"El escenario central de una secesión unilateral de Cataluña pasa por su
salida de la Unión Europea y, por consiguiente, de la zona euro. En un
primer momento, Cataluña podría estar tentada de mantener el euro como
moneda de curso legal, si bien sus bancos no tendrían acceso directo al
BCE, ni la Generalitat a la financiación del fondo de rescate, ni
obtendría los ingresos derivados del señoreaje sobre su propia moneda.
Además, la deuda externa de la economía catalana supera tres veces su
renta anual y, sólo la deuda pública, tras la secesión, superaría el 110
por ciento de su PIB. Bajo este cuadro macroeconómico, Cataluña sería
incapaz de devolver tal volumen de deuda sin el amparo de las
instituciones de la eurozona y debería acabar emitiendo su propia moneda
y haciendo default de la deuda externa.
En cualquier caso, imaginemos por un momento la mejor de las
hipótesis posibles para los intereses independentistas. Ese escenario
pasaría por una secesión pactada entre Cataluña y el resto de España,
que mantuviera al nuevo Estado en la Unión Europea y en la zona euro.
Ciertamente, esta posibilidad es inexistente pero, en cualquier caso,
procedamos a suponer qué ocurriría.
El discurso secesionista se
asienta en el ahorro fiscal de las actuales transferencias al resto de
España. La propia Generalitat sitúa tales transferencias netas en unos
16.400 millones de euros en 2009, lo que supondría un 8,5 por ciento de
su PIB. La Generalitat estima también que este importe debería
reducirse en aquellos gastos que ahora mismo cubre el Estado en su
territorio, lo que dejaría tal cifra en el 5,8 por ciento del PIB.
Además, Ángel de la Fuente(1) aminora ese saldo hasta el 4,2 por ciento,
en la medida que la reducción de tamaño vendría a disminuir las
economías de escala en la provisión de bienes públicos. En cualquier
caso, el ahorro fiscal podría cuantificarse en una horquilla entre el
4,2 y el 5,8 por ciento del PIB catalán.
Sin embargo, aún bajo un
escenario pactado, las relaciones comerciales entre Cataluña y el resto
de España se reducirían e irían convergiendo hacia un volumen menor,
derivado de lo que se conoce como “efecto frontera”: la existencia de un
entorno administrativo, regulatorio o político distinto reduce el
volumen de comercio entre dos regiones con independencia de
consideraciones económicas o geográficas. Esta “frontera” reduciría las
exportaciones de Cataluña al resto de España, afectando así a su saldo
exterior y, por ende, a su PIB.
El resto del país, que hoy presenta un
déficit comercial con Cataluña, se vería obligado a buscar esos insumos
bien en otros mercados exteriores, bien mediante producción propia.
Ambas opciones suponen un ‘second best’ frente a la realidad actual sin
otras circunstancias a valorar que las económicas. Así pues, la
adquisición o producción interior de las actuales importaciones
catalanas supondría una vía más cara o de peor de calidad, reduciendo
también el PIB regional del resto de España.
De este modo, la
independencia de Cataluña supondría el nacimiento de una nueva frontera
política que, aun cuando ambos territorios se mantuvieran en la Unión,
desincentivaría el comercio mutuo afectando negativamente al PIB de los
dos territorios.
En una reciente investigación de Comer Ford et.
al.(2012)(2) se utiliza un modelo Hopenhan-Melitz para estimar el efecto
sobre el PIB de Cataluña y del resto de España del nacimiento de una
frontera interna que redujera el volumen de comercio a unos niveles
cercanos a los actuales entre España y Portugal.
Sus conclusiones
apuntan a una caída del PIB en Cataluña del 8,9 por ciento y del 2,0 por
ciento para el resto del país. Sin duda, esta cifra supondría un ajuste
de largo plazo pero, en el corto plazo, las relaciones comerciales
sufrirían también incluso en el escenario imposible de una secesión
pactada debido a potenciales campañas sociales.
Por consiguiente, aun
cuando tal cuantificación negativa del “efecto frontera”para Cataluña
pueda parecer muy abultada (8,9 por ciento del PIB), su comparación con
los beneficios fiscales esperados de la secesión (4,2-5,8 por ciento del
PIB) dejan la opción independentista con escasos motivos económicos
sobre los que asentarse.
Pero, además, para llegar aun acuerdo de
secesión habría que repartir los activos y los pasivos entre ambas
realidades territoriales y no sólo comparar los flujos de renta. Tal
negociación no sería sencilla. Como bien detalla Francisco Fernández
Marugán en un reciente artículo publicado en esta revista (“Las
incógnitas económicas de una hipotética ruptura territorial”, 05-11-12),
habría que repartir los activos como el Fondo de Reserva de la
Seguridad Social o la propiedad de empresas públicas, pero también los
pasivos de la Seguridad Social y, por supuesto, la deuda pública. Y este
ejercicio, bajo la actual crisis fiscal del conjunto del Estado, no
parece inocuo.
En este sentido, la deuda pública nacional habría
que dividirla entre ambos territorios. Atendiendo al tamaño de su
economía, Cataluña y el resto de España empezarían 2013 con una deuda
pública cercana al 90 por ciento de su PIB. A este volumen, Cataluña
debería sumarle su actual deuda autonómica que supera el 20 por ciento,
casi diez puntos por encima del promedio del resto de Comunidades
Autónomas (exceptuando la Comunidad Valenciana).
Este diferencial
negativo, unido a la mayor presión fiscal actual en Cataluña, que le
deja un menor margen de maniobra, situaría al nuevo Estado en una
posición relativamente peor a la del conjunto de España. Si España ya
muestra un cuadro fiscal complejo, la Cataluña independiente, incluso
bajo una secesión pactada, tendría que hacer frente a una crisis
soberana quizá no sólo de liquidez.
Por todo ello, incluso si
imaginamos el mejor escenario desde una posición independentista, una
secesión pactada, el cálculo de flujos comerciales y ahorro fiscal
arroja un resultado no positivo para sus intereses.
Y aún peor, un
reparto de la deuda pública nacional, dado que Cataluña presenta ya una
deuda regional más elevada que el promedio y una mayor presión fiscal,
dejarían al nuevo Estado ante un rescate aún mas draconiano que el que
está sufriendo el conjunto de la economía española.
Así pues, en
primer lugar, bajo el escenario central de una secesión de Cataluña que
la sitúe fuera de la Unión, el resultado más probable es un ‘default’
inminente. Y en segundo lugar, aun suponiendo una secesión pactada, el
cuadro fiscal sería notablemente más preocupante que el del conjunto del
país con serias incertidumbres sobre su solvencia y con un resultado
neto de los flujos comercial y del ahorro fiscal no muy positivo.
De
este modo, los independentistas deberían buscar otras razones al margen
de las económicas para continuar bajo esta senda secesionista." (Jonás Fernández Álvarez, Sistema Digital)
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