"La plantilla de la policía autonómica catalana está integrada por cerca de 18.000 efectivos
y el Gobierno espera de ellos que el 9 de noviembre cumplan con su
deber y acaten las órdenes judiciales que reciban para impedir el
referéndum.
Desde La Moncloa se ha trasladado ya un criterio claro de actuación a los Ministerios que dirigen Alberto Ruiz-Gallardón y Jorge Fernández Díaz:
tanto Justicia como Interior actuarán de forma “proporcionada” ante
posibles altercados, en caso de que la Generalitat de Cataluña o algunos
de sus ayuntamientos faciliten la celebración de una consulta que será a
todas luces ilegal.
Y ello implica la decisión de utilizar a efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para clausurar las urnas
en caso de que este cometido no lo quieran cumplir los Mossos
d´Esquadra. El operativo se canalizaría a través de la Delegación del
Gobierno en Cataluña.
El precedente más inmediato que se recuerda en La Moncloa es el de las elecciones europeas de mayo. Como se trataba en aquella ocasión de unos comicios plenamente legales, las instrucciones partieron de la Junta Electoral Central: debía evitarse la celebración del ‘multireferéndum’
promovido por una decena de entidades que quisieron trasladar a los
catalanes hasta siete preguntas relacionadas con el pago de la deuda, el
recibo de la luz o la agricultura transgénica.
En aquella ocasión, la
policía autonómica sabía que tenía que retirar las urnas instaladas para
esta doble consulta y su actuación fue bastante desigual, pese a las
instrucciones precisas recibidas de la administración electoral: en unos
casos se levantaron las meses del ‘multireferéndum’, pero en otros muchos los agentes se limitaron a levantar actas y dejaron votar.
De hecho, según los propios organizadores, pudieron hacerlo varios
miles de catalanes y ellos mismos se ocuparon del recuento como si se
tratara de una convocatoria legal.
En el caso del 9-N no podrá actuar la Junta Electoral Central ya que
no se trata de una consulta legal. Pero, en caso necesario, sí que lo
hará el Tribunal Constitucional, forzando la ejecución forzosa de su sentencia.
El Gobierno espera que este Tribunal no solo admita el martes los dos
recursos que tiene preparados contra la ley de Consultas y el decreto de
convocatoria del referéndum, sino que antes de que llegue el día
elegido por los convocantes, haya dictado el fallo que anula dicha
convocatoria.
Las fuentes consultadas en Moncloa anticipan dos posibles escenarios: que sea la propia Generalitat o algunos ayuntamientos catalanes quienes quieran facilitar la celebración de la consulta al margen de la Justicia o que este papel lo asuman organizaciones o movimientos de carácter privado como, por ejemplo, la Asamblea Nacional Catalana (ANC),
uno de los principales satélites de Esquerra Republicana.
En el primer
caso, la orden a la policía autonómica para que proceda a retirar las
urnas colocadas en la calle, en los colegios electorales o en las
propias corporaciones locales, procedería del Tribunal Supremo. En el
segundo, el problema se reduciría a un conflicto de orden público
y las órdenes llegarían a los efectivos policiales de los tribunales
ordinarios: instancias judiciales distintas para cada caso, canalizadas
desde la Delegación del Gobierno en Cataluña. (...)" (Vox Populi, 22/09/2014)
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