalitat.
Eran mayoría hasta 2012, la mitad cuando la primera Diada, y
una proporción digna de ser tenida en cuenta aun hoy, cuando la trampa
entre las trampas de las dos preguntas de la ‘consulta’ está dirigida
precisamente a su anulación política. No cuentan, como no cuenta la
democracia para Mas, aun cuando se llene la boca de esa palabra, y el
Gobierno español no tiene derecho a seguir pasivo ante su exclusión. (...)
Aunque el contenido ideológico sea evidentemente otro, estamos ante un
proceso de conquista de la hegemonía desde el monopolio de la imagen y
en la palabra, como el registrado en la Alemania de 1930. Sería un
totalismo, un totalitarismo horizontal.
Frente a ello, el Gobierno ha
desistido de utilizar directa o indirectamente sus bazas, destacando
que, más allá de la constitucionalidad, lo que está en juego es una
defensa de la libertad de expresión y de los derechos políticos de los
catalanes que la Generalitat conculca día a día desde 2012.
Ante la
consulta, ni siquiera pensaron en abrir el debate en los medios que
incluyen todas las elecciones democráticas: Catalunya deviene así un
mito al servicio de un nacionalismo de exclusión. (...)" (EL CORREO 11/11/14, ANTONIO ELORZA, en Fundación para la Libertad)
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