Cuesta entender que alguien defienda el derecho a decidir pero no romper con España.

"Hubo un tiempo en el que a las cosas se las llamaba por su nombre, aunque el nombre tuviera aristas. El 12 de diciembre de 1989, una comisión del Parlament de Catalunya aprobó un texto en el que se afirmaba que no se renunciaba a la autodeterminación. Los socialistas votaron en contra alegando que “el pueblo catalán ya se ha autodeterminado con la votación del Estatut”, mientras que el PP se ausentó del debate y la votación.

 El acuerdo, que ni siquiera se debatió en el pleno de la Cámara, causó furor en el País Vasco que, dos meses más tarde, en sesión plenaria del Parlamento de Vitoria, aprobó con los votos nacionalistas otra propuesta favorable a la autodeterminación. Ambos acuerdos, catalán y vasco, generaron mucha polémica y llenaron páginas de periódicos durante unos días, pero eso fue todo. (...)

Una década más tarde, cuando Juan José Ibarretxe impulsó su estrategia soberanista, a la autodeterminación dejó de llamársela por su nombre y en su lugar se impuso la apelación al derecho a decidir o a la libre decisión. La autodeterminación era un concepto político que Naciones Unidas tenía bastante acotado.

 Había un consenso sobre los supuestos en los que cabía aplicar ese derecho y ni Catalunya ni el País Vasco podían ampararse en los acuerdos internacionales para ejercerlo. Por eso se buscó un concepto más vago, de perfil jurídico más difuso, como el derecho a decidir. Por eso y porque este término asusta menos que el de autodeterminación.

Jordi Pujol, aprovechando un viaje a Estados Unidos en febrero de 1990, quiso rebajar el perfil del acuerdo del Parlament indicando que se había utilizado una terminología incorrecta (...)

“En nuestro caso -apostilló-, se quería decir solamente defender la identidad catalana, pero dentro del conjunto de España. En el caso catalán no puede aplicarse el concepto internacional de autodeterminación.”

La idea de hablar de derecho a decidir para no mencionar la autodeterminación ha hecho el viaje de vuelta del País Vasco a Catalunya, pero el fondo del concepto sigue siendo independencia. Por eso cuesta entender que alguien defienda el derecho a decidir pero no romper con España. Los canadienses opuestos a la secesión de Quebec no son partidarios de ese derecho. 

El Supremo canadiense niega que haya derecho a la autodeterminación, aunque hayan arbitrado un cauce para regular la eventual independencia. Tampoco es fácil de entender que se busque proclamar el derecho a decidir pero sin mención al Estado propio. Entonces, ¿para qué es?, ¿para volver a llenar periódicos como en 1989?."           (FLORENCIO DOMÍNGUEZ, LA VANGUARDIA.COM 16/01/13, en Fundación para la Libertad)