2.
En 2012, el Govern de CiU asume, después de la nutrida manifestación del 11S,
una parte de ese movimiento ciudadano: el proyecto de realizar una consulta
sobre la independencia en Catalunya. Lo hace justo después de haber
protagonizado los recortes más radicales en democracia –y de haberse negado,
por cierto, a someterlos a consulta–, que sellaron el fin del bienestar en
Catalunya.
Es decir, un Govern desgastado y desautorizado y desprestigiado
asumió una intensificación democrática a la vez que participaba en el
desmoronamiento de la democracia, materializado en la reforma constitucional
exprés, votada por CiU. (...)
4.
Una doble pregunta en un referéndum en el que se plantea la secesión es una
devaluación democrática. Consciente. Los promotores de los referéndums de
Quebec han señalado ese hecho, mientras que los promotores del referéndum de
Escocia han mantenido unas distancias llamativas con la propuesta gubernamental
catalana.
Eso es un
indicativo de que el referéndum carece, pues, de posibilidades para un rigor,
validación y prestigio internacionales. Carece aún más de ello la posibilidad
de unas elecciones plebiscitarias, opción sin precedentes democráticos
internacionales, apuntada por el Govern ante la eventualidad de que el Gobierno
no autorice el referéndum –la posibilidad más probable si se observa la cultura
democrática del Gobierno–.
5.
La consulta catalana, por tanto, tiene pocas posibilidades de verse realizada.
El proyecto gubernamental catalán, por tanto, es un producto propagandístico
para consumo interno. Tiene funciones políticas internas, la principal de
ellas, mantener vivo a un Gobierno.
No es una
intensificación de la democracia, es su aplazamiento. Es la apropiación
gubernamental de una iniciativa ciudadana, que ya ha supuesto un éxito
gubernamental: CiU es el primer partido del sur que, tras recortar la
democracia, volvió a ganar unas elecciones.
6.
Aparte de sus funciones gubernamentales, puede ser que el proceso no exista. Al
menos, desde la firma del pacto de gobierno CiU-ERC, en el que se marcaban los
tiempos a seguir hasta la consulta, el calendario se ha cumplido precariamente,
salvo en sus tramos propagandísticos. (...)
La
Generalitat no ha intensificado, o ha sido incapaz de intensificar, iniciativas
diplomáticas de calado. Al frente de los contactos con UE hay personas de bajo
perfil. No consta, de hecho, ningún contacto directo con la UE.
Lo mismo
sucede con las "embajadas". No consta ningún contacto de la
"embajada" en Berlín con la RFA. Las iniciativas internacionales más
llamativas –ejemplo: una circular de Mas a diversos Gobiernos europeos– carecen
de valor, itinerario y funciones. Son meramente, lo dicho, propagandísticas.
7.
Pero hay otros datos políticos que indican que no existe el proceso: no ha
habido pugna entre el Estado y la Generalitat para rivalizar entre sí
ofreciendo derechos a la ciudadanía catalana, como sucede en los contenciosos
Escocia-UK, o en el de Quebec-Canadá. Más bien, ambos Gobiernos han recortado
derechos ciudadanos en direcciones parecidas.
Un Govern
virtualmente secesionista no ha defendido a sus ciudadanos frente a los cambios
legislativos estructurales que acaban con el bienestar y rebajan la democracia
y los derechos, emitidos por el Gobierno Central. De hecho, CiU ha votado en el
Congreso el grueso de esos cambios estructurales. (...)
8.
La doble pregunta –anormal en democracia, y absurda hasta el punto de que aún
no se conoce el algoritmo que valide el recuento en un hipotético referéndum–,
y la fecha, demasiado lejana para un referéndum del que el Govern ha anunciado
que sólo se realizará bajo autorización del Gobierno central, es un indicio de
que tanto la pregunta como la fecha son piezas a intercambiar en un deseado
pacto intergubernamental.
El PSOE ya ha
anunciado su voluntad de una reforma constitucional federal. Informes de FAES
orientan sobre la simpatía del PP por esa reforma. Es la opción que ha empezado
a defender el Grupo Prisa y, recientemente, el Grupo Godó, muy influyente en la
formación de opinión en Catalunya.
El alto
empresariado catalán y español, así como entidades financieras españolas y
catalanas –las dueñas de la deuda de los partidos, que en las últimas semanas
han perdonado pagos a UDC y ERC, por ejemplo–, también se ha inclinado por esa
opción. Todo apunta a que el pacto en las alturas –la esencia de la CT– es la
opción perseguida por el régimen.
Un nuevo
pacto de élites puede volver a aplazar, por generaciones, una democracia real
en la península, y ubicar a la ciudadanía en esa minoría de edad de la que no
ha podido salir en los últimos 35 años.
Esta opción supondrá, todo apunta a
ello, cambios aparentes y mínimos en el régimen, salvo un reforzamiento de
roles de la Monarquía –el sello de lo indiscutible– en una federación en la que
el rey sería el jefe de Estado de varios Estados. (...)" ('10 puntos contra Catalunya y España', de
Guillem Martínez, en Sin Permiso, 19/01/2014)
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