De haber seguido Ibarretxe difícilmente hubiera dado Batasuna los pasos que ha ido dando para intentar recuperar la legalidad y participar en las elecciones.
Hoy tiende a admitirse mayoritariamente que la aplicación de la Ley de Partidos ha sido decisiva para esa evolución que acerca el fin de ETA, pero todavía hay sectores, no solo nacionalistas, para los que la prohibición de Batasuna vulnera el principio de participación política en condiciones de igualdad.
El 28 de septiembre de 2002, seis meses antes de la ilegalización judicial de Batasuna, ETA difundió un comunicado en el que declaraba "objetivos militares" las sedes del PSOE y del PP y amenazaba con "tomar medidas" contra los actos públicos de esos partidos.
¿Cabe mayor desigualdad que la establecida por esas amenazas, avaladas por la práctica anterior de ETA? La ilegalización de Batasuna fue, como sostiene la sentencia de Estrasburgo, una medida en defensa de la democracia y, en particular, del principio pluralista: no contra la igualdad, sino contra la desigualdad extrema que introduce la presencia condicionante de ETA.
Legitimar la democracia española y las decisiones de los tribunales es otra de las condiciones que favorecerían el fin de ETA.
Un efecto de la ilegalización fue la aparición de intereses en parte contrapuestos entre Batasuna y ETA. Un sector de la primera llegó a la conclusión de que no recuperarían la legalidad mientras la banda mantuviera su presencia.
Hay síntomas de que sus principales dirigentes y gran parte de la militancia consideran que esa presencia puede ser ya contraproducente para su causa.
Sin embargo, ETA no lo admite: no ha respondido al emplazamiento público de los firmantes de la Declaración de Gernika para que anunciara su voluntad de abandono definitivo de las armas, y en cambio ha dicho internamente que la "estrategia político-militar es incuestionable". (PATXO UNZUETA: Condiciones para la retirada. El País, 03/03/2011, p. 15)
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