Si se quiere ejercer realmente el derecho de autodeterminación, deberían contemplarse todas las posibilidades en juego. Todas

“Derecho a decidir” es un concepto relativamente reciente que ha irrumpido, aparentemente desde la nada, en la mayoría de organizaciones del ámbito, conservador o no tan conservador, nacionalista catalán. ¿Por qué “derecho a decidir” y no derecho a la autodeterminación? 

Tal vez porque este último concepto suene más fuerte, más contundente, más de izquierdas. Tal vez porque el primero pone énfasis ante y sobre todo, por no decir únicamente, en las relaciones Catalunya-resto de España (Catalunya-España en jerga nacionalista) y se olvida de todo lo demás, de todo lo que también es justo, necesario y conveniente decidir. 

E, incluso, más concretamente, porque el uso de la expresión es un procedimiento político-cultural que acaso pretenda que habite el olvido sobre el papel esencial del PSUC (y del PCE), y de otras fuerzas comunistas, catalanas y no catalanas, en el combate por las libertades nacionales y en el ejercicio, libre, documentando y no sectario, del derecho de autodeterminación. (...)

La jugada política, además, tiene un marco institucional que liquida las supuestas buenas intenciones democráticas para disolver o intentar disolver democráticamente el problema. Si se quiere ejercer realmente el derecho de autodeterminación, deberían contemplarse todas las posibilidades en juego. Todas. 

El gobierno catalán, por el contrario, aparentemente (nadie sabe exactamente qué hay en el fondo de la apuesta publicitada), contempla básicamente una, la encarnada en el Consejo de Transición Nacional.

Recientemente, el president Mas, un neoliberal convencido formado en la escuela privada Aula que ha nombrado a gentes de la talla política de Felip Puig, Xavier Pomés y Boi Ruiz como consellers de sus gobiernos, ha encargado al Consejo Asesor para la Transición Nacional diecinueve informes que avalen su proyecto (sea éste el que sea). 

El órgano presidido por Carles Viver Pi-Sunyer analizará cuál sería la mejor fórmula para conseguir la separación de Cataluña (de España, sólo de España) y cuáles serían sus consecuencias de tal hecho, indicando qué “estructuras de Estado” debería tener listas el gobierno de la Generalidad para poder llevar a término el proyecto independentista. ¿Está claro, aunque no sea distinto, de qué va la cosa?

Por lo demás, hay que admitirlo aunque duela, cuesta mucho ver en ese Consejo Asesor, al lado de doña Pilar Rahola, Germà Bel, Salvador Cardús o incluso Ferran Requejo, al profesor Rafael Grasa, ex discípulo y amigo de Manuel Sacristán, el mismo ciudadano que en sus años de juventud fue líder destacado y reconocido de los comités antimilitaristas anti-OTAN, el mismo luchador antifranquista y comunista que colaboró en la experiencia de alfabetización de Can Serra al lado de Neus Porta, Francisco Fernández Buey y Jaume Botey. Andreu Mas-Colell le habrá contagiado; no hay otra explicación posible.

Eso sí, bordeando, al límite de la paradoja más rupturista y contradictoria, Pi-Sunyer, el presidente del Consejo, ha asegurado que todo esto no significa que “ya esté diseñando el Estado independiente catalán”. ¿No, de verdad? Considera posible, faltaría más, que el referéndum que se pretende celebrar no dé como resultado la independencia sino “fórmulas federales o confederales”. 

Y si es así, ¿no se debería trabajar también con estos supuestos alternativos? ¿Se imaginan a doña Pilar Rahola (o a uno de sus colaboradores) elaborando un informe sobre el federalismo solidario en Sefarad? (...)

Queda eso sí la pregunta del millón: ¿qué opina realmente Caixabank, el banco del señor Fainé y la Infanta de España, el gran poder fáctico catalán, sobre el Consejo Asesor y los planes independentistas?"    (Salvador López Arnal,  Rebelión, 25/05/2013)