"Es simplemente absurdo creer que los catalanes no reciben servicios
de la Administración general del Estado, de Defensa, de la diplomacia,
etcétera, y pensar que los madrileños son los únicos españoles
adecuadamente servidos en estos campos.
Las cosas son ya suficientemente
complicadas como para presentar dos cifras alternativas cuando solo una
es la que responde a la cuestión que nos interesa: saber si en un
determinado territorio el Estado presta más servicios que los impuestos
que recibe, o si recibe más impuestos que los servicios que presta.
Coherentemente, en lo que sigue me limito a los resultados del enfoque
del flujo de beneficios.
Haciendo uso de las estadísticas existentes, ¿cómo se mide la
diferencia entre lo que pagamos y recibimos del Estado? El informe de la
Generalitat (*) (pág. 28) cifra en 50.093 millones de euros la
recaudación que el Estado obtuvo en Cataluña en 2010, y desglosa esta
cifra en figuras impositivas (IRPF, IVA, Sociedades, etc.) o conceptos
(cotizaciones a la Seguridad Social) fácilmente reconocibles y a los que
de forma directa o indirecta, y en menor o mayor medida, todos hemos
contribuido.
Por otra parte, el informe de referencia (pág. 50) cifra en
49.319 millones de euros el valor de los servicios prestados por el
Estado en Cataluña, entre los que se encuentran pensiones,
infraestructuras, inversiones de entes públicos como ADIF, Aena y
Puertos del Estado, defensa, intereses de la deuda, transferencias del
sistema de financiación autonómica, etc. Todas ellas partidas conocidas y
vinculadas de forma unívoca a epígrafes de los Presupuestos del Estado.
Estas dos cifras, procedentes de las estadísticas oficiales, son las
que miden la incidencia en Cataluña de la actuación fiscal del Estado en
2010. Y su diferencia es el saldo fiscal catalán: en 2010 el Estado
ingresó en Cataluña 774 millones de euros más que el valor de los bienes
y servicios que prestó a esta comunidad (774= 50.093 -49.319). Este es
el saldo fiscal catalán de 2010 que sale de los datos estadísticos: 774
millones de euros; un 0,4% del PIB catalán. Ésta es la realidad fiscal.
Por razones difíciles de comprender, el informe no calcula este
saldo. En su lugar, introduce (pág. 52) un críptico cambio: de los
50.093 millones de ingresos considerados más arriba pasa a 60.577
millones, que denomina “Ingresos detraídos de Cataluña” en 2010. Es
decir, añade 10.484 millones a los ingresos reales.
Con este cambio, el
saldo fiscal pasa de los 774 millones anteriores a los 11.258 millones
(11.258= 60.093-49.319) que la Generalitat denomina saldo fiscal “con
presupuesto equilibrado”. Este es el único saldo del que habla el
informe. Un saldo que surge de una manipulación —la adición de 10.418
millones a los ingresos— que el ciudadano no entiende y que debe ser
explicada.
El Gobierno catalán debe decirle al ciudadano en qué delegación de la
Agencia Tributaria, o en qué oficina del Estado especialmente
habilitada para ello, ingresó en 2010 su cuota parte de los 10.484
millones añadidos. Y como no se lo va a poder decir, porque tal ingreso
no existió, deberemos convenir que la etiqueta "Ingresos detraídos de
Cataluña" que el informe utiliza es estrictamente falsa.
Ante esta tesitura, el Gobierno catalán probablemente haría ver al
ciudadano (pág. 9) que, aunque no un pago efectivo al Estado, los 10.484
millones añadidos sí constituyen una deuda que los catalanes adquirimos
en 2010 para, junto con las demás comunidades, hacer frente al déficit
del Estado en ese año.
Pero si esto es así, el Gobierno catalán debe
decirle al ciudadano en qué partida concreta del Presupuesto liquidado
de 2010 de la Generalitat de Catalunya se encuentra el apunte que
certifica esta variación de la deuda. Una vez más, no se lo va a poder
decir porque tal endeudamiento simplemente no existe. (...)
¿por qué no presentar al ciudadano los saldos reales a lo largo de todo el ciclo económico?
Por ejemplo, y a modo de ilustración, los saldos fiscales reales de
Cataluña (medidos con respecto a su PIB) del período 2006/2010 (único
período cíclicamente equilibrado para el que disponemos de datos
homogéneos y comparables) fueron 8,0% en 2006; 8,3% en 2007; 3,2% en
2008; -2,1% en 2009; y 0,4% en 2010. Como puede comprobarse, el Estado,
en el ejercicio de sus competencias, tiene efectos territoriales que
pueden variar bastante a lo largo del tiempo.
En momentos de bonanza,
como en 2006 y 2007, los saldos fiscales reales tienden a ser altos en
contra de Cataluña debido a los altos ingresos impositivos y los bajos
gastos asociados al desempleo. En cambio, en tiempos de crisis, como en
2008, 2009 y 2010, la caída de ingresos y el aumento de los subsidios al
desempleo hacen que el saldo fiscal de Cataluña sea relativamente
pequeño o incluso favorable a esta comunidad como ocurrió en 2009.
Es verdad que ahora tenemos cinco cifras en lugar de solo una. Pero este
es el efecto que a lo largo del tiempo el Estado ejerce sobre el
territorio. Si queremos afinar más, antes que aventurar complejas
manipulaciones que el ciudadano no entiende, es mejor utilizar la media
de estas cinco cifras como una aproximación inteligible del saldo fiscal
estructural, e interpretar la diferencia entre los saldos reales de
cada año y esta media como los efectos coyunturales de la actividad del
Estado.
La media de los cinco saldos reales es el 3,5% del PIB catalán
(6.910 millones de euros de 2010), y la interpretación de los saldos
coyunturales es perfectamente razonable: en los años de bonanza el
Estado obtiene de Cataluña ingresos por encima de los servicios que
presta (4,5% en 2006 y 4,8% en 2007), mientras que en los años de crisis
Cataluña se beneficia de servicios estatales que superan los impuestos
pagados (-0,3% en 2008, -5,6% en 2009 y -3,1% en 2010)." (
Antoni Zabalza , El País, 4 JUN 2013 )
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