"(...) la única solución fácil (y ojo, probable, si entendemos que a los
políticos les tira extraordinariamente lo fácil) es conceder a Cataluña
un pacto fiscal parecido (cosméticas aparte) al vasco, ya sea por la vía
de permitir una recaudación total propia con cesión al Estado de una
parte testimonial por «servicios comunes», o pactando un cupo
directamente.(...)
Pero se trataría de una salida en falso, porque los que con ello
renunciaríamos a mucho seríamos el conjunto de los españoles. Sumar a
Cataluña al grupo de los ricos insolidarios, en el que ahora se
encuentran cómodamente instalados el País Vasco y Navarra, sería
renunciar definitivamente a llamar a esto simplemente un Estado viable,
todavía menos uno de Derecho.
El mantra de que el cupo o las cesiones se
pueden calcular correctamente para no generar agravios comparativos es
un cuento chino que la experiencia ha refutado y que no se lo creen ni
quienes lo proponen. Si se busca la justicia y la proporción hay
soluciones más simples que acudir a estos subterfugios.
Por ese motivo,
ceder a estas demandas sería quebrar por la puerta de atrás los propios
fundamentos de nuestro orden constitucional (fundamentalmente el art.
1.1 en referencia a la «igualdad», hoy ya bastante maltrecha).
Esta
decisión sería inasumible y la conservación de la integridad territorial
no la compensa desde ningún punto de vista, especialmente desde el
punto de vista de los ciudadanos españoles, que es el prioritario.
La solución, por tanto, pasa por una reforma de la Constitución. (...)
2.– Es imprescindible suprimir los regímenes fiscales privilegiados
del País Vasco y Navarra. No es de recibo que las Comunidades más ricas
del país no sólo no contribuyan sino que sean perceptoras netas. Invocar
a estas alturas «la historia» o «los fueros» causa simplemente sonrojo.
Es necesario diseñar un régimen de financiación justo y equilibrado,
conforme al cual aporten más (dentro de lo razonable) quienes más
tienen.
3.– Debe crearse un Estado de tipo federal mucho más ordenado que el
actual. Con competencias claramente definidas entre el Estado federal y
los Estados federados (o entre el Estado y las comunidades autónomas),
que pueda permitir, incluso, en función de la población de cada
comunidad y de su capacidad de gestión (no de su pasado «histórico», que
sospechamos que todos tenemos el mismo) que unas asuman más
competencias que otras. (...)" (RODRIGO TENA ARREGUI, EL MUNDO – 18/11/14, en Fundación para la Libertad)
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